El Derecho a la Vivienda y a la Ciudad: Una disputa por el sentido común

Las personas en nuestra vida cotidiana solemos tomar como ciertas las “verdades” que el mundo nos presenta, y en gran medida las hemos asumimos como auténticas e indiscutibles, haciendo que nuestras demandas y respuestas comúnmente se ajusten a ellas. Sin embargo, esas verdades son producidas por nuestra misma sociedad, muchas veces construidas por actores específicos y privilegiados de acuerdo con intereses, valores y principios ideológicos a los que representan, haciendo que estas verdades después de un tiempo pasen a ser aceptadas por todos y sean asumidas como si fuesen naturales cuando en verdad no lo son. En el caso de la vivienda y la ciudad, estas verdades han definido un sistema de producción espacial que categoriza, segrega y excluye a todos los elementos que están al margen de su ámbito de validación. En términos generales, el Derecho a la Ciudad, concepto instalado por el filósofo y sociólogo francés Henri Lefebvre en 1968, viene en primer lugar a poner en discusión lo aceptado, lo validado en materia de la producción de la ciudad que se encuentra al amparo de una racionalidad económica que asume el espacio y los territorios como mercancías. A su vez, también propende una nueva forma de producir el espacio habitable, una donde el rol de las comunidades toma una importancia relevante, reivindicando su derecho a ser dueñas y protagonistas de una ciudad que ellas mismas han construido. El tema por tanto no pasa por instalar una nueva verdad, sino por establecer las bases de un nuevo acuerdo social que nos permita superar nuestra actual ceguera al cambio y abrirnos a la posibilidad de ser protagonistas del territorio que habitamos.

En nuestro país, las verdades sobre el modelo de producción de la ciudad se sustentan en una ideología de mercado que se han venido desarrollando desde la segunda mitad del siglo XX,  profundizada bajo la dictadura militar pinochetista, la cual establece que las virtudes del libre mercado pueden permitir de mejor manera a la sociedad proveer de bienes y servicios, permitiéndole alcanzar su pleno desarrollo toda vez que aumenten las atribuciones del mercado y se repliega la acción del Estado a un rol meramente subsidiario. Estos principios se han mantenido vigentes hasta nuestros días bajo una racionalidad técnica y económica aparentemente neutral, objetiva y de carácter progresista, pero que en rigor termina por convertir a los espacios, incluida la vivienda, en mercancías, en bienes de consumo sobre los cuales se puede especular económicamente y generar acumulación de capital.

Así, por ejemplo, en materia habitacional, se ha asumido que el mercado puede organizar de mejor manera la provisión de viviendas, ya que la capacidad del sector privado para aportar nuevas tecnologías, así como el capital necesario para su ejecución, pueden asegurar una producción más eficiente y de mayor calidad que satisfaga las necesidades de las familias de acuerdo con sus posibilidades, según lo que por ellas se pueda pagar. En relación con el tipo de tenencia, también se asume que las viviendas en propiedad son mejor conservadas que las viviendas en otro régimen, como en arrendamiento o comodato, las que se estima se deterioran más rápido, haciendo que el Estado, en el caso de las viviendas de interés social, tenga que realizar gastos adicionales en su mantención. Esta idea explica en parte la razón por la cual la producción de viviendas con fondos del Estado está orientada a entregar viviendas en propiedad, incluso desde mucho antes de la dictadura. Otro elemento central del actual modelo de producción habitacional es el cuidado por la estabilidad del sistema financiero orientado a la vivienda, de manera de lograr captar los recursos adicionales que permitan complementar la acción del Estado. Para ello se han liberalizado las restricciones al crecimiento de dicho mercado y reduciendo, tanto como sea posible, la dependencia al sistema financiero fiscal, permitiendo así consolidar un mercado financiero amplio y dinámico que asegure la libertad de competencia entre las instituciones. Todo ello bajo una racionalidad administrativa y económica que permita aprovechar de mejor manera los recursos con los cuales se cuenta. El éxito aparente de esta política habitacional ha sido dimensionado en función de la disminución del déficit cuantitativo, vale decir, en la cantidad de viviendas producidas, sin tener mayores consideraciones por su localización o la satisfacción de las necesidades reales de las familias que van más allá de la provisión de un techo. Incluso así las familias que aún viven en campamentos siguen siendo un número importante y demuestran las inclemencias del mercado al que solo algunos pueden acceder.

