La tarde de este miércoles la Contraloría General de la República dio a conocer su dictamen con respecto al protocolo de objeción de conciencia que rige para la ley de aborto en tres causales, el polémico texto que la administración de Piñera modificó a dos semanas de su llegada para que las instituciones privadas pudieran acogerse a dicha facultad a pesar de mantener convenios con el Estado.

A través del documento, el ente fiscalizador señaló que el nuevo documento no se ajusta a derecho principalmente por dos razones: primero, porque los establecimientos de salud públicos no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es una función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud.

En segundo lugar, indica que las instituciones de salud privadas que tengan convenios con el Estado tampoco pueden acogerse a la objeción de conciencia, puesto que al recibir financiamiento público se entiende que sustituyen a los servicios de salud, y que forman parte de la Red Pública de Salud.

La decisión de llevar el documento hasta Contraloría fue de un grupo de parlamentarios de oposición (PS, PR, PC y PPD), quienes además interpelaron al ministro de Salud Emilio Santelices, quien no pudo argumentar con datos y cifras su determinación en el Congreso el pasado 2 de mayo.

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