Una gobernación 2abierta a la comunidad y el objetivo de “reactivar la economía” fueron algunos de los principales anuncios de Ivonne Mangelsdorff al haber sido designada como gobernadora de la provincia de Cachapoal.

Sin embargo, a los pocos días de asumir el cargo, el diario El Rancagüino la empezó a notificar de sentencias en su contra por el no pago de millonarias deudas.

Un reportaje de Ciper indagó sobre esas denuncias y detectó al menos diez acciones judiciales interpuestas en contra de la gobernadora por distintos bancos, que reclaman más de $250 millones.

Una de las principales entidades financieras que la ha demandado es Scotiabank, que le reclamó $54,8 millones en 2015 -la gobernadora fue condenada en febrero de este año a pagar ese monto-; $71,5 millones en 2014 por un crédito hipotecario impago, $1,8 millones en octubre de 2013 por una deuda y $4,5 millones en junio de ese año por otro crédito impago.

En el Banco Santander también tomaron acciones legales contra la gobernadora. En abril de 2014 le exigió el pago de $5,5 millones por un crédito, y luego en junio le demandaría por $31,5 millones de otro crédito no saldado y por $60,5 millones de un mutuo hipotecario.

El Banco Itaú la ha demandado por cuatro créditos de $3,2 millones, $5,5 millones, $1,8 millones y $7 millones. En el ámbito de la salud, la Clínica Santa María la ha demandado por $2,2 millones y la Isapre Consalud por una deuda de $1,4 millón.

“Me tuve que hacer cargo sola –y con dos hijas– de un montón de deudas. Quedé endeudada como muchos chilenos y siempre he tenido toda la disposición a solucionar el tema con los bancos”, explicó Mangelsdorff a Ciper.

Entre las revelaciones del reportaje también está el que Mangelsdorff contrataría como asesor jurídico en la gobernación a Óscar Lantadilla, quien desempeñara esa función previamente en la Municipalidad de Cerro Navia y fuera formalizado por fraude al Fisco reiterado en el denominado “Caso Basura”.

Lantadilla quedó con arraigo nacional y firma mensual en ese proceso, pero luego se le ofreció una suspensión condicional del procedimiento, obligándole a pagar $3 millones y realizar trabajos comunitarios.