Quiero comenzar comentándoles –por si es que no leen los diarios en forma habitual– que Chile acaba de salir de la vergonzosa lista de países que penalizan el aborto a todo evento (sitial que hasta solo unos meses compartíamos con Malta, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y El Vaticano). Espero que con este dato sean capaces de asociar un par de ideas y logren comprender que la mayor parte del mundo entiende que las mujeres tienen derecho a abortar, más aún si se trata de las tres causales recientemente aprobadas.

También quisiera contarles –aunque asumo que ven las noticias– que nuestro Tribunal Constitucional (uno de los poderes fácticos que sigue operando hasta el día de hoy en nuestro país) tuvo la ocurrencia de sobrepasar los límites de sus atribuciones al inventar una nueva figura legal que nunca fue aprobada por el Congreso Nacional: la llamada objeción de conciencia institucional, que no es otra cosa que un mecanismo silencioso de opresión hacia las mujeres.

Bueno, si no han leído los diarios ni han visto las noticias, les voy a comentar otra cosa. El presidente Piñera, junto a su ministro de Salud –Emilio Santelices, por si no lo conocen–, decidieron modificar el protocolo de salud aprobado por el gobierno anterior en varios aspectos, siendo uno de ellos el de permitir que instituciones privadas que reciben recursos públicos para dar prestaciones de obstetricia y ginecología, se declaren como objetores de conciencia institucional (invento de ya saben quién).

Finalmente, les voy a contar –porque a estas alturas ya estoy dudando que sepan lo que les estoy diciendo– que el Comité de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) recientemente recomendó al Estado de Chile a aplicar requisitos estrictos para evitar el uso generalizado de la objeción de conciencia por parte de médicos para rehusarse a practicar abortos.

Si no sabían nada de esto, pues ya lo saben.

Este es el panorama en el que ustedes han expresado que su conciencia les impide llevar a cabo un aborto fundado en algunas de las tres trágicas causales actualmente permitidas por nuestra legislación y por casi todas las legislaciones del mundo. Y siendo este el escenario, me surge una duda: ¿De qué conciencia me hablan? ¿Su conciencia les dice que es mejor obligar a una niña a ser madre de su propio hermano? ¿Qué prefieren que una mujer con un embarazo inviable tenga que parir a un hijo y verlo morir, en lo que se sabía sería un desenlace inevitable?

Me imagino –apostaría a que es así– que su postura tiene que ver con sus creencias religiosas. Si estoy en lo correcto, les pregunto ¿están seguros que son “sus” creencias? ¿No será acaso que lo hoy ustedes asumen que son sus creencias, no es más que el fruto de un adoctrinamiento religioso efectuado desde su infancia en alguno de esos colegios que les gusta que sus alumnos se peguen en el pecho todos los domingos? Porque fíjense que esa defensa del feto no es nueva, sino que comenzó hace siglos, como una estrategia para intimidar a las mujeres y rebajarlas a la ley de la obediencia.

Como sea, para despertar un poco su “Pepe Grillo”, quiero contarles que su decisión, sea o no sea el objetivo que buscan, implica necesariamente un obstáculo para que mujeres que están pasando un doloroso momento –lo digo por experiencia propia– hagan efectivo un derecho que ganamos en la calle y en el congreso; una traba que si no logra resolverse a tiempo, le podría arruinar para siempre la vida a una mujer o niña.

Y para finalizar, quiero dirigirme especialmente a ustedes, funcionarios públicos y objetores de conciencia a la vez, que parecen no entender que deben estar al servicio de las obligaciones del Estado. Pero bueno, si ustedes no lo entienden, las autoridades del Ministerio de Salud sí tendrán que entenderlo, porque aquellos tienen el deber de asegurar que todos los establecimientos de salud públicos otorguen una prestación que por ley tienen el deber de otorgar en todo Chile. Porque es totalmente inaceptable que las autoridades se queden de brazos cruzados mientras la totalidad de los médicos de un hospital público (como los Hospitales de Osorno y Huasco) se niegan a realizar las interrupciones de embarazo.

Por lo mismo, el Ministerio de Salud deberá pensar en destinaciones o en la contratación de nuevos médicos en ciudades como las ya mencionadas, debiendo optar siempre por los profesionales que sí estén dispuestos a cumplir con todas sus tareas públicas.

Ya no estamos en tiempos de pedir, estamos en tiempos de exigir que dejen la salud pública si es necesario, que ya ésta es bastante precaria como para que ahí también se dé espacio a médicos que, sin ningún tipo de empatía con las mujeres que están enfrentando situaciones dramáticas, decidan no cumplir cabalmente con todas las obligaciones que conlleva el ejercicio de un cargo público, cuyo sueldo es pagado con los impuestos de todos.

Si van a ser objetores de conciencia, primero tomen conciencia.


Activista y Autora del libro"Mi Testimonio, Aborto, Estado e hipocresía en Chile"