Entre el 11 y el 26 de marzo, distintas reparticiones del nuevo gobierno de Sebastián Piñera solicitaron el retiro de al menos 405 reglamentos, bases de licitación, nombramientos, contrataciones, convenios, entre otros actos administrativos enviados entre 2017 y 2018 por el gobierno de Michelle Bachelet.

Así lo informó La Tercera, que tuvo acceso a un documento solicitado vía Ley de Transparencia por el Senado.

Las preocupaciones por los retiros se dan luego de la polémica por el protocolo de objeción de conciencia por parte del Ministerio de Salud y del retiro del reglamento que regula la ley de Nueva Educación Pública.

“Esto es preocupante. En general los decretos son para efectos de implementar decisiones que ya ha tomado el Parlamento, entonces no parece de lo más razonable que los retiren todos y no digan qué observaciones tienen ni cuáles son las fechas en las que van a reincorporarlos”, dijo a La Tercera el presidente del Senado, Carlos Montes (PS), quien se reunirá con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para abordar este tema.

Entre los decretos más polémicos que fueron retirados se encuentran el que aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos, presentado bajo el mandato de Lorena Fríes en la Subsecretaría de DD.HH. y que contempla más de 600 acciones en la materia. El decreto fue retirado por la actual subsecretaria Lorena Recabarren. Sin embargo, habría sido reingresado luego “sin mayores modificaciones”.

En el Ministerio de Justicia, se retiró el polémico decreto que nombraba al ex fiscal del Caso Caval, Luis Toledo, como notario de San Fernando.

En Educación, en tanto, se retiraron 75 resoluciones, entre las que está el pago de subvenciones a establecimientos educaciones diferenciales y la que establece la remuneración mínima para profesionales de la educación de colegios subvencionados .