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El nuevo director del Hospital Basé San José aseguró que, en estos casos, es difícil confirmar si se trató o no de un delito de violación y recalcó que «no es una situación de urgencia inmediata, eso es lo quiero que quede claro».
Daniel Núñez, el nuevo director del Hospital Base San José, se refirió a la polémica surgida luego de que se anunciara que la provincia de Osorno no cuenta con ginecólogos para aplicar la causa de violación de la ley de aborto.
La autoridad respaldó la posición de los 16 profesionales del sistema público que se declararon objetores de conciencia. Además, aseguró que en estos casos es difícil confirmar si se trata o no de un delito de violación, poniendo en duda el testimonio de las víctimas.
De hecho, Núñez señaló que tras su conversación con los especialistas comprendió que se buscar evitar que la tercera causal de la ley que despenaliza la interrupción del embarazo se transforme en «una forma encubierta de abortar», sin que exista un ultraje sexual.
«La mujer, si es violada, no necesariamente va a quedar embarazada en esa violación. Muchas veces, en ese caso que pudiera ser una relación única en ese tiempo, pudiera no terminar en embarazo. En ese caso no hay ningún aborto que hacer», argumentó.
Además, señaló que la causal de aborto por violación no requiere de un tratamiento urgente, como en el caso de peligro de vida de la madre o inviabilidad fetal.
«De ahí a que se sepa que la persona estuvo embarazada van a pasar varias semanas, así que no es una situación de urgencia inmediata, eso es lo quiero que quede claro, porque la gente dice ‘pero cómo, si esto es urgente’, tiene que solucionar ahora, sí, tiene que solucionarse, pero yo creo que más bien las otras causales», añadió.
Núñez señaló que comprende el trauma que genera una violación, pero insistió en que se trata de una situación compleja, donde el médico es el primero en analizar y definir si cree en el testimonio de la mujer. En este sentido, señaló que falta mayor vínculo con los organismos que persiguen estos delitos, como el Ministerio Público o el Servicio Médico Legal, para que definan con certeza si se trató o no de una violación.
Por último, la autoridad llamó a comprender la postura de los médicos objetores y descartó que se realice un proceso para buscar a especialistas que estén dispuestos a cumplir con la ley de aborto en tres causales.
