Larrain | Agencia UNO
El día de ayer el ministro de Justicia llegó a la comisión mixta por la Ley de Identidad de Género con una serie de propuestas que espera que sirvan como base para la discusión. Entre ellas, incluyó a los y las adolescentes menores de 18 años pero mayores de 14, sin necesidad de exámenes médicos de ningún tipo. «No hay un afán de transformar esto en una enfermedad, por el contrario, no creemos que lo sea», dijo.
Frente al ex Congreso se reúnen seis personas alzando carteles. Citas bíblicas, referencias al Génesis, mensajes de «sí a la familia» y de «no a la identidad de género». Una mujer predicando sin cesar:
—Oramos Señor, para que el hombre deje sus propias ideas Señor, para que deje de gobernar bajo sus propios ideales Señor.
Ese es el panorama que el día de ayer acompañaba en la calle la sesión de la comisión mixta por la Ley de Identidad de Género que, tras haber cerrado sus aspectos formales la semana pasada, ahora tendría una jornada de más de cuatro horas para recibir la opinión de autoridades y organizaciones.
Quizás una de las intervenciones más esperadas era la del ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien daría la visión del Ejecutivo respecto a este tema y daría a conocer su propuesta de acuerdo en torno a los puntos más conflictivos de la ley. Como ya había adelantado el presidente Sebastián Piñera, entre esos se incluiría a adolescentes de entre 14 y 18 años.
Larraín llegó a la sala acompañado de la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y del ministro de la Segpres, Gonzalo Blumel. Su intención era presentar lo que, a su juicio, era un «mínimo común denominador» de lo que pudiera generar consenso en la tramitación.
«Actuamos bajo la convicción de que el reconocimiento y la protección de la identidad de género no es un problema político partidista, ideológico, o de izquierda o de derecha, sino que constituye una respuesta a una realidad humana que reconocemos y para la cual estimamos necesaria una solución legal», dijo el ministro ante la comisión presidida por Adriana Muñoz.
La propuesta establece tres etapas etarias diferentes: adultos mayores de 18 años, adolescentes menores de 18 y mayores de 14, y niños y niñas menores de 14 años.
Para los y las mayores de 18, los únicos requisitos son presentar ante un oficial del Registro Civil la decisión, acreditando que es libre y voluntaria y que se está consciente de las consecuencias jurídicas de la determinación. Entre esas consecuencias está el que ese cambio es irreversible a futuro.
En cuanto a los y las adolescentes de entre 14 y 18 años, los padres -con la voluntad del adolescente- podrán concurrir a un Tribunal de Familia para que disponga el cambio registral. Para esto se presentarían antecedentes médicos, sicológicos y sociales que acrediten la existencia de un proceso anterior de acompañamiento.
Este punto produjo dudas en la comisión, por lo que el diputado Tucapel Jiménez pidió especificar si se requerirían exámenes médicos. Ante esto, el ministro aclaró que los antecedentes médicos se presentarían de forma voluntaria por parte de los padres, pero que no son requisito obligatorio. «No queremos patologizar esta situación. No está en el proyecto de ley ni en el ánimo del gobierno señalar que el problema de la identidad de género es un problema de carácter médico. (…) No hay un afán de transformar esto en una enfermedad, por el contrario, no creemos que lo sea», dijo.
Otro punto sobre este tramo etario es que la decisión del cambio sí es reversible una vez alcanzados los 18 años. Además, solo una vez alcanzada esa edad se podría tener acceso a los cambios quirúrgicos que se estimen pertinentes. «Yo sé que hay quienes dicen ‘nada para los menores de edad’, pero hay una realidad previa que existe y cuando hablamos de 14 años ya no estamos hablando de niños, sino de personas con cierta autonomía, no total, pero ya pueden tener un grado de decisión. Ahora, tampoco de manera definitiva, por eso creemos que los cambios quirúrgicos deben ser para cuando sean mayores», dijo Larraín.
En cuanto a los y las menores de 14 años, solo se ofrecen medidas de acompañamiento y apoyo, pero no hay derecho al cambio de sexo registral.
Tras las palabras del ministro, la senadora Jaqueline Van Rysselberghe acusó que así como se le permitía al Ejecutivo presentar una propuesta en esa instancia, se le debería permitir a los parlamentarios presentar indicaciones. Ella misma ya ha presentado más de cien indicaciones al proyecto a lo largo de sus cinco años de tramitación.
A la salida de la sesión, se vio que las propuestas de Larraín no cayeron bien en los sectores religiosos opositores a la ley, quienes lo increparon diciendo:
—¡No votamos por Piñera para esto, ministro!
La propuesta tampoco dejó del todo contentas a las organizaciones de la diversidad sexual. El vocero del Movilh, Óscar Rementería, le dijo a Larraín que según organismos internacionales no había razón para dejar fuera de la ley a los niños y niñas. El ministro le respondió que no existían acuerdos internacionales al respecto a los que Chile se haya adherido.
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Tras la intervención del ministro de Justicia, se escuchó a al menos la mitad de las 11 organizaciones y especialistas de la sociedad civil que estaban previstas para la sesión. Se espera que el 16 de abril ya empiece la votación en particular del proyecto.
