Las cifras que el ministro de Salud, Emilio Santelices, presentó a Contraloría para justificar la derogación del antiguo protocolo de objeción de conciencia han sido cuestionadas y rebatidas por la ex subsecretaria de Redes Asistenciales del gobierno pasado, Gisela Alarcón.

En el documento de Santelices se indicaba que habrían al menos un millón 200 mil prestaciones “amenazadas” de realizarse, cifra similar al 1,9 millón que informó durante la interpelación en la Cámara de diputados. Esto, basado en los seis centros que tienen convenio DFL 36: los recintos de Panguipulli, Parroquial de San Bernardo, Maquehue y Puerto Varas, además de los hospitales de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Además, el documento agrega que esas seis instituciones “otorgan 77.504 prestaciones solo considerando el ámbito ginecobstétrico ambulatorio y 35.325 egresos de hospitalizaciones de mujeres”.

La supuesta “amenaza” venía por la medida establecida en el protocolo original -de la anterior administración- que establecía que los centros privados que tuviesen convenio con el Estado mediante el Decreto con Fuerza de Ley N° 36 (DFL-36) para realizar prestaciones gineco-obstetras, no podrían ser objetores de conciencia institucional.

Según La Tercera, Alarcón explicó que, en el marco del acuerdo DFL-36, las cifras incluyen al Hospital de la U. de Chile, con 661 mil prestaciones ambulatorias, 39 mil ginecobstétricas y 13 mil egresos de mujeres. A su vez, la U. Católica aparece con 299 mil atenciones ambulatorias, 20 mil atenciones ginecobstetras y 12 mil egresos de mujeres. “No quiero decir que esas cifras son falsas, pero no se entiende en qué se basó el ministerio para obtenerlas, no nos cuadran los números. ¿Por qué aparecen como en riesgo las prestaciones de la U. de Chile, si ese centro nunca ha sido objetor? Y ¿cuáles son esos convenios tan grandes que generan tal cantidad de egresos en el caso de la Católica, donde los convenios son ambulatorios? Eso hay que aclararlo”, dijo Alarcón.

La ex subsecretaria explicó que los hospitales de Pucón, Maquehue y Panguipulli son comunitarios y no tienen el alto riesgo obstétrico necesario para hacer abortos, por ende, no se esperaba que la ley se implementara en estos recintos. “Y si se quisieran declarar objetores, efectivamente tendrían que dejar los convenios y las otras prestaciones podrían verse alteradas, pero son pocas”, sostuvo.

Además, explicó que el convenio que tiene la U. Católica “es ambulatorio y corresponde a un nivel de complejidad donde se no implementa la ley de despenalización del embarazo, así que no quedaba afecta a la restricción”.