Por estos días nos hemos enterado de la noticia que el Mineduc notificará a las universidades Andrés Bello, Las Américas y Viña del Mar -las tres controladas por Laurate International Universities- por grave infracción al lucro.

Pese a la prohibición constitucional, muy discutida tras el fallo del Tribunal Constitucional en contra del artículo sobre el tema en la reforma educacionalal en trámite, estas casas de estudio, como otras, han encontrado formas de burlar la ley. Si bien la solución más emblemática para lucrar parece ser la creación de “sociedades espejo”, normalmente inmobiliarias, en este caso se encontró la figura del uso de propiedad intelectual del grupo controlador.

El informe dice: En este escenario de instrumentalización de la actividad universitaria, como es el cultivo y la transmisión del saber superior, se ve desnaturalizado y desplazado por el fin o ánimo de lucro […]. En este esquema mercantil, la misión universitaria de impartir docencia, desarrollar investigación y vincularse con el medio, queda completamente subordinada a criterios comerciales o extra académicos”. De este modo, tales hallazgos del informe proyectan sus sombras sobre todo el sistema educativo que tiene fines de lucro. Revisaremos tres de estas sombras a continuación. 1. Promiscuidad público-privada y la fiscalización de los fiscalizadores Si bien la información nuevamente es escandalosa y remueve los mundos político y educacional, está lejos de ser sorprendente.

El modelo de Educación Superior chileno fue creado en el contexto de la dictadura militar y amparado en la Constitución de 1980 que protege la libertad de enseñanza, la libertad de empleo y por cierto la libertad de mercado. Los gobiernos del período postdictatorial hasta nuestros días han quedado prisioneros en la “jaula de hierro” de la Constitución de 1980 y paulatinamente asumieron, con los matices del caso, la ideología del libre mercado. En ese marco, el sector político de la centro-izquierda se ha conformado con el reformismo al modelo como único horizonte posible, tanto unos como otros apoyándose en el principio de la “libertad de enseñanza”, celebrada en el texto de la Constitución de 1980 que reconoce: “el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional”.

Durante los gobiernos de la postdictadura se ha creado en el año 2006 la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que debía velar por calidad de la educación, en un modelo de alianza público-privada cuyo rol del Estado se restringe a la fiscalización de los fiscalizadores, es decir, las llamadas “agencias acreditadoras” que también son ente privados. No es difícil imaginar cómo el mercado capitalista lidia con este contexto: al margen de la ley, con procesos de cooptación y pares evaluadores con conflicto de interés. Todo esto, además de la dificultad objetiva que implica el establecimiento de indicadores objetivos establecidos por ley, procedimientos de medición válidos y objetivos que permita la comparación entre universidades con características distintas. Así, las denuncias por corrupción en el sistema de acreditación son múltiples y la CNA misma ya ha tenido un emblemático caso condenado por recibo de pago a cambio de años de acreditación.

Universidades clausuradas: ¿sólo un mal negocio o sueños rotos?

Otro caso paradigmático ha sido el de la Universidad Arcis, que tras una severa crisis financiera contó con la voluntad política de los parlamentarios para legislar al respecto, lo cual tuvo como consecuencia la promulgación en el año 2014 de la “Ley 20.800 de Administrador Provisional y de Cierre” que debe permitir la continuidad de los estudios y el derecho a la educación. Esto no ha sido posible por la falta de voluntad política por parte del Mineduc para ejercer un adecuado control sobre el administrador provisional y de cierre, por ejemplo, hasta el día de hoy en la Arcis aún está pendiente el cierre del año académico 2017, no se cuenta con académicos ni administrativos por cuanto han sido despedidos. En este mismo sentido, bajo la ley de quiebras se privilegia el derecho de los acreedores por sobre los derechos a la educación y a la continuidad de estudios, lo cual nos muestra sin máscara el verdadero rostro de las universidades bajo el sistema neoliberal: unas mercancías transables en el mercado.

