Como se conoció hace algunos días, el gobierno ya está alistando los últimos detalles del proyecto que buscará beneficiar a los presos de edad avanzada o con enfermedades terminales, para que puedan conmutar las penas por arresto domiciliario.

El proyecto incluye a quienes están condenados por violaciones a los DD.HH, tal como aclaró el ministro del Interior, Andrés Chadwick –“Sin distinción, para todos iguales”, dijo–. La iniciativa no distingue entre el delito cometido, ni requiere requisitos como el arrepentimiento o colaboración con la causa.

Y de este modo, un 80% de los reos de Punta Peuco podría beneficiarse de la iniciativa, según aseguró el abogado Raúl Meza, representante de varios de ellos. “Evidentemente esta ley beneficiará al 80% de los que hoy están cumpliendo pena en Punta Peuco”, dijo a 24 Horas, y agregó “los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda, son para todos los ciudadanos de este país”.

En tanto, el ministro de Justicia Hernán Larraín (UDI), quien está a cargo de la elaboración del texto, explicó que “pensamos que es inhumano que una persona que está a punto de terminar su vida, lo haga en esas condiciones cuando quizás ese minuto debe estar con su familia”.