Después de más de tres años desde que estallara el escándalo, el caso Penta –que sacó a la luz que el financiamiento irregular de la política era un asunto instalado de transversal en el país– ya está entrando en su última fase.

Sin embargo, a pesar del contundente historial que salió a la luz, los 45 días que pasaron en prisión preventiva en el anexo Capitán Yáber y declaraciones como que la empresa era una “máquina para defraudar al Estado”, existen informaciones que indican que Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín (los controladores del grupo) y el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner (UDI) podrían no enfrentar un juicio.

Según publica La Tercera, hace algunos días el fiscal Manuel Guerra –quien está ahora a cargo de la causa– habría sostenido conversaciones clave con las defensas de Délano, Lavín y Wagner en las que se ha estudiado la posibilidad de una salida alternativa que consiste en recalificar el delito de cohecho, y eso lo cambiaría todo.

Lavín y Délano están formalizados por cohecho, soborno y delitos tributarios, y Wagner además por lavado de activos, debido a los pagos de $42 millones que este último recibió cuando se desempeñaba como subsecretario de Minería (en el primer gobierno de Piñera) por parte de sus ex empleadores –fue gerente de Cruz Blanca, también del grupo Penta–, época en que ellos impulsaban el desarrollo de la minera Dominga.

Desde la fiscalía han sostenido que a través de correos electrónicos se ha constatado que el ex subsecretario intentó beneficiarlos desde su puesto en el gobierno y que, por tanto, se configura el delito de cohecho

Sin embargo, durante todo el proceso, los imputados han negado que los pagos, que se realizaron entre 2010 y 2012 ($3 millones cada dos meses), eran para sobornarlo y que se trataba de una deuda pendiente que tenían, y explicaron que si bien no estaban obligados a pagar, lo hicieron igual para ayudarlo.

Por eso, eliminando cuál habría sido el beneficio en cuestión –el delito de cohecho exige especificarlo–, la estrategia de su defensa apuntará a que se trató de enriquecimiento ilícito o injustificado, delito que afecta a los funcionarios públicos (como lo era Wagner entonces), lo que implicaría que  Délano y Lavín no sean acusados ni condenados por cohecho, mientras que para Wagner aplicaría una pena pecuniaria, que consiste en el pago de una multa al Estado y la inhabilidad para ejercer cargos públicos.