Ayer sábado se desarrolló la “Marcha por la ciencia y el conocimiento”, en Santiago, que, según sus organizadores, convocó a unas 4.500 personas.

La manifestación fue parte de una serie de movilizaciones que se realizaron a lo largo del país para exigir mejoras en esta materia.

Esta actividad fue organizada por diversas agrupaciones, desde la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado (Anip) hasta federaciones universitarias. Una de las demandas más importantes es que se tomen medidas para resolver la precariedad laboral a la que están sometidos muchos investigadores en nuestro país.

Para el Consejero FECh, Jorge Vielma, es necesario regular este problema de manera urgente.

“La precarización de las condiciones laborales de muchas investigadoras e investigadores que trabajan sin contrato y sin acceso a seguridad social, la notoria inequidad de género dentro de los espacios de investigación, existiendo casos de acoso donde se ha visto gente involucrada que puede postular y adjudicarse proyectos, y la necesidad de la creación de un plan de inserción de investigadores pensado a largo plazo’’, afirmó el dirigente estudiantil a Radio JGM sobre las distintas demandas que tiene el movimiento.

Por otro lado, el coordinador de la marcha, Cristián Undurraga, realizó un balance positivo de la actividad.“Se cumplió el objetivo de congregar y convocar a la gente, llegó mucha más que el año pasado y eso es un avance. Además, agrupamos más organizaciones y generamos un petitorio importante. En ese sentido, fue un éxito”, señaló a La Tercera.

Según la segunda encuesta de “Inserción de investigadores científicos 2018”, realizada por la Anip, el 79% de las personas con doctorados tiene empleo, el 5% está inactiva, y el 16% está desempleada. Esto quiere decir que hay 2.278 investigadores cesantes de un universo de 14.237 doctores que tiene Chile en este minuto.

La medición, que fue realizada entre el 19 de enero y el 16 de marzo de este año, también muestra que existe un gran porcentaje de doctores que se encuentran en una situación de precariedad laboral en las universidades públicas y tradicionales. Tan solo un 25,1% tiene contrato indefinido, el 31,8% está a plazo fijo, mientras que un 21,5% tiene un contrato a honorarios y otro 16% boletea sin contrato, el resto solo tiene acuerdos de palabra.