El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, fue contundente este miércoles tras conocerse que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por los delitos de fraude al fisco en la Municipalidad de Valparaíso durante los años 2015 y 2016. “Esperamos que estas acciones legales permitan aclarar y definir responsables en las irregularidades y potenciales delitos que se puedan determinar en el marco de esta investigación. Es una buena señal que el CDE se querelle porque nos permite avanzar en esta dirección”, enfatizó el alcalde.

Además, Sharp resaltó que “nuestra disposición es llegar a las últimas consecuencias, porque eso permitirá demostrar que fue un grupo puntual de actores vinculados a administraciones anteriores los que permitieron esta situación y prácticas, y no la mayoría de los trabajadores municipales que son personas honestas que trabajan día a día por la ciudad”.

Por su parte, el director jurídico de la Municipalidad, Nicolás Guzmán, comentó que “el CDE ha encontrado que los hechos y antecedentes que derivan de esa investigación tienen el mérito suficiente para poder comparecer como interviniente en esta investigación penal”, y recalcó que “se suma a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público en estas materias producto de la querella interpuesta por la Municipalidad de Valparaíso y que tiene suma relevancia, ya que le viene a poner peso y viene a recalcar la importancia y la gravedad de los hechos denunciados que serían constitutivos de estos delitos”.

Además de poner a disposición los antecedentes ante el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado solicitó explícitamente que se cite a declarar al ex alcalde de Valparaíso Jorge Castro, al ex director de Operaciones de la Municipalidad, Eduardo Vilches; y a Alejandro Bohem, empleado vinculado a la empresa Total Transport S.A., como parte de las diligencias para la investigación.

Contratos con Total Transport y Penta

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal tras la investigación del informe de auditoría nº388, realizado por la Contraloría General de la República, sobre el quehacer municipal en los años 2015 y 2016. En el texto, el CDE detalla los contratos con Total Transport y Penta. Sobre el primero, expone que se comprobó que entre 2015 y 2016 “la Municipalidad de Valparaíso pagó por el arriendo de vehículos que no estuvieron operativos por más de 10 días e incluso en algunos casos se superó los dos meses seguidos en esa condición se adeudaría a esa empresa la suma de $124.279.586 por servicios no efectuados”. Sobre el mismo contrato, en la querella describen que “el Municipio ha pagado en exceso la suma de $40.498.735 por mantención de bateas inexistentes”, entre otros gastos.

Respecto al vínculo legal con Penta, el texto consigna que el inmueble siniestrado el 21 de mayo de 2016, donde funcionaba la Secretaría Municipal, “se pudo comprobar que el contenido asegurado en dicha dependencia fue de 85.085 UF, basado en el avalúo fiscal del bien raíz donde funcionaba esa Secretaría pero además se sumó el avalúo fiscal de otros inmuebles ajenos a dicha dependencia municipal; de hecho se consideró el avalúo de todas las edificaciones ubicadas en Av. Pedro Montt”.

Sobre el mismo contrato con la empresa aseguradora, el CDE precisa que “se encuentra acreditado en la investigación, que entre los vehículos cubiertos por el seguro contratado por el municipio en virtud del contrato referido, se encuentran 14 camiones que no son de propiedad de la Municipalidad, sino que pertenecen a las empresas Maquinarias Fullmaq Ltda., Total Transport S.A. y Gestión Integral de Residuos S.A., lo que motivó un pago improcedente por cantidad de $29.715.644”.

Según el CDE, “los hechos descritos son constitutivos del delito reiterado de fraude al fisco, previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal”, y agrega en el texto que se ha ocasionado “un perjuicio a su patrimonio a la fecha estimado en $289.350.646, sin descartar la configuración del delito de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233 del mismo cuerpo legal”.