2016 fue un año donde las movilizaciones estudiantiles estuvieron marcadas por el alto protagonismo que adquirieron las instituciones de educación superior privadas y sus demandas. Uno de esos casos fue el de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), entidad donde se levantó una larga protesta en contra del lucro en que incurría su filial controladora: el Grupo Laureate.

Las movilizaciones, que duraron más de tres meses e incluyeron la toma de las distintas sedes de la universidad, no cesaron de la mejor manera. Alrededor de 150 sumarios se presentaron contra estudiantes de la casa de estudios por haber participado de las acciones contra el grupo económico.

Si bien la gran mayoría de estos procesos terminaron sin sanción, existen casos donde los estudiantes recibieron estrictas penas que van desde la suspensión temporal hasta la expulsión definitiva de la universidad.

En esa línea, un reciente reportaje de CIPER terminó por dar razón a las acusaciones de lucro que se esgrimieron con fuerza en las movilizaciones del 2016, y que terminaron con una decena de estudiantes afectados por dictámenes de la UNAB, los que han sido criticados por su carácter arbitrario.

La expulsión del vocero del Consejo de Presidentes

Durante 2016, el estudiante de Derecho Fabian Ceballos ejerció como presidente de su centro de estudiantes y al mismo tiempo como vocero del Consejo de Presidentes de la UNAB. En ese periodo, el joven lideró las movilizaciones en la casa de estudios y tuvo varias apariciones en medios de comunicación explicando el conflicto dentro de la institución, interpelando públicamente a la filial extranjera.

Ceballos se puso a la cabeza del conflicto luego de que el Consejo de Presidentes destituyera a la Federación de ese momento por ser inoperante al canalizar las demandas de los estudiantes. Por lo mismo, el joven fue visto por las autoridades como aquel que incitaba el “desorden” dentro de la universidad. Sin ir más lejos, el dirigente fue sumariado por dar declaraciones a Radio Cooperativa luego de la toma del Campus Bellavista el día 14 de mayo.

Ese fue el primer proceso que se abrió en relación a Ceballos. El segundo sumario fue presentado luego de la toma al Campus La Casona de Las Condes, el día 8 de junio de 2016. En esta reclamación se sindicaba al dirigente como el “líder” de la acción.

Meses más tarde, y luego de estas dos investigaciones, el estudiante fue notificado de la resolución de sus procesos mientras se encontraba en España becado por la universidad. Fue un 28 de diciembre, y el correo decía que el Tribunal de Disciplina había decidido expulsarlo por “participar, incitar y promover la toma”. Para ese momento, al dirigente sólo le restaba rendir su examen de grado para terminar su paso por la UNAB.

La expulsión de Ceballos fue sorpresiva, puesto que ésta no había sido presentada como una de las opciones. “Siempre lo que se habló fue que ningún sumario iba a tener resolución, que no iban a haber sanciones a estudiantes por participar de las movilizaciones. Salvo los que fueran por denuncias graves, cuestión que en mi caso no corresponde y nunca se comprobó”, cuenta.

“Lo hicieron como una doctrina del shock, donde cualquier otro estudiante que pretenda movilizar la universidad o que esté contra sus lógicas de mercado va a tener la misma sanción, perjudicando a una familia completa”, reprocha el estudiante.

Otro caso insigne es el de Mijael Miranda, un estudiante de Derecho que también tuvo rol activo en las movilizaciones del 2016. El universitario ha recibido cinco sumarios en su contra, específicamente por haber sido detenido por Carabineros en el marco de una protesta y otros por denuncias de violencia por parte de estudiantes opositores a la toma, situación que hasta hoy niega.

Apelación denegada y proceso cuestionado

En marzo de 2017, Ceballos comenzó un proceso de apelación ante la decisión de la UNAB, recibiendo una respuesta denegada durante sus distintas etapas. Tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema se ampararon en la autonomía de las instituciones privadas para rechazar el recurso del dirigente.

