A un mes de asumir el gobierno de Sebastián Piñera (11 de marzo), se han anunciado una serie de medidas que han hecho sentir la llegada de la derecha y sus características intrínsecas. Una agenda de corte reaccionario que -al igual que la derecha latinoamericana- ha aprendido a utilizar los mecanismos que le otorga la institucionalidad jurídico-estatal para sortear los procedimientos que le exige la democracia y lograr consensos junto a los diversos actores que componen y habitan el territorio.

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Las propuestas anunciadas a propósito del nuevo Proyecto de Ley sobre Migración se enmarcan en un conjunto de reformas que pretenden frenar varias propuestas impulsadas por el gobierno anterior y respaldadas por amplios sectores de la ciudadanía (como la flexibilización del protocolo de objeción de conciencia del aborto en tres causales o la declaración de inconstitucionalidad al artículo que prohíbe el lucro en la educación), instaurando los valores propios de su sector, caracterizado por el neoliberalismo y el control en base al miedo y la inseguridad (con reformas a la Ley Antiterrorista o la creación de una policía “antiterrorista”)

Con respecto a la ley de “aborto en tres causales” se realizaron cambios al documento administrativo a dos semanas de asumir el gobierno; el retorno del lucro en la educación -además de un “lobby feroz”- se realiza por medio del Tribunal Constitucional (quién previamente protagonizó la impugnación a las facultades sancionatorias del SERNAC) y con respecto a los casos problemáticos en relación con la Araucanía, se anuncian medidas desde el discurso de la lucha contra el terrorismo con policías especiales, antes que cualquier posibilidad de diálogo entre las partes.

Por su parte, las nuevas propuestas impulsadas para la migración no están ajenas a este tipo de prácticas, mientras recién se inicia la discusión sobre el proyecto de ley, una serie de medidas serán implementadas por medio de un instructivo presidencial, una política por la vía administrativa que pretende -tal como anunció el presidente- “poner orden en el hogar”, combatiendo la “inmigración ilegal”, situando al migrante indocumentado como nuevo chivo expiatorio ante los problemas de seguridad en el país, una de las principales puntas de lanza del gobierno.

El presidente Piñera ha destacado que se debe realizar una “modernización” al decreto ley N°1.094 impuesto en dictadura, por su carácter “obsoleto” ante el nuevo proceso migratorio que enfrenta el país. El proyecto contempla la creación de una nueva institucionalidad como el Servicio Nacional de Migraciones encargado de ejecutar la nueva ley y la conformación de un Consejo de Políticas Migratorias, con diversos ministerios en juego. Ambas instancias son necesarias para comenzar a dimensionar y comprender la complejidad del fenómeno migratorio. Por otra parte, se anunció un proceso de regularización extraordinaria -que excluye a quienes tengan antecedentes- pero que, sin duda, es un paso importante para mejorar la situación de muchas personas y sus familias.

Sin embargo, las propuestas del gobierno y su visión sobre la migración se enmarcan en su lucha propagandística contra la delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico. El populismo punitivo que caracteriza su discurso de campaña y su accionar gubernamental, se extiende hacia la figura del migrante al momento que destaca que su intención es fomentar una migración “segura, ordenada y regular”.

Las trayectorias migratorias son múltiples y transitan por diversos obstáculos -tanto públicos como privados- que tienden a la irregularidad de la situación político-administrativa de los migrantes, por ejemplo, los controles fronterizos restrictivos o la entrada al mercado laboral sin un contrato formal. En este sentido, cuando diversos espacios académicos y sectores organizados resaltan la importancia de la regularidad y la seguridad para la movilidad humana, lo hacen pensando en que las fronteras mantengan un trato acorde al derecho -no arbitrario- respetando su condición de seres humanos para evitar la creación de rutas alternativas no habilitadas que generen espacios de inseguridad, irregularidad y desorden. Sin embargo, la “nueva” propuesta de la derecha enfocada en la seguridad y el orden tiene otra perspectiva, que se orienta al supuesto combate contra la delincuencia, el tráfico de drogas y el terrorismo, ámbitos de escasa relación con la migración, pero que el presidente se encargó de insistir reiteradamente en una conferencia vía redes sociales.

Aún más, las propuestas mandatadas desde el Ejecutivo sobre la reformulación de las visas (Eliminación de visa temporaria por motivos laborales; Creación de visas consulares según nacionalidad; Solicitud de visas fuera del territorio; Aceleración al proceso de “deportación”; Dificultad para el tránsito entre visas) van radicalmente en contra de lo que han propuesto organizaciones migrantes y pro migrantes, académicos y especialistas en la materia. En un comunicado, estos últimos presentaron sus críticas y resaltan 7 puntos en los que plantean sus principales inquietudes sobre el anuncio, problematizando aspectos de contenido, forma y tiempos. El proyecto de ley es muy básico, se limita al control de la frontera y el otorgamiento de visas; con un sistema selectivo, discriminatorio y utilitarista que beneficia a ciertos migrantes por sobre otros según nacionalidad y nivel educativo, impulsando un instructivo basado en la economía y la seguridad interior por sobre el enfoque de derechos y en aspectos de largo plazo como las condiciones laborales o la convivencia en el territorio.

Nuevamente se impulsa un proyecto sin la participación de los actores involucrados, lo que permite que la supuesta reforma a la Ley de Migración proponga un gatopardismo poco novedoso, debido a que el proyecto sólo viene a reformular las condiciones para el “enemigo interno” que buscaba combatir la obsoleta ley de 1975, anteriormente bajo la figura del comunista, identificándolo ahora a través del delincuente o el narcotraficante, y si se quiere, también como el terrorista. Lo nuevo se sitúa -quizás- en las formas que tiene el gobierno para tramitar reformas vía políticas administrativas o según lo que la institucionalidad jurídico-estatal les permita, evitando procesos de mayor y mejor discusión junto a actores de la sociedad civil organizada, las personas involucradas y la ciudadanía en su conjunto.


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