“Las universidades en Chile han sido y seguirán siendo sin fines de lucro”. La frase no es netamente de la ley, sino que fue dicha por el propio grupo Laureate -controlador de la Universidad Andrés Bello, la De las Américas (UDLA) y la de Viña del Mar (UVM)-.

La frase fue emitida en un comunicado luego de que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior, que prohibía que las universidades tuvieran controladores con fines de lucro. Un recurso que presentó la propia ex rectora de la UDLA, Pilar Armanet.

Sin embargo, tal como revela un reportaje de Radio Bío Bío, el Ministerio de Educación elaboró tres duros informes que demuestran cómo el objetivo propio de las universidades de Laureate se ha visto “desnaturalizado y desplazado por el fin o ánimo de lucro, esto es, por el fin de obtener ganancias o beneficios pecuniarios en detrimento de los aspectos estrictamente académicos de la institución de educación superior”.

Son distintos los mecanismos que ocupó Laureate para sacar del país los recursos de sus tres universidades en Chile -que abarcan más de 76.300 alumnos-. Por ejemplo, uno de los contratos investigados en los informes señala que cada alumno matriculado se traduce en 250 dólares a pagar a la empresa Laureate Trademark BV. Esto daría una cifra de más de 19 millones de dólares durante el año pasado, sin contar el 25 de ingresos netos anuales que se les da por propiedad intelectual.

“No es posible afirmar que los miembros que integran la corporación de derecho privado sin fines de lucro Universidad de Las Américas hayan distribuido las utilidades o excedente de la institución. Pero sí es posible sostener y concluir que a través de los contratos celebrados entre la corporación Universidad de Las Américas y Laureate Trademark, BV –perteneciente a su controlador Laureate International– se ha incrementado de forma constante e injustificada el patrimonio de este último”, dice uno de los informes del Mineduc.

Además agrega que esto “constituye una infracción grave de los estatutos de la corporación universitaria, toda vez que parte considerable de sus ingresos no son reinvertidos en la propia institución para el cumplimiento de sus fines de docencia, investigación, extensión y vinculación con el medio, sino que tienen como destino el aumento de las ganancias de su controlador Laureate International”.

Otra de las empresas internacionales que recibe los dineros es Laureate Education Inc., radicada en Estados Unidos y dedicada a servicios de asesorías, con la cual existe un convenio por al menos 2.096 UF al mes -unos 679 millones de pesos anuales- por servicios de apoyo en la gestión financiera y contable.

Profesionales que analizaron estos convenios determinaron que los servicios “no sólo son innecesarios o no están justificados, sino que, más grave aún, se configuran como mecanismos jurídicos destinados a desviar los excedentes de las corporaciones de derecho privado para incrementar el patrimonio de su controlador”.

Un análisis de los últimos Estados financieros de las tres universidades también da cuenta además de transacciones por 71.556 millones de pesos con empresas relacionadas, destacando el viejo truco de operaciones con inmobiliarias. En este caso, esas inmobiliarias no solo pertenecían a los controladores, sino que también a las corporaciones educacionales.

Los tres informes fueron publicados íntegramente por Radio Bío Bío.