La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff se encuentra de gira por Europa para denunciar “el golpe parlamentario y mediático” que enfrenta su país desde su destitución en 2016 y que se ha evidenciado nuevamente con el encarcelamiento del ex mandatario Lula da Silva.

En entrevista con El País, la ex mandataria insistió que, para el Partido de los Trabajadores (PT), Lula sigue siendo el candidato y denunció que con la llegada del presidente Michel Temer al poder “se cambió la interpretación -que no la Constitución- para poder ser arrestado provisionalmente “sin haber agotado todos los instrumentos para defenderse”. Y matizó: “La mayoría se inclina por volver a la interpretación de que no se puede detener a nadie antes de ‘transitar en el juzgado’”.

Sobre las posibilidades de que Lula no pueda presentarse como candidato a las elecciones de octubre, pese a ser el candidato favorito en las encuestas, afirmó que “tenemos todo el derecho de participar” y criticó que “el presidente dirige una cuadrilla [de criminales], hay grabaciones, pruebas materiales, contra el candidato que derroté en 2014 [Aécio Neves]”. Y se preguntó: “¿Ellos pueden presentarse y Lula no? ¿Qué justicia es posible en un país donde pasa esto?”

Sobre las investigaciones que afectan a otros miembros del PT, más allá de Lula, dijo que tiene “tranquilidad” porque ha sido investigada y “hasta hoy”, no la condenaron ni la procesaron por nada. Sin embargo, denunció “la distorsión del Poder Judicial” en Brasil que aplicó “la justicia del enemigo” contra el PT. “La ironía es que los que proporcionaron las armas fuimos nosotros. Lula fortaleció la Fiscalía, aumentamos los salarios de la Policía Federal y yo hice la Ley de las organizaciones criminales, que instituye la delación premiada y [cambió] el hecho de que en Brasil el que corrompe no era criminal, solo el corrompido, y por tanto las empresas que corrompían no eran criminalizadas”, indicó.

Preguntada por la autocrítica que hace su partido, Rousseff aseguró que “la corrupción es algo que se tiene que combatir con estructuras nacionales e internacionales”. Y explicó: “El G-20 no estaba combatiendo la corrupción, sino el terrorismo. Pero los canales para luchar contra el terrorismo son los que combaten el narcotráfico, la evasión fiscal y la corrupción. Están imbricados”.

Sin embargo, Rousseff reconoció que durante su mandato “podría haber hecho muchas más cosas” y aseguró que “cuanto más me alejo de aquel período, más consigo pensar en lo que debería haber hecho”. La ex presidenta precisó que no tendría que haber convivido con “un vicepresidente corrupto y traidor”, que entonces no sabía que lo era —dijo-. Además, admitió que para evitar la crisis dio exenciones fiscales a muchas empresas: “No debería haberlo aplicado a tantas porque ellos se embolsaron el dinero y no ampliaron los empleos ni su capacidad”, comentó.

La ex jefa de Estado enfatizó que cada vez que Lula ha sido condenado ha aumentado su apoyo en las encuestas y aunque considera que “harán de todo para que Lula no vuelva”, cree que “si [el vencedor] fuera Lula volvería la estabilidad a Brasil. Es lo que espero”, cerró.

STF aplaza debate sobre condenas en segunda instancia

La Corte Suprema brasileña no discutió este miércoles un caso que podría permitir al ex presidente Lula recuperar su libertad porque el juez que iba a pedir el inicio del debate decidió suspender esa acción. Marco Aurélio Mello había anticipado el fin de semana que llevaría el proceso al plenario el miércoles para definir si es constitucional arrestar a condenados en segunda instancia antes de que se agoten todos sus recursos en tribunales superiores, como es el caso del ex mandatario (2003-2010).

Sin embargo, este martes en la noche, Mello decidió suspender por cinco días la presentación de la acción a pedido del partido de extrema derecha Partido Ecológico Nacional (PEN), que la había solicitado en mayo de 2016 y ahora se dio cuenta de que su petición podría eventualmente liberar al líder de la izquierda. A pesar de la suspensión temporal del debate, el STF recordó este martes que “no es posible un cese” ante una acción de esta naturaleza y que “el Supremo la juzgará”.

Boqueo de bienes

Este miércoles, la defensa de Lula confirmó que la Justicia brasileña decretó el bloqueo de los bienes del ex presidente brasileño, su instituto y una de sus empresas -L.I.L.S-, encargada de la gestión de conferencias, para garantizar el pago de una deuda de cerca de 30 millones de reales (8,8 millones de dólares) con el Estado.

La defensa de Lula señaló en un comunicado que en el marco de la operación “Lava Jato” se quiere retirar al expresidente “cualquier posibilidad de defensa al privarlo de sus bienes y recursos para garantizar un débito tributario que todavía está siendo discutido en la esfera administrativa”.