El fiscal Marcos Emilfork lidera una investigación por presunto fraude al fisco en el Ministerio de Justicia, donde busca determinar a los responsables de irregularidades presentadas en el programa Ascar.

Según informó anoche T13, la idea de esta iniciativa era mejorar las atenciones en las cuestionadas residencias del Servicio Nacional de Menores (Sename). Pero durante las investigaciones por las muertes de niños y adolescentes en estos recintos se detectó que hubo pagos irregulares o que se hicieron sin haberse prestado los servicios que los motivaban.

El licenciado en Teología y ex funcionario del Ministerio de Justicia, Franlkin Ceballos, reconoció que le pagaron más de $5 millones por funciones que no realizó. Además explicó que fue reclutado por Ascar luego de un almuerzo con el ex diputado Pedro Araya y la ex ministra de Justicia, Javiera Blanco.

El reportaje también consingnó que el programa social fue reimpulsado por el también ex titular de Justicia, José Antonio Gómez, quien visó, a través de sus asesores, la contratación a honorarios de la actriz Ana María Gazmuri.

La directora ejecutiva de la Fundación Daya recibió pagos por poco más de $17 millones por cumplir la función de terapeuta. Sin embargo, ésta explicó que esa sólo era la descripción de la función y que su rol fue hacer 40 charlas durante seis meses.

“No fui contratada como terapeuta, esa es la definición de mis capacitaciones en el contrato. Más bien mi rol era de comunicadora”, indicó, tras lo cual comenzó “a trabajar en diálogos ciudadanos para abrir espacios de conversación ciudadana, bajar temas como estos y poder socializarlos“, señaló, agregando que no fue testigo de irregularidades.

Por su parte, desde el Ministerio Público señalaron que han prestado declaraciones 130 de los 150 funcionarios que trabajaron en el programa Ascar. La investigación de oficio lleva 1 año y, hasta ahora, hay un solo imputado: Javier Lagos, quien fuera jefe de unidad de Ascar, y que hoy sigue desempeñándose como funcionario del Ministerio de Justicia.

También se indagan los delitos de realización de función pública diferente (a la contratada) y eventuales falsificaciones de documentos para justificar pagos.