A inicios de este años, el presidente argentino, Mauricio Macri, dio luz verde al debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo para debatir un proyecto que surgió de un grupo que reúne a más de 500 organizaciones civiles y cuenta con el apoyo de 98 parlamentarios (de 257).

Esta semana, el Congreso comenzó la discusión formal sobre la legalización del aborto con más de 600 expositores. El debate estará marcado por importantes manifestaciones a favor y en contra de la propuesta que pretende aprobar el derecho de las mujeres a abortar más allá de las dos causales que hoy reconoce el Código Penal del país (violación y peligro de vida de la madre).

La iniciativa establece que toda mujer tiene “derecho a elegir voluntariamente” la interrupción de su embarazo hasta las primeras 14 semanas del proceso gestacional, estableciéndolo como “ejercicio de derecho humano a la salud”. Además, bajo las causales de violación, riesgo de vida o salud de la madre y malformaciones fetales graves, la mujer tiene el derecho de interrumpir el embarazo durante cualquiera de sus etapas de gestación. Obligando a las entidades del servicio de salud pública a la cobertura integral del requerimiento. En caso de que el aborto deba practicarse por una adolescente entre 13 y 16 años, se califica como una persona apta en madurez para decidir y prestar el “debido consentimiento”. En cuanto a las menores de 13 años, deberán contar con la asistencia y representación de al menos uno de sus padres.

La primera jornada en comisión estará marcada por la participación de 32 oradores -16 a favor y otros 16 en contra- que representarán las distintas voces sobre el tema y expondrán sus argumento desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

El intercambio estará dirigido por la comisión de Legislación General, presidida por el diputado oficialista Daniel Lipovetzky –que se ha manifestado a favor del aborto–, aunque también contará con la participación de las comisiones de Salud, Legislación Penal y Familia, todas ellas a cargo de legisladores que responden a Mauricio Macri, quien se manifestó en contra del proyecto.

Esta es la séptima vez que el país transandino abre ese debate. En las seis anteriores se perdió el estatus sin ser siquiera abordado. Según la ONG Economía Femini(s)ta, un total de 98 diputados y diputadas están a favor del proyecto, 110 en contra, 2 se abstienen y otros 47 están indecisos o no han hecho pública su opinión. Para que la ley obtenga media sanción (luego deberá pasar al Senado) necesita recolectar 129 votos positivos.

En ese contexto, será determinante la decisión final de quienes aún no tomaron una posición al respecto.