El fiscal de la región de Aysén, Carlos Palma, es quien ha liderado las indagatorias con respecto a las acusaciones de montaje e implantación de pruebas de Carabineros en medio de la Operación Huracán, operativo que se valió de supuestas conversaciones de Whatsapp de ocho comuneros mapuche extraídas de la aplicación “Antorcha” de Álex Smith para culparlos de una serie de atentados incendiarios en La Araucanía.

En ese contexto, el fiscal le pidió a la Corte de Apelaciones de Temuco que le informara de las autorizaciones que emitieron a Carabineros y para intervenir los teléfonos de quienes también eran investigados por los mismos hechos. Y el tribunal respondió que entre abril y diciembre de 2017, la Dirección de Inteligencia de la institución pidió intervenir cerca de 60 teléfonos de distintas personas, según publica La Tercera.

Entre los nombres que aparecen se encuentran los de Karina Riquelme y Manuela Royo, ambas abogadas de comuneros mapuche en distintas causas. También aparece el de Emilio Berkhoff Pérez, vinculado a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y condenado en 2015 por porte de armas.

En los documentos también se pidió “cesar” el teléfono de la machi Francisca Linconao, imputada en el caso Luchsinger Mackay, y también se pide seguir adelante con la interceptación de Aucán Huilcamán y Víctor Queipul, ambos dirigentes de La Araucanía.

Y tal como había trascendido, en noviembre apareció el nombre del actor Daniel Alcaíno junto otras cuatro personas. Como justificación, se señala que la unidad “mantiene información de Inteligencia sobre personas prófugas de la justicia, las cuales mantienen familiares en la ciudad de Temuco y mantendrían nexos financieros con integrantes de organizaciones criminales que operan en la Región de La Araucanía”.