Todo comenzó con la denuncia de una joven de 25 años, llamada Fernanda Sandoval, quien acusó eventual incumplimiento de la ley de aborto en tres causales en el Hospital de Quilpué, luego de que varios médicos se declararon objetores y le negaran el acceso al procedimiento por la segunda casual de inviabilidad fetal.

A través de un video, Fernanda relató su crudo testimonio, detallando que ingresó el pasado 6 de abril al recinto con complicaciones en su embarazo de alto riesgo. Tras quedar internada, Sandoval solicitó la aplicación de la ley de aborto por la causal de inviabilidad fetal, a lo que se negó el médico tratante después de definirse como objetor de conciencia.

Al día siguiente, otra profesional revisó su caso e inició el tratamiento de aborto, que terminó siendo por un tercer médico que también se identificó como objetor. De hecho, según contó la joven, la última especialista “me dice que no me va administrar la pastilla, ya que ella era objetora de conciencia”.

Tras comenzar con las contracciones, que finalizaron con la expulsión del feto en su ropa interior, nadie llegó a tiempo a ayudarla: “Pedí ayuda, calmantes y no llegó nadie y tuve a mi guagüita de 15 semanas, que quedó entre mi ropa interior en la cama de la pieza del hospital”, contó.

Incluso tras el retiro del feto, los especialistas siguieron discutiendo sobre la idea de atender o no a la paciente “ya que no estaban de acuerdo con hacerme un legrado porque yo había solicitado la aplicación de la ley por la segunda causal. Finalmente me atendieron igual”, señaló la joven.

Luego de que el caso llegara a ser abordado pos los medios de comunicación, la dirección del Hospital de Quilpué anunció que realizarán una auditoría clínica para revisar el actuar del equipo médico.

Al respecto, la abogada de la Corporación Humanas, Camila Maturana, explicó a La Tercera que Fernanda sufrió “una dilación de la atención médica y ante eso es necesario que se realice un sumario para establecer las responsabilidades personales e institucionales”.

En el recinto médico reconocen “problemas de comunicación”, aunque aseguran que siguieron los protocolos establecidos: “No fue un problema en que no se haya aplicado protocolo o que haya quedado alguna acción clínica sin efectuar”, sentenció Javier Pérez, director del recinto.

Por su parte, la joven paciente interpuso denuncias en el Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y en la Superintendencia de Salud. El caso se suma a lo ocurrido en el Hospital de Curicó, donde una mujer de 22 años, llamada Estefanía Cabello, ingresó con un embarazo de riesgo obstétrico y falleció 10 días después, producto de un aborto séptico. Su familia también denunció demora en la atención e incumplimiento de la ley.

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