Señora directora:

Me desempeñé durante tres años y medio como trabajador a honorarios en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Bío Bío, ubicada en Concepción, siendo llamado el día 16 de abril pasado por el nuevo Seremi, quien me comunicó mi despido en una reunión que no duró más de dos minutos. Los motivos que se me argumentaron para tomar esa medida fueron que se produciría una reestructuración y que iba en línea con la austeridad que demandaba el gobierno en el uso de los recursos públicos, descartando motivos de carácter político y profesional para esa medida. Hasta el momento, desde la asunción del nuevo gobierno, en esa repartición han sido despedidos aproximadamente un cuarto del personal a honorarios, sistema de contrato que se constituye en un 75% de la dotación total, exceptuando a los trabajadores a contrata y de planta.

Señora directora, yo no pongo en entredicho la facultad que las autoridades -en este caso el Seremi- tienen para seleccionar a su personal y escoger a quienes le acompañarán en su administración. Lo que sí me parece discutible y engañoso es el criterio económico como única variable esgrimida para tomar esas medidas, pues en la elección de quienes fueron despedidos no se consideró si los funcionarios hacían bien o mal su labor, sino que sobre la base de quienes contaban o no con respaldo político, independiente de su calidad laboral. Considerando que muchas de las personas desvinculadas -como es mi caso- ejercían funciones estables y necesarias dentro del servicio y no de carácter accidental, como lo señala la ley laboral dentro de las que se debería enmarcar este tipo de vínculo contractual.

Esto genera un sistema de clases dentro del sistema, donde los trabajadores a honorarios son los que se encuentran más desprotegidos y vulnerables frente a los cambios de gobierno y caprichos del jefe de servicio de turno, convirtiéndonos en verdaderos “botines de guerra” y “rehenes políticos” de los ganadores. Ahora bien, no desconozco que dentro del sistema público hay corrupción (y hablo desde mi experiencia, no de oídas) y cuando me refiero a corrupción no necesariamente hablo de robo o malversación efectiva de recursos -que de hecho existe- sino a una que está más sutilmente enquistada, pero que aún así es de la misma gravedad: “trabajadores” que son verdaderamente operadores políticos, que le rinden cuentas a sus “padrinos”, que no realizan ninguna labor efectiva de aporte al servicio y que sólo llegan a cobrar sus suculentos sueldos a fin de mes; sobredotación de personal, donde para labores en las que se requiere una persona hay tres o cuatro haciendo lo mismo, jefes administrativos negligentes y acomodaticios que cuidan primordialmente sus millonarios sueldos, que por supuesto nunca obtendrían en el sistema privado, lo que los convierte en cómplices de estas situaciones.

Cuando el presidente Piñera en sus discursos en campaña afirmaba que los trabajadores públicos eficientes y probos no tenían nada que temer, y que quienes serían despedidos serían los operadores políticos y quienes parasitan del Estado, pensé que se obraría en esa dirección y el criterio meramente económico se enfocaría en los altos sueldos de estos seudo trabajadores. Pero de acuerdo a lo que observé en la repartición donde estuve, una vez que asumió el nuevo gobierno, eso no sucedió; se despidió a personal no militante en su mayoría, con un buen rendimiento y que ejercía labores estables y se “perdonó” a quienes -a sabiendas de que eran operadores- tenían el respaldo de “caciques” que incluso son en la actualidad formalmente opositores al nuevo gobierno, ello por negociaciones ocultas de conveniencia. Todo esto dejó la promesa electoral del presidente Piñera en una mera declaración de intenciones, probablemente entregado al arbitrio de cada conglomerado político y a los parámetros particulares de cada uno de ellos, tal como la teoría del “electroshock” que propugna la senadora Van Rysselberghe de la UDI y del cual el Seremi de Bienes Nacionales es correligionario. Expresando la parlamentaria de esa doctrina: “tiene mala prensa, como yo, pero es eficiente”. Y concuerdo con ella, es necesario tomar decisiones radicales, pero éstas deben ser iguales y justas para todos, no quedar sólo en frases para la galería, afectando sólo a los buenos trabajadores y dejando seguir a otros que profiten por la mera ventaja de tener un “padrino” con el que se negoció en la trastienda.

La tan manida frase de que “el Estado es el peor empleador” se aplica aquí con toda su crudeza, pues los trabajadores a honorarios no están sujetos al Estatuto Administrativo que rige a los empleados públicos ni tampoco al Código del Trabajo. No se posee previsión laboral ni de salud, siendo la precarización y flexibilización impulsada por el estado inmoral, en circunstancias de que a los privados los sanciona fuertemente en caso de su incumplimiento. Nos encontramos en tierra de nadie y nos sometemos a lo que dicte el contrato que, por supuesto, no admite ninguna implicación en su confección de quien presta los servicios, es decir “o firmas o te vas”, por lo que la cláusula que indica que “sin expresión de causa y en cualquier momento” se puede desvincular, se convierte en un comodín bajo el cual se producen las inevitables injusticias, en que operadores políticos, flojos recalcitrantes y personas eficientes son metidas al mismo saco. Estas incoherencias entre la prescindibilidad del Estado para cumplir su labor de garante de justicia social se ve confrontada con los múltiples recursos judiciales, avalados por los fallos de la Corte Suprema, que reconocen la subordinación, dependencia y la existencia de una relación laboral, que significa para el fisco millonarias indemnizaciones, para las que la doctrina del electroshock son indiferentes, pues no salen de los recursos de los partidos políticos, sino que de los impuestos de todos nosotros.

Sería iluso de mi parte reconocer que en el sistema público no hay un despilfarro de recursos y que es imprescindible ordenar los altos costos económicos que demanda mantenerlo, que se considera un “botín” de parte de los partidos políticos para premiar a sus militantes con sueldos no atingentes a la realidad laboral y que, lo peor de todo, éstos hacen activismo político en vez de la función por la que se les contrató. Sin embargo, considero que la responsabilidad para resolverlo está en la toma de conciencia por parte de quienes nos dirigen de que esto no puede continuar más, se debe propender a la creación de una carrera funcionaria donde el mérito y no el compadrazgo primen. Tampoco es la idea criminalizar a quienes militan en un partido como causal de inhabilitación por defecto, sino que se debe enfocar fundamentalmente en las capacidades y ética de quienes forman parte del servicio público. Las autoridades además deben comprender que existen personas, dentro de las que me incluyo y que considero son mayoría, que no ven la realidad con ojos de izquierdas o derechas, progresistas o conservadores, fascistas o comunistas. Sino que están por valores más inmanentes, donde el esfuerzo, capacidad y la ética personal están por sobre esas etiquetas y son éstas las aptitudes que deben ser estimuladas y recompensadas.

Rigoberto Saavedra Poblete
Ex trabajador a honorarios de la Seremi de Bienes Nacionales Bío Bío