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«Las personas son agredidas o trasladadas muchas veces con detenciones ilegales a la comisaría, donde también son agredidas», aseguró la fiscal a cargo de la investigación. El líder del grupo estuvo seis meses en prisión preventiva y hoy se encuentra libre.
Una causa de torturas, apremios ilegítimos, detenciones ilegales y robo con violencia. Las víctimas serían 25 personas. Y los serían nada menos que funcionarios de Carabineros.
Según publica hoy La Tercera, los ojos de la Fiscalía Centro Norte están sobre la 21a. Comisaría de Estación Central, donde presta servicio el suboficial mayor Francisco Arzola, quien es conocido como «el nazi».
Arzola está a cargo del grupo Eco 21, llamado a controlar el comercio ambulante en el cuadrante. En mayo de 2017 fue formalizado por presuntas torturas, apremios ilegítimos y detenciones ilegales en contra de cuatro personas, vendedores ambulantes y migrantes.
Una de las víctimas ya prestó declaración: “Arriba del bus me tiran a un asiento mientras Arzola me dijo: te arrancaste de mí (…) y de mí nadie se arranca’, me golpea con el palo de servicio en la guata, después (…) me da otro golpe con el palo en el tórax (…) y me dijo yo soy el nazi para que te acordí (sic) de mí toda tu vida y sacó la pistola”.
El suboficial estuvo seis meses en prisión preventiva, medida que logró revertir en diciembre pasado ante la Corte de Apelaciones.
Según la fiscal Sironvalle, el grupo Eco 21 está conformado por “entre 12 a 15 funcionarios que trabajan en un piquete” y que “en razón de su labor se producen la mayor cantidad de denuncias. También existe otro grupo de denuncias respecto a personas en la garita, en el terminal de buses de Estación Central”.
Las víctimas, según la persecutora, “son agredidas o trasladadas muchas veces con detenciones ilegales a la comisaría, donde también son agredidas. Están realizando una actividad al margen de la legalidad, como es el comercio ambulante o inmigrantes en situación ilegal, y que aseguran cierta impunidad respecto de conductas que van más allá de los deberes policiales”.
Estos hechos pueden ser investigados bajo de la nueva ley contra la tortura, vigente desde 2017. En ella, se contemplan penas entre 3 y 10 años.
Desde Carabineros, en tanto, confirmaron que debido a la formalización, el suboficial Francisco Arzola fue trasladado a otra destinación.
