Cuando se critica nuestra gestión en salud, las distorsiones e imprecisiones marcan el tono y pareciera que estamos manteniendo un diálogo de sordos, lo que no contribuye a la adecuada convivencia, al debate con altura de miras y mucho menos a seguir avanzando en la mejora de la salud de los habitantes de nuestro país, tema que a todos nos debiera preocupar por igual.

Una y otra vez se intenta desconocer que el gobierno de la presidenta Bachelet puso en marcha el plan de salud pública más ambicioso de la historia, con resultados a la vista y uso de los ciudadanos. En 2014 nos encontramos con 1,8 millones de personas en listas de espera (LE) no GES, de las cuales el 50% esperaba por más de 2 años. Esto fue transparentado por primera vez por nosotros y con medidas de gestión redujimos los tiempos de espera en más de 200 días por una consulta médica y en más de 70 días para una cirugía, realizando más de 9 millones de egresos de esta LE (52% más que el gobierno anterior). Determinamos reemplazar el sistema de información iniciado el 2011 y llamado Repositorio Nacional de Listas de Espera (RNLE) por un nuevo sistema llamado Sistema de Gestión de Información de Tiempos de Espera (SIGTE) pues nosotros acuñamos en nuestro país ese término. Lo que les importa a las personas es cuánto tiempo deben esperar por una atención. El SIGTE es un sistema más integral e interconectado con otros, que permite mejor seguimiento clínico de los pacientes, que permite priorizar según distintos criterios a los pacientes en espera y que agrega además un portal ciudadano donde las personas podrán saber en qué lista de espera están y modificar sus datos de contactabilidad para ubicarlos más fácilmente, entre otras ventajas. Dejamos este sistema en plena puesta en marcha, con un cronograma definido, al finalizar nuestra administración.

Dejamos 23 hospitales construidos, 35 en construcción o licitación y 18 en diseño o estudio y cientos de establecimientos de atención primaria, y con ello le cambiamos la cara a la salud pública, entregando dignidad a las poblaciones más vulnerables. La implementación de los hospitales fue con la tecnología más avanzada de modo que pudieran ser utilizados, independientemente de su complejidad, como centros resolutivos a través de rondas médicas. Ejemplo de ello es la resolución de listas de espera de cirugía en lugares tan alejados como Futaleufú o Puerto Aysén, evitando el desplazamiento de los pacientes.

Dejamos más de 4.000 especialistas en formación, integramos a las redes más de 3.000 nuevos especialistas y más de 1.400 médicos y odontólogos en atención primaria. Todo esto para hacer realidad lo que he señalado en el párrafo anterior y luchar contra las sociedades médicas y la mercantilización de la salud que tan mal ha hecho a nuestro sistema, por años.

Pusimos en marcha la ley Ricarte Soto y los programas de atención primaria de acceso a medicamentos, enfatizando salud bucal y salud de adultos mayores. Incrementamos la producción de telemedicina, de cirugía ambulatoria, de hospitalización diurna y de hospitalización domiciliaria. Implementamos el modelo de integración de redes de salud cuyo centro y foco es la estrategia de Atención Primaria. Trabajamos en las redes de salud sin fronteras físicas, a través de Directorios de Compra, de trabajo en macrozonas y de esfuerzo en el territorio con pertinencia cultural, con equidad de acceso y continuidad de atención.

Auditamos las más de 400 sociedades médicas que nos encontramos en los hospitales, instalando medidas de mejora, así como nuevas reglas de gestión administrativa y financiera que mejoraran el cumplimiento y el apego a la eficiencia, probidad y Ley de Compras Públicas.

Todo esto está documentado y fue parte de la entrega a las nuevas autoridades.

El sistema de salud fortalecido que merece todo habitante de nuestro país presionará  mayor gasto fiscal y dejamos en la Ley de Presupuesto 2018 un estudio de sustentabilidad del sistema, que incluye diseñar  nuevos   mecanismos de asignación de recursos que incentiven virtuosamente  la integración de los cuidados en salud, en la lógica de la cobertura universal en salud. Nuestro gasto en salud pública es de 4,3% del PIB y OMS recomienda al menos 6%. Un estudio internacional demostró que nuestro sistema cuenta con 87% de eficiencia y se compara con países europeos. En The Economist, de abril 2018, se señala que en Costa Rica y Chile el gasto en salud por persona es un 12% del gasto en salud de Estados Unidos, con la misma expectativa de vida y también, en el mismo artículo, se reitera la necesidad de avanzar en cobertura universal en salud para todos los países.

La segmentación de nuestro sistema de salud según capacidad de pago y riesgo de la población (Fonasa con el 82% de la población e Isapres), transforma a la salud en un bien de consumo en vez de entenderla como lo que es, un derecho, atentando contra la cobertura universal. Ahí está la nueva oportunidad que las nuevas autoridades hoy día tienen. Una discusión y debate de alto nivel con los actores correspondientes, con la participación de todos los actores sociales. Como avanzar hacia un sistema solidario que entienda la salud como un derecho, a través de sistemas integrales e integrados de salud, luchando contra la mercantilización, la segmentación y la fragmentación del sistema.

Seguir distorsionando cifras, para desprestigiar aquello que se hizo con esfuerzo y convicción, no conduce al buen debate que se requiere hoy día. Chile no se construye cada 4 años, los males arrastrados por años tampoco se resuelven en 4 años.

Los aprendizajes deben servir para seguir avanzando, para construir sobre lo ya realizado, para construir el Chile que nos convoca a quienes siempre creeremos en una Sociedad de derechos centrada en las personas y en su calidad de vida.


Ex Subsecretaria de Redes Asistenciales