En este sentido, la defensa del estudiante esgrimió varias razones por las cuales el proceso que sancionó al joven sería “ilegal y arbitrario”: “Nos encontramos en presencia de un proceso caracterizado por ilegalidades, dilaciones indebidas e irregularidades de acuerdo al Reglamento de la propia Universidad”, cita el recurso de protección presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

Algunas de las inconsistencias que se presentaron en el proceso tienen que ver con la conformación del Tribunal de Apelación. Sin ir más lejos, el Código Civil para personas jurídicas sin fines de lucro establece que los cargos administrativos no pueden ejercer funciones disciplinarias, y en este caso fueron tres vicerrectores los que cumplieron ese rol.

En esa línea, el sumario también pasó a llevar el reglamento de la universidad, ya que dos de los funcionarios que aplicaron la sanción no estaban facultados para hacerse cargo de esas responsabilidades. La excusa que le dieron al joven por la ausencia de los miembros correctos del tribunal fue que éstos estaban de vacaciones.

Por otro lado, el mismo estatuto indica que el plazo para presentar cargos o sobreseer a un estudiante luego de un sumario son 15 días hábiles, habiendo pasado 177 días hábiles -entre mayo y diciembre- en el caso de Ceballos.  Adicionalmente, en este caso no se consideró la irreprochable conducta anterior del acusado.

“La instrucción de los sumarios partió durante las movilizaciones. Mas o menos en junio se nos empezó a investigar. Durante ese tiempo nos citaron a declarar e hicimos todo el proceso. Muy extrañamente nuestras condenas fueron informadas en diciembre”, reclama Miranda.

Sobre lo mismo, Ceballos agrega que “hubo amedrentamiento, me decían que me iba a arrepentir de las consecuencias, que no podíamos luchar con un grupo con el nivel económico de Laureate”.

Consecuencias a toda escala

El ex vocero del Consejo de Presidente recuerda que, en medio de las movilizaciones, la universidad le ofreció un viaje a Jamaica con todo pagado por un curso de debate con el fin de que éste intercediera y las manifestaciones se acabaran. El dirigente rechazó esta propuesta siguiendo sus convicciones y hasta ahora no se arrepiente. Si bien su vida se vio afectada en muchos ámbitos, la entereza del joven sigue en alto a poco más de un año de los sucesos.

A nivel familiar, la expulsión del estudiante también tuvo repercusiones que afectaron a sus más cercanos. Por ejemplo, cuenta que luego del extenuante proceso, su madre sufrió una parálisis facial y su padre también resultó muy afectado.

A todo eso, se deben agregar los más de $20 millones que adeuda el joven por concepto del Crédito con Aval de Estado (CAE) con que financiaba su carrera. Por estos días, y luego de golpear varias puertas en distintas casas de estudios, Ceballos se encuentra terminando la carrera de Derecho en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, lugar donde tendrá que cursar varios años más, a pesar de ya haber terminado en la UNAB.

En relación a las consecuencias que tuvo su caso en su anterior universidad, el joven cree la finalidad de su expulsión “era hacer que no se vuelva a repetir un movimiento así, funcionó a la perfección, porque la rearticulación que existe hoy en la UNAB es muy baja por el miedo. Mi expulsión solamente se debe a un tema político”, sentencia Ceballos.

Esta idea es respaldada por Miranda, quien agrega que “las sanciones tuvieron efecto en el alumnado (…) La universidad hizo ver de tal forma la movilización, que ahora la mayoría de la gente se resta de esos conflictos”.

Un detalle que hace gráfico el panorama de persecución en la UNAB es el quinto sumario contra Miranda, el cual fue notificado este 2018 y responde a una intervención del estudiante en una asamblea de facultad. Allí se refirió a ciertas irregularidades que se estaban dando en una de las academias de la institución.

Luego de estos dichos, el historial de procesos sancionatorios contra el joven siguió aumentando, poniendo en duda incluso la entrega de su “Certificado de Honorabilidad” para que éste pueda titularse. Para resolver en parte estas “faltas”, a Miranda se le exigió hacer una aclaración pública retractándose de sus dichos contra la universidad, cosa que el estudiante no ha hecho ni tampoco tiene la intención de hacerlo.

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./ AGENCIAUNO