Miles de migrantes despertaron este lunes dispuestos a pasar las horas que sean necesarias haciendo colas y esperando con el objetivo de regularizar su situación legal en Chile. El gobierno de Sebastián Piñera ha habilitado más de 161 oficinas para que los ciudadanos extranjeros indocumentados puedan regularizar su situación.

Las regulaciones masivas son uno de los instrumentos más utilizados en todo el mundo para dar acceso a aquellas personas que, en sus procesos migratorios, han quedado en situación irregular estando dentro del país o que se han visto obligadas a ingresar por pasos no habilitados.

El que empieza hoy es el tercer trámite de este tipo que el Estado chileno da a población inmigrante. Los procesos anteriores se produjeron durante los mandatos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, en 1998 y 2007, respectivamente. Todos tienen en común que se han presentado como un simple acto administrativo, han sido aprobados por decreto y quedaron sujetos al parecer y decisión del gobierno de turno, con potestad delegada en el Ministerio del Interior.

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/ Agencia Uno

Octubre 1998

El primer proceso de regularización migrante extraordinario de la transición tuvo lugar durante el gobierno del demócrata-cristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000). Eran tiempos en los que Chile recién había ingresado al Mercosur y justo hacía un mes que se había producido la detención de Augusto Pinochet en Londres. Chile estaba recién acostumbrándose a ser un país receptor de inmigrantes ya que la dictadura se había encargo de colocarlo al otro lado de la cancha, entre los que envían a sus compatriotas al exterior. Pero entonces, a fines del siglo XX, el inmigrante que llegaba era básicamente procedente desde Perú. Se trató de una oleada popular, que emigró motivada por la inestabilidad en su país, generada por la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), y las mejores condiciones económicas en Chile.

Frente a lo que se consideró una situación de ‘urgencia’, se propuso el primer Plan de Regularización de los inmigrantes ‘irregulares’. Ese proceso regulador, bautizado como “amnistía provisoria”, fue la única medida que Ruiz-Tagle dedicó para resolver la situación migratoria de la época, marcada por un fuerte aumento de la tasa de inmigrantes irregulares en el trimestre octubre–diciembre de 1998. La decisión de Frei Ruiz-Tagle permitió otorgar visas de trabajo temporales -por dos años- beneficiando a cerca de 22 mil extranjeros residentes en el país, mayoría de ellos peruanos, a quienes se les entregó una visa de residencia temporaria.

Decretada por el ministro del Interior de la época, Raúl Troncoso Castillo, quien llegó al cargo apenas dos meses antes del proceso, permitió a los regularizados recibir la visa sin necesidad de exhibir un contrato de trabajo.

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Noviembre 2007

Michelle Bachelet fue la primera mandataria en incluir en su programa de gobierno el tema de la inmigración de forma explícita y directa. En su propuesta para el período 2006-2010 se leía: “Impulsaremos la dictación de una nueva ley de extranjería, que recoja la realidad actual de Chile como país receptor de cuotas significativas de inmigrantes. Adecuaremos esta legislación a los acuerdos y convenios internacionales firmados por Chile en esta materia, al tiempo que impulsaremos la incorporación de la temática migratoria en convenios de integración y acuerdos multilaterales, especialmente dentro de la región. También incluiremos la temática de la inmigración en el currículum educacional”. Este compromiso quedó en un anteproyecto de ley, que nunca fue presentado.

Sin embargo, lo que sí sucedió el 22 de octubre de 2007 fue el anuncio del entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe, de un nuevo “Proceso de Regularización de Permanencia”, dirigido a los extranjeros provenientes principalmente de países latinoamericanos. La decisión se tomó gracias las presiones de las asociaciones de migrantes en Chile, fundamentalmente de organizaciones peruanas. Mientras que en 1982 el censo cifraba sólo en 4.308 el número de ciudadanos peruanos en Chile, en 2007 las cifras ascendieron a 100 mil personas.

Fueron alrededor de 50 mil, la mayoría de nacionalidad peruana, los beneficiados de un proceso que desde la prensa se bautizó como “perdonazo”. Entre las otras nacionalidades que se beneficiaron también estuvo la comunidad boliviana -con más de 5.500 visas- y la ecuatoriana, con casi 2.000. Unas cifras que desbordaron las expectativas del gobierno de entonces que, según la prensa del momento, se situaban en torno a las 20 mil personas en situación irregular, la mayoría de ellas procedentes de Perú.

El proceso se llevó a cabo entre el 5 de noviembre de ese año y el 5 de febrero de 2008. Benefició a extranjeros en situación irregular que hubiesen ingresado antes del 21 de octubre de 2007 y que hubiesen sido portadores de pasaporte o cédula de identidad vigente. Se les otorgó una visa de residente temporario de un año de vigencia, teniendo la posibilidad, al término de este plazo, de solicitar la visa correspondiente de acuerdo a la normativa de Extranjería. Se estableció además que ninguno iba a pagar multas.

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Entre estos dos procedimientos -el de 1998 y el del 2007- también se llevaron a cabo distintas medidas excepcionales que permitieron la regularización masiva de inmigrantes. Por ejemplo, en el 2000, bajo el gobierno Ricardo Lagos, se estableció la regularización migratoria de los ciudadanos peruanos que ingresaron con salvoconducto, un permiso de un año en base a un acuerdo entre Chile y Perú; y en 2002 se regularizó a los extranjeros implicados en el denominado caso de “timbres falsos”, un caso que reveló el ingreso de gran cantidad de migrantes procedentes de Perú a través del salvoconducto facilitado por el Convenio Arica-Tacna de 1931 que, aunque sólo permitía el ingreso a Chile por unos días, se ocupó como una fórmula para quedarse en el país de manera irregular.

Una medida paliativa

La mal llamada “amnistía migratoria” -una amnistía se utiliza para indultar a quienes han cometido delitos- permite a las personas que se encuentran en situación irregular -nada más que una falta administrativa- acceder a servicios y derechos básicos y previene el abuso laboral. Las personas que no cuentan con los papeles y documentos regularizados se enfrentan a situaciones de mayor vulnerabilidad, explotación y precariedad, por el temor a ser deportadas o por tener que aceptar trabajos con remuneraciones indignas.

Sin embargo, no deja de ser una medida meramente paliativa y que no provoca cambios reales ni estructurales sobre la cuestión migratoria. No constituye una estrategia para abordar el tema al largo plazo. Es, simplemente, una medida coyuntural. A la vista está que mientras unos miles recibirán el amparo del Estado en esta ocasión, muchos miles más han visto como se endurecen las condiciones para permanecer en Chile, con la instalación de la visa consular y las dificultades especiales decretadas para la comunidad haitiana.

El proceso que hoy se abre se extenderá durante un mes para aquellas personas que hayan ingresado por pasos fronterizos no habilitados y dos meses para los que entraron de forma regular pero cayeron en la irregularidad una vez en Chile. Al cierre del proceso, se conocerá el gran interrogante que hasta ahora se planteaba de forma recurrente al hablar de migración: las cifras reales de los extranjeros que viven en Chile.