Durante la tarde de este martes tuvo lugar una sesión especial en la Cámara de Diputados para abordar los casos de los hospitales de Osorno, San Felipe y Huasco por la objeción de conciencia en la Ley de Aborto en 3 causales, que ha dejado sin médicos obstetras dispuestos a practicar la interrupción del embarazo en los tres supuestos legales, especialmente en caso de violación.

La instancia sirvió para que las bancadas expusieran al ministro de Salud, Emilio Santelices, quien estuvo presenten en el hemiciclo, sus puntos respecto a la situación que enfrentan los tres establecimientos y llamaron al ejecutivo garantizar la atención de las pacientes en todo el sistema público del país. Por su parte, el secretario de Estado, informó que se ha buscado garantizar en todos los centros hospitalarios la atención requerida. Santelices precisó que el problema se ha superado ya en Huasco y en San Felipe, mientras que en Osorno se espera avanzar con la contratación de un médico o abriendo la opción de una consultoría. De esta forma, el ministro “parchea” el problema de la falta de profesionales colocando equipos que ocupen el lugar de los objetores.

Al término de la sesión, la Sala aprobó dos resoluciones promovidas por la oposición. La primera insta al presidente y al ministro de Salud a cumplir con la ley de Aborto y con el dictamen de Contraloría del 9 de mayo pasado. En este sentido, los legisladores y legisladoras llamaron a adoptar todas las medidas necesarias para reemplazar el protocolo promovido por Santelices por uno que se ajuste a derecho y asegure la atención de las mujeres y contrate todos los médicos y personal para dar cumplimiento al mandato legal.

La segunda resolución solicita al presidente que garantice la atención médica de las pacientes que requieran la interrupción del embarazo conforme a la ley; y establecer que los establecimientos privados que invoquen objeción de conciencia no pueden celebrar convenios con el sistema público en ginecología y obstetricia.

Además, se pide que la objeción de conciencia institucional siempre sea manifestada por escrito, indicando los fundamentos por los que solicita abstenerse de realizar los procedimientos; e instruir al Ministro de Salud que garantice que los protocolos para la manifestación de objeción de conciencia se ajustarán a derecho, asegurando la atención de las pacientes que requieran una intervención.