Con preocupación fue recibida por organizaciones sociales y personas que viven con VIH, la reciente edición del noticiero central de Canal 13 que transmitió un reportaje enfocado en las cifras que muestran un alarmante aumento de nuevos casos de personas diagnosticas por VIH y que sitúa a Chile como el país con el mayor incremento a nivel latinoamericano.

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Un aspecto que generó rechazo y malestar entre diversas personalidades ligadas a la respuesta frente al VIH, fue el inapropiado abordaje sobre la judicialización de un caso de transmisión intencional que afecta a personas homosexuales. Esta situación, en opinión de los activistas, promueve la estigmatización y mayor discriminación hacia quienes viven con VIH, al no efectuar un análisis de las deficiencias en las políticas públicas y no considerar la opinión de Organizaciones ligadas al movimiento antisida en el país. Además, se criticó que el reportaje se preguntara por el fracaso del uso del condón como método de prevención, en tanto que la misma casa televisiva como las políticas de Estado durante los últimos años han abogado por la abstinencia por sobre su promoción.

La Coordinadora Nacional de Atención en VIH-Sida manifestó públicamente su preocupación e inquietud sobre el tema, ya que se culpabiliza a quienes viven con VIH respecto a la transmisión de la enfermedad, en circunstancias que se trata de un tema con profundas implicancias éticas y sociales que no fueron medidas adecuadamente, lo que desvirtúa la importancia del asunto con un afán sensacionalista. En este sentido, “el prevenir el VIH es una responsabilidad compartida. La única manera de no infectarse es tener pareja única y usar los cuidados necesarios que todos sabemos cuáles son, el problema es que para muchos la importancia de usar condón se limita solo a la prevención el embarazo y no a las infecciones de transmisión sexual” explicó Michael Diaz, secretario ejecutivo de la organización.

El dirigente agregó que “en 30 años de epidemia del VIH en nuestro país, hemos visto miles de situaciones que han contribuido a fomentar prejuicios, fobias y miedos sobre la enfermedad y lo que es más doloroso sobre quiénes viven con VIH-Sida, el tema se enfrenta con educación no criminalización de las prácticas sexuales. Plantear el asunto bajo esta lógica, contradice las orientaciones de ONUSIDA sobre el abordaje del VIH y los  Derechos Humanos, ya que en vez de generar una sana discusión sobre el tema, propicia el estigma y discriminación sobre una enfermedad altamente estigmatizada, lo que trae como consecuencia que las personas no concurran a los centros de Salud por miedo a ser catalogadas como personas que viven con VIH, lo que en definitiva pretenden evitar las políticas públicas preventivas”, aseveró Díaz.

Según el secretario ejecutivo la responsabilidad recae en el estado por su incapacidad para enfrentar el VIH y la poca preocupación de la autoridad por el tema: “El estado es responsable por el incremento de nuevos casos de VIH, ya que las campañas preventivas han demostrado tener cero impacto en los cambios de conducta de la población, por otra parte, la ausencia de educación sexual formal en colegios y la escases de preservativos en algunos hospitales impide que el condón como método de prevención sea asimilado y usado adecuadamente por las personas” enfatizó

El dirigente asevero que es injusto culpabilizar a priori a las personas viviendo con VIH, las que a su juicio “son agentes de prevención… estigmatizarlos por casos puntuales atenta contra la ética periodística. Esto no niega que la transmisión dolosa deba ser investigada y sancionada, pero ello no implica generalizar una conducta reprochable con las prácticas de sexo seguro de miles de personas que viven con VIH-Sida, consecuentes de su estado y que aplican medidas de prevención.”

Criminalización

La Coordinadora Nacional rechazó recurrir a la judicialización de los casos llamando al auto cuidado personal. “Le hemos perdido el temor al VIH y ello contribuye a que se propaguen prácticas sexuales de un mayor riesgo, tales como la no utilización de preservativos o la practica sexual con desconocidos, en esto es importante tener presente que las redes sociales han facilitado estas prácticas, las que no encuentran respuesta desde la política pública en materia sobre prevención”.

“En relación a la judicialización de casos, Chile ha asumido el compromiso de garantizar una respuesta al VIH integral (prevención, diagnóstico oportuno y atención integral) basada en el marco internacional protector de los derechos humanos y con base en la evidencia científica más reciente.  No es labor de las autoridades judiciales desarrollar e implementar medidas de prevención de la transmisión del VIH”.

“Plantear el tema bajo dicha perspectiva atenta contra el respeto y garantía de los derechos humanos al promover el miedo, el estigma y la discriminación y fortalecer la idea de que quien vive con VIH es peligroso, inmoral e incluso un criminal, lo que no es aceptable. Por otro lado, promover la judicialización o peor aún la penalización no cambia comportamientos, no previene nuevas infecciones ni reduce la vulnerabilidad de las personas en mayor exposición al riesgo. Por el contrario, dichas penalizaciones menoscaban los esfuerzos de la prevención y el autocuidado, descargando la responsabilidad a quién tiene VIH, dando falsa seguridad. También acaba con los intentos de impulsar el acceso a los test rápidos y la adherencia al tratamiento antirretroviral lo cual sería un retroceso aún mayor en una política pública ya fracasada”.