Ante la solicitud efectuada por parte de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en relación con la polémica generada en la opinión pública en torno a la muestra “hijos de la libertad: 200 años de independencia política” Montada en el Museo Histórico Nacional, la Asociación de trabajadores por el Patrimonio del Consejo de Monumentos Nacionales, declara:

1. El director del Museo Histórico Nacional corresponde a un cargo directivo por concurso público, dependiente de la Subdirección de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, cuyo responsable político es el Subsecretario del Patrimonio. Motivo por el cual, la responsabilidad política de los eventuales errores curatoriales corresponde a otras autoridades y no al director del Museo Histórico Nacional ni a su equipo, quienes son trabajadores del patrimonio subordinados a su superior jerárquico y al estatuto administrativo del sector público que los rige.

2. Nos parece preocupante que de parte de la ministra Alejandra Pérez se utilicen este tipo de maniobras comunicacionales, para destituir al actual director del Museo Histórico Nacional argumentando responsabilidades políticas que, de existir, corresponderían a eventuales faltas administrativas que debiesen procesarse por los canales administrativos establecidos para evitar la arbitrariedad de cualquier autoridad de turno. Toda vez que se argumentan eventuales identificaciones de actual director con los crímenes en contra la humanidad cometidos por la última dictadura militar.

3. El Dr. Pablo Andrade, actual director del Museo Histórico Nacional, antropólogo de profesión, es un profesional de la cultura con una trayectoria intachable al interior del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, comprometido con los procesos de consolidación democrática en nuestro país y en Latinoamérica. Prueba de ello ha sido su defensa irrestricta del proceso de Paz en Colombia, participando como experto en temáticas de políticas de memoria en situaciones de post conflictos. En nuestro país ha sido uno de los impulsores al interior del Consejo de Monumentos Nacionales, de la protección de 28 sitios de memoria que el Estado chileno ha reconocido públicamente a la fecha y promotor de la apertura de las salas del Museo Histórico a través de la presentación de los procesos de reforma agraria y los aportes de los trabajadores de ENAP y de la construcción de la democracia.

4. Si bien concordamos con la opinión pública respecto a la búsqueda de las mejores herramientas curatoriales y pedagógicas para denunciar las violaciones a los derechos humanos, rechazamos esta maniobra comunicacional y a la vez hacemos un llamado a propiciar tanto el óptimo funcionamiento de los conductos de la administración pública y a los espacios idóneos para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet Ugarte.

5. Con el ánimo de contribuir a la democratización de la memoria histórica y como una medida que daría cuenta de una voluntad efectiva por condenar los crímenes en contra la humanidad, manifestamos nuestra voluntad de propiciar una política pública de desmonumentalización de símbolos y elementos conmemorativos de aquellas personas e instituciones que han promovido y son responsables de crímenes en contra la humanidad, en sus diversas formas de genocidio, tanto material como cultural.

Finalmente, como Trabajadores del Patrimonio, manifestamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los Derechos Humanos y de las medidas de reparación simbólica hacia las víctimas, los familiares y la sociedad en su conjunto.

Asociación Gremial de Trabajadores por el Patrimonio
Consejo de Monumentos Nacionales.