Desde el retorno a la democracia, el sindicalismo ha sido incapaz de sobreponerse a más de 25 años de estancamiento, con cifras que apenas han sobrepasado el 10% de sindicalización del total de trabajadores del país (y ascienden a entre un 15% y un 20% entre los asalariados del sector privado), y una cobertura de negociación colectiva aun inferior. Ante esta debilidad, hubo quienes pusieron sus esperanzas de revitalización sindical en la Reforma Laboral impulsada por Bachelet, que a casi un año de su implementación y tal como fue señalado transversalmente durante su tramitación, no ha generado ningún cambio positivo de relevancia, agregando dificultades como la pugna por la definición de los servicios mínimos, y la mayor intervención del Estado con una probable disminución de la conflictividad.

Desde los sectores sindicales más críticos del Gobierno, este escenario era previsible dadas las correlaciones de fuerza existentes al momento de legislarse el nuevo Código del Trabajo, notoriamente proclives a un organizado mundo empresarial, que contrastó con la falta de unidad y la dispersión política de los trabajadores. Por lo demás, esta condición de equilibrio desigual de poder entre capital y trabajo, expresada en la institucionalidad estatal, es indispensable para el funcionamiento de cualquier economía capitalista, y por lo tanto muy difícil de alterar sin la existencia de un movimiento sindical fuerte capaz de impulsar transformaciones estructurales en favor de las mayorías trabajadoras.

De hecho, la historia del movimiento obrero chileno puede ser analizada, entre otros enfoques, como un proceso pendular de avances y retrocesos en la construcción de una organización unificada que represente los intereses y el poder de los trabajadores frente al Estado y el capital. Los mayores hitos en esta trayectoria, si bien en contextos completamente distintos, fueron sin duda la formación de la Federación Obrera de Chile (FOCH) en 1909, la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCh) en 1936, la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953, y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en 1988.

Con mayor o menor éxito, estas organizaciones buscaron darle un soporte efectivo a los sindicatos de base en sus batallas convencionales por la mejora de condiciones laborales y salariales, pero también generar un movimiento político-sindical que definiera e impulsara las demandas más representativas del sindicalismo a nivel nacional. El desafío no era ni es menor, ya que implica dotar de cohesión política y orgánica a una clase trabajadora diversa ideológicamente, y fragmentada en cientos y miles de sindicatos a nivel de base, fenómeno que se extendió tempranamente a partir de su legalización en 1924.

A nuestro entender, son estas dos tareas las que debe acometer cualquier Central de trabajadores en el país. La primera, de apoyo a los conflictos y huelgas de base, requiere de una capacidad logística compleja pero realizable, en la medida que existan los recursos y una estructura fuerte a nivel de regiones y comunas, con dirigentes con la posibilidad (vía fuero sindical) y voluntad explícita de llevarlo a cabo. Pero también es condición de posibilidad la unidad de los sindicatos de base, las federaciones y confederaciones, que pueda expresarse de manera solidaria durante los conflictos con fondos comunes, apoyo presencial y otros mecanismos que se estimen convenientes. De este modo, se puede potenciar objetivamente la capacidad de los trabajadores y trabajadoras de mejorar sus condiciones laborales, y promover su organización en el trabajo como mecanismo para lograrlo.

La segunda tarea, generar unidad desde la diversidad ideológica y política de la clase trabajadora, parece mucho más difícil porque ésta se ha ido diferenciando junto con las transformaciones del capitalismo, produciendo intereses divergentes entre sectores de trabajadores en el corto plazo y mediano plazo. De lo anterior, y de las trayectorias culturales e históricas que van formando, surge la multiplicidad de partidos políticos a los que adhieren o son simpatizantes las y los trabajadores más politizados, quienes por obvias razones acaban generalmente siendo dirigentes de sus respectivos sindicatos. En un contexto así, la única forma de avanzar en la unidad es encontrando los mínimos intereses comunes a partir de los cuales sea posible emprender un trabajo en conjunto.

