Ante un dólar por sobre los valores estimados, la sexta inflación más alta del mundo, una devaluación del 4,61% frente a la divisa norteamericana y un sueldo mínimo en que falta un 6% más para poder pagar las boletas de luz y gas, el presidente Mauricio Macri anunció el inicio del diálogo con el FMI para recibir asistencia económica.

“He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario”, expresó el jefe de Estado la mañana del martes 8 en la Casa Rosada, cuestión que, según Clarín, se traduciría en la petición de un préstamo de unos 30.000 millones de dólares.

“Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores: está subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de los países emergentes”, agregó el mandatario culpando al escenario internacional de la realidad económica argentina.

De la misma forma, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne aseguró: “nosotros (el gobierno) pensamos que, en este contexto, la mejor manera de proteger a la sociedad argentina, de proteger los créditos del sector privado, es recurrir al financiamiento preventivo”, y agregó que el país “está creciendo y está disminuyendo el desempleo”.

El 3 de enero de 2006, el presidente de ese periodo, Néstor Kirchner, canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9 mil 800 millones de dólares, medida que permitió el ahorro de intereses en deuda externa y el cierre de la puerta a la entidad internacional para entrometerse en políticas nacionales.

Solicitar el auxilio económico al FMI, como lo evidencia la realidad de los estados que ya lo experimentaron, supone sojuzgar la autonomía económica y política nacional.

¿Volver a 2001?

En 2001 Argentina vivió una de las más grandes crisis que penetró en su historia económica, patentada por el lema “¡Que se vayan todos! (refiriéndose a los políticos)” que fue acuñada por una gran revuelca popular cuyo ímpetu movilizó la huida del presidente de ese entonces en un helicóptero que partió desde la Casa Rosada.

El mandatario Fernando de la Rúa afrontó un período de recesión palmaria por una alta inflación, deuda externa impagable, pobreza extrema y recaudación fiscal mínima que afrontó con políticas de vaciamiento y robo, como el decreto renombrado como “Corralito” que consistió en la limitación del gobierno a la libertad para disponer de los dineros en efectivo depositados en entidades bancarias.

En cifras, según la Cepal, Argentina llegó 35,4% de pobreza en el 2001, mientras que en la actualidad, de acuerdo con un informe del INDEC esa cifra alcanzó el 25,7%. Asimismo, la Universidad Católica Argentina advirtió que la pobreza infantil en 2017 subió del 60,4 al 62,5 (8.2 millones de niños) por ciento.

Pero para entender la condición económica de 2001 es necesario conocer el ejercicio del gobierno predecesor. En este sentido, Carlos Menem (que presidió el país entre 1989 y 1999 gracias a una reforma constitucional que permitió su reelección) instaló el neoliberalismo en Argentina e impulsó políticas económicas como la famosa la Ley de Convertibilidad (estableció la paridad cambiaria un dólar un peso argentino), la privatización o concesión parcial de decenas de empresas nacionales (entre ellas Aerolíneas Argentinas y el Gas del Estado), entre otras medidas.

Domingo Cavallo, ministro de Relaciones Exteriores y de Economía en las administraciones de Menem y De La Rua, fue el blanco impulsor de las principales medidas económicas tomadas en ese periodo (como el “Corralito”). El mismo, actualmente asesora a Mauricio en manejo de deuda externa.

Antes del estallido de 2001 que culminó en caóticas jornadas de movilización, paros, cortes de ruta y saqueo de supermercados entre el 19 y 20 de diciembre, Domingo Cavallo fue a Estados Unidos para gestionar un préstamo al Fondo Monetario Internacional, misma acción que hoy lleva a cabo el presidente de Argentina en un país inmerso en una tesitura análoga a la que en 2001 generó el asesinato de 39 personas que se manifestaron contra la crisis humanitaria, económica, financiera y política suscitada por disposiciones económicas que hoy se conjugan de la misma manera que en esa fecha.

La inflación y devaluación actual generan una pérdida del poder adquisitivo, y eso sumado a la eliminación parcial de subsidios a servicios básicos derivó en que los aumentos sean desproporcionales e históricos.

En los tres periodos mencionados la variable es la misma: son gobiernos que trabajaron al servicio de las lógicas empresariales en detrimento de las necesidades sociales.

Empero aún hay una traba que el gobierno debe enfrentar ya que la emisión de deuda es una atribución que la Constitución Nacional (Artículo 75) exige sea avalada por el Poder Legislativo -sólo en caso que este préstamo sea destinado a obras públicas-, razón por la cual el Congreso es ahora el encargado de dirimir el futuro del país.

Para entender más sobre la crisis de 2001: