La publicación de las utilidades de las Isapres en nuestro país ha impactado a la ciudadanía. Y como explicación se ha dicho que para una empresa estas utilidades están dentro de lo esperado, que incluso hay otras empresas que tienen, en el mercado, más utilidades. Por tanto, estas cifras no debieran extrañarnos y también se señala que el tema está en el sistema público de salud con sus largos tiempos de espera para que los pacientes accedan a la atención que requieren, en forma electiva y no GES.

Pero hay algunos puntos que conviene agregar a esta discusión. Primero, estamos hablando de la salud de las personas, que debe ser considerada un derecho y no un negocio. No estamos hablando de bienes de consumo que cada persona puede decidir si desea adquirir o no. Estamos hablando de dignidad, de oportunidad de atención, de acceso y de resultados en salud en un país que sigue siendo profundamente desigual lo que se expresa en duras inequidades en salud.

Entonces digamos lo que no se dice:

Digamos, por ejemplo, que uno de los grandes enemigos para lograr servicios integrados e integrales para la población bajo la premisa de cobertura universal, es la segmentación del sistema de salud de un país. Por segmentación entendemos la coexistencia de subsistemas con distinto financiamiento, compartimentalizados, que cubren a distintos segmentos de la población según capacidad de pago y de riesgo.

Cuando hablamos de un Seguro Publico (Fonasa) que debe dar cuenta de la atención y salud del 82% de la población que vive en Chile y de un Seguro Privado (Isapres) que atiende a la población con menor riesgo y mayor capacidad de pago, hablamos de segmentación. El sistema público concentra poblaciones más vulnerables, con una mayor carga de asegurados de edades extremas y de mujeres.

El 2014, en el sistema público de salud, recibimos una lista de espera no GES para consultas y cirugías de casi 1,8 millones de registros, y el 50% de las personas esperaba por más de 2 años. ¿Era esto aceptable? Estas lamentables cifras fueron por primera vez transparentadas a la ciudadanía por nuestra administración y el primer criterio de priorización que se instaló para su resolución fue la antigüedad en la lista y los pacientes con problemas oncológicos. Luego, en 2016 se priorizó también a niños y niñas de Sename.

Gracias a todas las medidas implementadas como retomar la programación médica en los hospitales, gestión de los quirófanos, telesalud, mejorar la derivación desde la APS, y con todas las restricciones presupuestarias conocidas logramos más de 9 millones de egresos de la lista de espera no GES. Lo que sucede es que cada año, en la medida que se incrementa el acceso, ingresan nuevos pacientes a esta lista. Logramos también disminuir nuestros tiempos de espera en más de 200 días para una consulta médica y en más de 70 días para una cirugía electiva no GES, lo que aún no es suficiente pero está en la dirección correcta.

Entonces, cabe preguntarse, si un segmento del sistema que segrega por capacidad de pago, puede esperar tener listas de espera como las del segmento que recibe a todos los que requieren asistencia en salud, sin discriminación alguna?

Si bien el gasto público en salud en Chile ha tenido un incremento sostenido en los últimos años, por primera vez en el año 2015 alcanza el 4% del PIB (la recomendación de OMS es al menos un 6% del PIB y los países de la OECD tienen un gasto muy superior). A su vez, se estima que el gasto total en salud promedio de un beneficiario Fonasa es de $411.720 y de un beneficiario Isapre es de $1.146.336.

En estudios internacionales, se ha demostrado que el sistema de salud chileno alcanza niveles de eficiencia de 87%, incluso superando los niveles promedio de eficiencia de países OCDE. Sin duda debemos seguir avanzando en mejorar la calidad del gasto en salud, pues la eficiencia en salud es un imperativo ético.

La industria de la salud es una de las más complejas, debe contar con incentivos virtuosos (mecanismos de pago y asignación de recursos) que incentiven el trabajo en red y por tanto la continuidad de atención, la integralidad y la anticipación del daño, todo lo cual es sinónimo de eficiencia sanitaria. Y también debe contar con una adecuada regulación del llamado “mercado de la salud”, que implica asimetrías en sí mismo.

Con el incremento de la tecnología disponible, la investigación destinada a buscar mejores y más sofisticadas terapias, el cambio demográfico y epidemiológico de nuestra población, los inductores del gasto se hacen cada vez más evidentes. Más aún, cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet hicimos un esfuerzo premeditado para conseguir fortalecer la salud pública, con más médicos, y especialistas, con personal de salud mejor remunerado, con mayor producción sanitaria focalizada en los más vulnerables, con un nuevo estándar en infraestructura sanitaria.

Por lo tanto, es necesario preguntarse, con un debate con altura de miras con participación de todos los sectores involucrados, centrado en las personas y su derecho a la salud, como asumir el costo de un sistema público que otorgue mayor oportunidad y dignidad en la atención a sus usuarios.

La sustentabilidad de un nuevo y mejor sistema de salud pública dependerá de cuantos recursos estemos dispuestos, como sociedad, a invertir en salud y a ponernos de acuerdo respecto del origen de esos recursos. Desde allí entonces, vuelve la discusión sobre seguros privados y seguro público, sobre segmentación y discriminación.Hasta ahora, no hemos logrado la madurez política y social para instalar entre ambos subsistemas de aseguramiento (el público y el privado), los necesarios y solidarios vasos comunicantes. Tal vez ya llegó el momento de avanzar hacia una reforma integral, que considere la salud como un derecho para todos los que habitan en nuestro país.


Ex Subsecretaria de Redes Asistenciales