¿Cómo podemos llegar a estos intereses en común? Desde luego, no desde la imposición de nuestra visión particular, sea cual sea. Si partimos por reconocer a la unidad y solidaridad como medio indispensable para avanzar en las demandas de las mayorías trabajadoras, en seguida debemos aceptar las diferencias ideológicas y la diversidad partidaria como una situación consumada y legítima al interior del movimiento sindical, y no como una intromisión ajena y necesariamente perversa. La existencia de dirigencias o bases sindicales “radicalizadas”, “amarillas” o incluso “apatronadas”, se expresen o no en partidos, lejos de constituir justificaciones para segmentar debieran tomarse como un desafío a enfrentar desde nuestra misma clase: hacer un sindicalismo capaz de encontrarse y debatir con quienes piensan de otra manera, contribuyendo a la formación política colectiva a través de la exposición de puntos de vista que probablemente se desconocen o han sido caricaturizados por otros sectores, mostrando en la práctica nuevas formas de acción y organización, criticando cuando y donde corresponda, en fin, mostrando con el ejemplo que otro sindicalismo es posible.

Para que de esto último emerja la genuina construcción de una identidad y un proyecto político compartido como clase, es imprescindible que la organización llamada a hacer carne la unidad sindical tenga mecanismos plenamente democráticos, transparentes y éticos para la elección de sus dirigentes y la toma de decisiones, es decir, un sistema de votación universal y de consultas vinculantes. Pero así como la democracia sindical es precondición para la unidad, la central más democrática posible sin verdadera vocación de unidad no será más que un simulacro.

En otras palabras, una verdadera Central requiere volverse un espacio en el que, sin exigir a priori que tenga alguna orientación política específica, exista el derecho a disputar su orientación y a volverla mayoritaria con los métodos que la tradición sindical ha enseñado a nuestra clase. Este es justamente el camino que tomó la mayoría de la izquierda clasista en la antigua Central Única de Trabajadores en su segundo Congreso (1959), cuando para lograr unificar a la totalidad de los sindicatos y federaciones accedió a modificar sus antiguos y combativos estatutos, quitando el objetivo explícito de construcción del socialismo, y planteando en su lugar la oposición al capitalismo y la instauración de un régimen político y social que superase la sociedad de clases. ¿Retroceso para la izquierda? Es posible, pero desde el punto de vista de sus protagonistas, fue un paso táctico necesario para avanzar en la unidad estratégica de la clase organizada, condición de posibilidad de cualquier proyecto socialista.

El mismo espíritu también animó los debates en la formación de la Central Unitaria de Trabajadores en 1988, en un contexto dramáticamente diferente en el que las posiciones clasistas eran una clara minoría, y no podía ser de otro modo ante su casi nula presencia en el mundo sindical durante las primeras dos décadas de transición a la democracia. Aprovechando esta situación, se impuso un mecanismo indirecto, fraudulento y en lo medular, antidemocrático para la elección de los dirigentes, que hasta el día de hoy ha sido imposible cambiar. De hecho, ello ha motivado a una incipiente disidencia dentro de la CUT a cuestionar a varios de sus dirigentes y dirigentas históricas dentro y fuera de su organización -e incluso ante la justicia- por acciones que atentan contra la ética, autonomía y democracia sindical. Y es que marginarse de aquella disputa optando por espacios de confort justamente cuando las fuerzas clasistas comienzan a recuperarse, le hace un flaco favor a los trabajadores que están afiliados en las más grandes organizaciones sindicales del país, y jamás optarán masivamente por cambiarse de la CUT a otra Central solo porque la alternativa tiene un discurso más revolucionario.

Así, en lugar de continuar con la lógica del paralelismo que ha resultado tan perjudicial en la historia del movimiento obrero, parece mucho mejor alternativa negociar, entre organizaciones sindicales reales y sus legítimos dirigentes, un acuerdo político que permita la refundación de una Central Única, radicalmente democrática y que represente políticamente a nivel nacional y con una sola voz al mundo del trabajo. Con la masividad y el potencial que esto implicaría como piso, sería tarea de las y los militantes sindicales hacer un trabajo de divulgación, debate y convencimiento con las bases para que puedan avanzar sus respectivos proyectos políticos. Llegaría, en suma, la hora de la verdad en la política sindical.

Firman:

Hernán González, Dirigente SINTEC-Chile
Andrés Giordano, Presidente Sindicato Starbucks
Sebastián Osorio, Dirigente Sindicato de Honorarios U. de Chile