Hace unos días el diputado de la UDI, Ignacio Urrutia, en el marco de la discusión del proyecto de Ley de Reparación de Víctimas de la Dictadura, señaló en el Congreso que las víctimas más que exiliados fueron terroristas. Su declaración generó inmediata conmoción en el hemiciclo, parlamentarios de la oposición le manifestaron al Presidente de la Cámara que constituía una provocación inaceptable y que, por tanto, debía disculparse frente a la Cámara y sobretodo frente a las víctimas de la violencia ejercida por el Estado en dictadura. Conocida es la intervención de la diputada Pamela Jiles al encarar a su homólogo, cuestión sobre lo que se ha polemizado lo suficiente como para volver sobre ello. Esta columna, a partir de la crítica a declaraciones efectuadas por parlamentarios, pretende aportar al debate instando a una mayor responsabilidad política.

Las palabras de Urrutia no sólo son impresentables, sino sumamente peligrosas, pues niegan el carácter de víctimas a represaliados de la dictadura cívico-militar pinochetista. Los torturados y prisioneros políticos han sido reconocidos en distintos informes de Derechos Humanos, por lo que negar su condición no se condice con comprender lo que realmente significa la democracia. Esto es, un sistema que resguarda la existencia de un espacio para el disenso, pues asume que las opiniones diversas son fundamentales y enriquecen el debate público, pero al mismo tiempo exige partir de ciertos mínimos éticos. Por lo mismo, entonces, discursos de esta índole no son compatibles con un Estado de Derecho que entiende que la libertad de expresión debe equilibrarse con el respeto de las garantías fundamentales.

La tolerancia implica aceptar las opiniones diversas, aunque se opongan a nuestro pensamiento, pero no transigir en los principios esenciales que fundamentan nuestra sociedad. Pensar que bajo la premisa de la tolerancia se debe aceptar cualquier discurso es desfigurar este bien, es renunciar a un ejercicio crítico que es vital para la democracia, es ponerla en vilo. Esta es la llamada paradoja popperiana de la tolerancia que discurre en torno al discernimiento de que “la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes; si no nos hallamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto como ellos, de la tolerancia”.

En este marco, no se debiera dar tribuna a quienes niegan las violaciones de Derechos Humanos, a quienes pretenden instalar la desmemoria. La apología reivindicatoria de los vejámenes a la dignidad humana que subyace en las declaraciones del diputado en cuestión no sólo sería cuestionada moralmente en países como Alemania, donde la construcción de la memoria histórica se alienta y protege, sino también sería castigada penalmente. Sin embargo, en Chile a día de hoy, Urrutia no ha sido sancionado, sí duramente cuestionado transversalmente, pero continúa ejerciendo sus funciones sin mediar disculpa alguna.

Urrutia no ha sido el único diputado que ha efectuado declaraciones irresponsables, por ejemplo, en el ámbito de la inmigración, durante este mismo año Paulina Núñez, parlamentaria de RN, señaló al programa de televisión Bienvenidos, mientras se examinaba la inmigración en Antofagasta, que “la inseguridad que sentimos hoy día no la teníamos décadas atrás cuando sí recibíamos migración importante como la peruana, la boliviana, esa sensación de inseguridad ha aumentado precisamente por los colombianos porque son más violentos”. Así, sin más, esta legisladora le endosa a la comunidad colombiana la responsabilidad de un mayor grado de violencia que pone en riesgo la seguridad ciudadana. Pero ¿en qué se basa para afirmar aquello? Según su parecer, en los delitos de alta connotación pública que se están produciendo en su región estarían involucrados sobre todo colombianos, de allí derivaría que las personas que provienen de dicho país resultarían más agresivas.

