Mientras aún era mandataria, el 10 de octubre pasado Michelle Bachelet aceptó la invitación del plantel de la Roja para viajar a Sao Paulo y presenciar el encuentro entre la selección de Chile y Brasil, que terminó dejando a la selección nacional fuera del Mundial de Rusia 2018.

El viaje despertó fuertes críticas luego de que se conociera que la mandataria ocupó un avión de las Fuerzas Armadas (FACh), y tras la ola de cuestionamientos, el entonces diputado José Antonio Kast presentó un requerimiento ante Contraloría para aclarar la situación y determinar si es que se había incurrido en alguna irregularidad.

Específicamente, Kast pedía que se aclarara por qué Bachelet usó bienes militares (un avión de la FACh) y fiscales para un viaje de carácter personal y turístico, que la autoridad se pronunciara, y de este modo que la ex mandataria devolviera a las arcas fiscales lo gastado.

Sin embargo, un dictamen firmado por el propio contralor, Jorge Bermúdez, el organismo zanjó el asunto y determinó que “no hay antecedentes que permitan calificar el viaje que se impugna como de carácter turístico o personal, sin que tampoco pueda observarse una conducta que conlleve una transgresión al ordenamiento jurídico”.

El organismo analizó informes del Ministerio Secretaría General de la Presidencial y la Dirección Administrativa de La Moneda, que argumentaron que la actividad se llevó a cabo en su calidad de Jefa de Estado y de acuerdo a las facultades que la Constitución confiere a su cargo: “Efectuó otras tareas que son parte de la representación del Estado y de la conducción de relaciones internacionales”.

Además de representar al país “en el marco del interés público en el fomento del deporte”, desde la Segpres informaron que durante el viaje Bachelet sostuvo encuentros con el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Brasil y los embajadores de ambos países, donde “se abordaron materias relacionadas con el Mercosur y la Alianza del Pacífico”. También con el gobernador de Sao Paulo “para tratar los alcances del Protocolo de Intenciones entre Chile y el Estado de Sao Paulo”.

El organismo, eso sí, cuestionó los gastos de traslado y alojamiento para cuatro funcionarios de la avanzada presidencial y que se contratara a una empresa de turismo por trato directo. Por eso, estableció que en el futuro “deberá aceptar medidas necesarias para que contrataciones como las de la especie y los actos que las aprueban se ajusten a lo dispuesto en esa normativa”.