En una nueva faceta se encuentra el ex fiscal Carlos Gajardo, después de su renuncia tras la decisión del Ministerio Público de no perseguir los delitos asociados al financiamiento irregular de la política.

Junto al también renunciado Pablo Norambuena, asumieron la representación del municipio de Cerro Navia en una querella contra el ex alcalde de la comuna, Luis Plaza.

En entrevista con CNN Chile, Gajardo aprovechó de referirse a la cuenta pública del fiscal nacional Jorge Abbot, quien advirtió a los fiscales sobre los personalismos y pidió no afectar otros poderes de la República, lo que claramente fue interpretado como una sepultura a todos los casos judiciales que afectan a miembros del Parlamento.

“Lo que ha hecho el fiscal nacional en su cuenta pública es reconocer que eso es así, reconocer que hay dos sistemas de justicia, uno para el ciudadano de a pie y uno especial para personas que, en su palabra, han sido elegidos por votación popular porque eso puede afectar sus quórum, etcétera. Eso es de la máxima gravedad”, afirmó Gajardo.

El abogado cuestionó, por ejemplo, que para Abbott sean más graves las filtraciones de distintas causas que los delitos tributarios y posible cohecho en la ley del royalty, redactada en SQM y que llegó textual al correo del ex ministro Pablo Longueira.

Gajardo recuerda que cuando le manifiesta la existencia del correo a Abbott, le dijo que “habían antecedentes de un delito de cohecho (…) la respuesta fue que le parecían que las filtraciones eran más graves y que esos hechos no eran necesariamente constitutivos de delitos”.

“La primera medida que tomó el fiscal nacional fue sacarnos al fiscal Norambuena y a mi de la causa SQM”, agregó.

Consultado sobre si existían antecedentes para investigar a Sebastián Piñera y Michelle Bachelet por financiamiento irregular, Gajardo aseguró que estos “eran claros”.

“La persona que estaba a cargo de la campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, fue condenado por estos hechos. Por supuesto esa investigación podría haber seguido hacia arriba para saber que otras personas estaban involucradas, probablemente Rodrigo Peñailillo. Y en el caso de Sebastián Piñera, su administrador electoral está formalizado por estos hechos por montos bastante semejantes, más de 300 millones de pesos. En ambos casos, para seguir hacia arriba era necesario el concurso de querellas del Servicio de Impuestos Internos, querellas que a la fecha nunca fueron presentadas”, sentenció Gajardo.

El ex persecutor aseguró no estar satisfecho con cómo se han cerrado estos casos, “pero hago la salvedad que en ambos casos para seguir había que haber querella del Servicio de Impuestos Internos”, las que hasta el día no existen.

“Los hechos fueron que las personas decidas a presentar querellas, Michel Jorrat y Cristián Vargas del SII, fueron removidos de sus cargos”, agregó.

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