Adosarle a una comunidad un determinado atributo por su nacionalidad no sólo constituye una generalización absurda, sino demuestra un prejuicio enorme, un sesgo a la hora de abordar esta materia. Núñez en reiteradas ocasiones no ha dudado vincular inmigración con criminalidad, a pesar de que las cifras de Carabineros, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio Público son concluyentes en mostrar que no existe relación entre aumento de migrantes e incremento de la delincuencia. Como informa la página institucional de la Defensoría Penal Pública, “la población extranjera en Chile delinque porcentualmente menos que los chilenos”. En este mismo sentido, el segundo boletín estadístico de la Mesa Interinstitucional de acceso a la justicia de migrantes y extranjeros indicó que “el porcentaje de extranjeros y migrantes vinculados al sistema penal es mínimo en relación con el total nacional”.

A pesar de que los datos desmienten categóricamente este mito que se ha levantado en torno a ciertas comunidades extranjeras, sigue muy activo en el imaginario colectivo la idea de que foráneos de determinadas nacionalidades vendrían a delinquir a Chile. Por eso, cabe reflexionar a qué se debe esta errónea percepción. Para dar respuesta a esta interrogante es importante considerar que no pocos políticos en Chile siguen asociando los flujos de personas a la criminalidad, es más el mismo Presidente de la República en su campaña electoral señaló que “muchas de las bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros”; frase que suscitó un sin número de críticas, al igual que las pancartas electorales que Fulvio Rossi instaló en la Región de Tarapacá con el lema “No más migraciones ilegales. Ley de expulsión inmediata a los delincuentes”. Con este eslogan se pretendía reducir la inmigración a la dualidad legalidad/ilegalidad, asimilando a aquellos que se encuentran en situación irregular a la categoría de criminales, sobre los cuales no cabría otra medida que la expulsión.

Se trata de estrategias electorales que explotan la hostilidad hacia los inmigrantes para obtener rédito político. Al respecto, Lohitzune Zuloaga en su obra “El espejismo de la seguridad ciudadana” advierte cómo la seguridad ciudadana se ha tomado la agenda política, de manera que el miedo y la necesidad de la población de sentirse segura se manipulan para obtener rentabilidad electoral. Ello es justamente lo que efectúa Núñez, quién haciéndose eco del aumento de la percepción de inseguridad, continúa reforzando los estereotipos sociales.

Como señala el catedrático Manuel Cruz “la política no es simplemente la agregación de las opiniones de los ciudadanos: es de toda evidencia que en muchos casos los políticos y los expertos saben más que aquellos, entre otras cosas, porque disponen de más información. Lo que hay que hacer es corregir esa ignorancia, no transformarla en valor o mérito (…) se trata es de reconstruir el vínculo político entre representantes y representados, de enriquecerlo y de dotarlo de contenido veraz y crítico”. No se trata de que los políticos “conduzcan de la mano” a sus representados, pretender que la labor pública conlleva señalarles “el buen camino” a los ciudadanos sería caer en un paternalismo que no corresponde. Lo que se propugna es que el político no debe convertirse en el mero traductor de sus electores, su papel no está dado por satisfacer todas las demandas de un sector de la población, su rol no es trasladar las inquietudes de una parte de la sociedad a la legislación, sino considerando las preocupaciones sociales, dar cuenta de esta realidad, siendo cautelosos con la vigorización de los prejuicios y las miradas restrictivas.

De una vez por todas es necesario tomarse en serio la democracia, exigirles a los políticos que partan de ciertos mínimos. Los parlamentarios, debido al rol que ejercen, deberían efectuar declaraciones razonables, que se atengan a los hechos, y no reproducir percepciones que fomentan la violencia y el odio. Los denominados representantes de la sociedad deben estar a la altura de la democracia, y si no es así los ciudadanos tenemos la labor de no tolerar discursos de esta naturaleza. Ya va siendo hora de decir basta a las declaraciones irresponsables y delinear una política que nos permita construir una sociedad auténticamente democrática


Abogada U. de Chile, Máster en Criminología, Política Criminal y Sociología Jurídica Penal de la U. de Barcelona. Becaria de CONICYT Programa de Doctorado de Derecho y Ciencias Políticas en la U. de Barcelona.