La libertad de mercado aplicada a la Educación Superior, además, les ha llevado a mostrar la expansión de la matrícula como prueba de la capacidad del emprendimiento privado para entregar formación educacional en los distintos niveles, así, luego de la gran expansión inicial de mediados de los ’80 y ’90 de la Educación Superior, al 12 de marzo del presente año, los defensores del libre mercado no pueden desconocer el registro oficial del Mineduc sobre las instituciones de Educación Superior cerradas: 173 Centros de Formación Técnica (CFT), 39 Institutos Profesionales (IP) y 18 Universidades (Ues). El 60% de todo ello, es decir, 136 instituciones han sido cerradas en el presente siglo, bajo el supuesto signo positivo de un libremercado robustecido durante la postdictadura. A este escenario debemos agregar que el Consejo Nacional de Educación (CNED) tiene nombrado Administrador de Cierre para las Universidad Arcisy la Universidad Iberoamericana, por tanto, se incrementará a 20 el número total de universidades cerradas, lo cual puede aumentar aún más en el futuro considerando las fluctuaciones del mercado.

En un contexto como el descrito se nos hace necesariamente imperioso pensar en el costo no sólo económico sino humano: familias y jóvenes que confiaron en casas de estudios que fueron cerradas sepultando con ello sus sueños y esperanzas. Del otro lado, empresarios que se fueron con sus bolsillos llenos para emprender otros negocios.

La precariedad del ejercicio docente

La Educación Superior, al tener como motor el lucro, tiene severamente afectada la calidad de la enseñanza. Según los últimos informes de la Comisión Nacional de Educación (CNED) al año 2017, último disponible, el 59% de los docentes de las universidades están a honorarios. Ello implica que las universidades, presionadas por la lógica de la eficiencia mercantil y la competencia capitalista, no ofrecen ni aspiran a tener cuerpos docentes e investigadores fijos, sino que lo hacen bajo la amenaza de la acreditación. Lo hacen “en la medida de lo posible” convertido en “lo mínimo posible”.

Un efecto de ello es la instrumentalización de los profesores-hora bajo preceptos éticos dudosos como son las políticas organizacionales ampliamente extendidas de entregarles bonos por publicar artículos de investigación en revistas científicas indexadas siempre y cuando coloquen la filiación institucional.

En otras palabras, la universidad no reconoce horas para investigar dentro de la jornada académica y sólo reconoce el producto final, es decir, el artículo publicado. Esto es una clara explotación de los profesores para obtener rápidamente indicadores de productividad científica, en seguida contabilizan las cifras para lograr la acreditación que les entrega las llaves de las arcas gubernamentales. Para el profesor, tanto el tiempo como los recursos económicos se vuelven escasos si consideramos que estos “profes taxis” se mueven de una a otra universidad dictando clases y sin reconocimiento de horas para la planificación, diseño de evaluaciones ni corrección de las mismas.

Además, como desde la Agrupación de Académicos a Honorarios de Chile ya lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, dicha situación implica no tener derecho a previsión de salud, licencias médicas, seguro contra accidentes, derecho a vacaciones periódicas pagadas ni la posibilidad de sindicalizarse. No cabe duda que bajo esta forma de precarización la actualización y creación de conocimientos nuevos por la vía de adjudicación de investigaciones y publicaciones se ven severamente limitadas. Lo que reafirman los recientes sucesos es que la lógica capitalista vinculada a una propuesta de libre mercado, invariablemente apuntará a la escasez de calidad, el cálculo deshumanizado del Excel, a las maniobras fiscales al límite -y muchas veces al margen- de lo establecido por las normas y leyes vigentes. Mientras se mantenga dicha lógica, actores privados que buscan el negocio sigan encontrando resquicios legales para lucrar.A los ojos de estas sanguijuelas, incluso la reciente propuesta de educación gratuita a través del financiamiento de la educación a privados, lejos de ser un beneficio social, es otra oportunidad de negocio.

Así como están las cosas, entendemos que la respuesta del estudiantado sea la movilización y protesta social por el malestar que les produce el modelo neoliberal de Educación Superior montado en una escenografía institucional donde las autoridades representan una farsa.


Cristian Venegas Ahumada, Académico del Departamento de Psicología, Universidad de Playa Ancha (UPLA), Valparaíso y Marcelo Santos es Investigador del Centro Interdisciplinario CIDOC-Universidad Finis Terrae (UFT) Coordinador de AAH (Agrupación de Académicos a Honorarios de Chile)