El uso excesivo de la medida cautelar de prisión preventiva –el o los acusados en cuestión se mantienen en la cárcel mientras se desarrolla la investigación y a la espera del juicio correspondiente– es una facultad que viene siendo cuestionada hace algún tiempo, tanto por abogados, imputados y organizaciones como Amnistía Internacional.

Conocidos son los casos de huelga de hambre realizados por ejemplo, por la machi Francisca Linconao –formalizada por el caso Luchsinger Mackay– o los cuatro comuneros mapuche que habían sido formalizados por el caso Iglesias, quienes protestaron –entre otras cosas– luego de ser sometidos a prisión preventiva por más de un año y sin indicios de que el juicio se aproximara.

En ese contexto, el defensor nacional Andrés Mahnke dio a conocer que en Chile, en los últimos once años se ha duplicado la aplicación de la prisión preventiva, según las cifras que maneja la institución que él dirige, la Defensoría Penal Pública, creada en 2011 en el marco de la Reforma Procesal Penal y que tiene como misión garantizar el derecho de las personas a contar con un abogado defensor y de ser tratado como un inocente ante el tribunal

De este modo, y según consigna Lun, de acuerdo a los números presentados en la cuenta pública de la institución, en 2006 la medida cautelar se decretó 15.369 veces, mientras que durante el año pasado se aplicó en 30.981 oportunidades.

El abogado se ha mostrado crítico a la situación, y en varias ocasiones ha señalado que “se está empleando como una condena anticipada”, además de apuntar a que lo anterior contribuye a la sobrepoblación y hacinamiento de las cárceles.

Desde el otro lado, Trinidad Steinert, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, descartó las aseveraciones de Mahnke y aseguró que la medida se pide siempre y cuando se acredita la participación del imputado en el delito y cuando la libertad de esa persona configura un peligro para la sociedad. Además, para ella, el aumento de decretos de prisión preventiva se enmarca en la mayor cantidad de causas que investiga el Ministerio Público.

Otro de los datos llamativos que Mahnke presentó es que en 2017, de las 322.406 causas que ingresaron al sistema judicial, 47.559 personas fueron declaradas inocentes o no condenadas.