En el año 2014, el Estado de Chile fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por romper los principios de no discriminación y de igualdad ante la ley al aplicar sendas condenas por terrorismo a ocho comuneros mapuche.

La Corte ordenó la liberación de los comuneros, en lo que se conoció como el “caso Lonkos vs Estado de Chile”, además de una serie de recomendaciones de modificaciones a la Ley Antiterrorista chilena.

De paso por el país como mecanismo de supervisión al cumplimiento de dicha sentencia, la Federación Internacional de Derechos Humanos lanzó un duro cuestionamiento al Estado por incumplir las sentencias internacionales.

Los observadores de Derechos Humanos se encuentran en Chile observando el juicio oral del caso Luchsinger Mackay y especialmente el de la machi Francisca Linconao.

“Evidentemente todas las prohibiciones por las que se condenó se están repitiendo acá, vamos a propiciar un nuevo pronunciamiento internacional”, aseguró la abogada colombiana Diana Murcia a Bío Bío, cuestionando las pruebas contra Linconao.

Vale recordar que la principal vinculación de la machi con el caso es un allanamiento realizado en su casa por parte de la misma unidad de Inteligencia que participó en el presunto montaje de la Operación Huracán.

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Murcia, además, agregó que la Ley Antiterrorista chilena tiene graves “falencias e irregularidades” y que la anunciada reforma para fortalecerla no es el camino, ya que deja al Estado de Chile en un grave déficit internacional.