Con todo ello, la Política Habitacional postdictadura ha naturalizado la desestatización de las actividades inherentes a la vivienda de interés social, traspasando al sector privado las funciones que implican su producción, limitando su accionar sólo a las funciones que se relacionan con la elaboración de las normas y la entrega de subsidios habitacionales a la demanda, un voucher que se entrega a las familias a fin de poder adquirir una vivienda en el mercado habitacional, pero que en rigor terminan siendo un subsidio estatal a la acumulación privada, particularmente a las empresas inmobiliarias. El principio de subsidiariedad, cuyas raíces teóricas se encuentran en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, estaba orientado inicialmente al bien común, y establece que el Estado debía abstenerse de intervenir en donde las comunidades o grupos más pequeños pudieran dar respuestas por sí mismos a la satisfacción de sus necesidades y requerimientos, a la vez que debía apoyarlos técnica o económicamente a cumplir sus metas. Así, el neoliberalismo ha transgredido ese principio original de subsidiariedad al redefinirlo y apropiárselo como una herramienta para la acumulación de capital.

La reproducción de estas lógicas mercantiles, tanto en los programas habitacionales como en las políticas urbanas, ha producido una ciudad segregada y desigual. Sobre todo, ha eliminado la participación de un amplio espectro de actores sociales en la producción del hábitat, invisibilizando narrativas, diagnósticos y propuestas que surgen desde el territorio. Este proceso se profundizó durante la dictadura pinochetista, la cual sacó la participación de los pobladores de la construcción del hábitat al reprimirlos y dispersarlos, acentuando las condiciones de desigualdad espacial, para luego transformarlos en “beneficiarios” de un proceso pensado y realizado por otros. Estos efectos, entre tantos más, responden a principios de mercado que definen el modelo de producción del espacio, el cual a su vez intenta hacer parecer que su propósito es del interés común de la sociedad. De esta manera, la superación del neoliberalismo necesita de nuevas propuestas para la producción de la ciudad desde una perspectiva de derechos, la cual sea pertinente con la realidad y las necesidades de las personas.

En este escenario, la contribución que hace el concepto de Derecho a la Ciudad y a la Vivienda Digna, no solo se ajustan a los reclamos de sociedad hastiada, sino que pone en discusión las verdades aparentes de un modelo de producción que parecía incuestionable, aceptado como cierto incluso por aquellos que quisieron tomar las banderas de la justicia social después de 16 años de dictadura. También avanza en definiciones claras que nos acerquen a un nuevo pacto social que reconoce, entre otras cosas, la vivienda desde su función social, su valor de uso por sobre su valor de cambio; la dignidad de las personas por sobre la propiedad de un bien; la producción social del espacio como un imperativo, en donde las comunidades tienen un rol vinculante en la construcción de la ciudad en las cuales viven, no solo consultivo, una corresponsabilidad que es asumida entre los diferentes actores implicados. La meta es avanzar hacia el buen vivir de la sociedad, en donde se reconozca el suelo, la vivienda, el hábitat y la ciudad como derechos y no como mercancías, profundizando el ejercicio de la democracia, promoviendo los derechos colectivos y no solo los privados, y finalmente, fomentando los valores comunitarios, de reciprocidad y complementariedad por sobre la competitividad.

Los desafíos que están por delante conllevan en primer lugar, bajar este concepto tan comúnmente utilizado en la academia, y socializarlo, modificarlo, deconstruirlo y darle significado desde la realidad cotidiana, esto es, desde los propios habitantes. En esa línea resulta muy interesante el constante trabajo que hacen distintos movimientos sociales, como la Federación Nacional de Pobladores, el Movimiento de Pobladores en Lucha, la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales, el Frente de Resistencias Urbanas y tantos otros. Dentro de ellos, éste último organizó y convocó el recién pasado 24 de marzo la IV Marcha Nacional por el Derecho a la Vivienda y la Ciudad, instancia a la que como Revolución Democrática y Frente Amplio también adherimos. En este espacio convergen diferentes organizaciones de pobladores, comités habitacionales, sindicatos de trabajadores, asociaciones barriales y patrimoniales, movimientos de migrantes, así como organizaciones de carácter político y académicos, lo cual propicia una articulación teórica, política y también social, recogiendo y poniendo en valor las diferentes experiencias en la construcción de significados comunes. Este desafío implica por tanto tematizar el discurso político a través de nuevos significados, y a la vez vincular las distintas luchas a partir de los conflictos urbanos y habitacionales producidos en la ciudad, pero también en los territorios. El derecho a la ciudad recoge también los problemas territoriales que no solemos entender como urbanos, pero donde la producción mercantilizada de los espacios también se expresa y tiene impactos desastrosos en las comunidades y sus asentamientos, como son el caso de las actividades mineras, la agricultura industrializada, las salmoneras o las plantaciones forestales. Todo ello busca abrir la discusión a nuevas formas de producción de la ciudad y el territorio, posicionando el fortalecimiento del tejido social como motor de desarrollo, superando nuestra ceguera al cambio y permitiéndonos disputar el sentido común.