Por 121 votos a favor y sólo 6 en contra, la Sala de la Cámara de Diputados despachó a segundo trámite al Senado el proyecto que regula el uso medicinal del cannabis. La iniciativa se aprobó tras dos días de intenso debate, donde intervinieron activamente cerca de 40 parlamentarios de todo el espectro político.

El proyecto, conocido como Ley de Cultivo Seguro, es una iniciativa de artículo único que incorpora al Código Sanitario una norma que indica que, “tratándose de la fabricación de productos derivados de especies, subespecies y variedades del género cannabis, destinados a la atención de un tratamiento médico, deberán ser prescritas por un médico cirujano tratante, mediante la correspondiente receta extendida de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en el reglamento”.

El proyecto indica que la citada receta constituirá autorización suficiente, respecto a la limitación establecida en la Ley 20.000 (art. 8) sobre autocultivo, “cuando especifique la dosis necesaria, el tiempo de duración del tratamiento y corresponda a alguna de las enfermedades susceptibles de ser tratadas mediante estos productos”.

No obstante, el texto regula la forma en que se administra la cannabis, estableciendo que no se puede fumar. “El diagnóstico de la enfermedad, su correspondiente tratamiento y la forma de administración del cannabis, que en ningún caso podrá ser mediante combustión”, dice el proyecto de ley.

Twitter: @FundaciónDaya

Fundación Daya: “Le quitamos al Ministerio Público la presunción de culpabilidad”

“Estamos muy emocionados porque primera vez que, con una propuesta en política de drogas más respetuosa de los Derechos Humanos, llegamos a esta etapa para que se discuta en definitiva el proyecto y se apruebe como ley de la República”, dice Catalina Delgado, directora jurídica de Fundación Daya, organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias alternativas.

Delgado señala que han contado con una apoyo transversal de las diversas bancadas, yendo desde el respaldo incondicional desde un primer momento de Karol Cariola hasta la diputada Karla Rubilar, llegando a conquistar incluso el beneplácito del gremialista Jaime Bellolio.

“Las bancadas entendieron que lo que estaba en discusión aquí no es si la cannabis es efectiva o no para tratar ciertos síntomas y enfermedades, sino el qué hacemos con las personas que hoy utilizan cannabis y que gracias a esta mantienen su salud y en algunos casos su vida, como el caso de los niños con epilepsia refractaria“, agrega.

Catalina explica que esta norma no deroga la Ley 20.000, conocida como la ley de drogas, y por tanto se puede seguir investigando y sancionando los atentados a la salud pública, el tráfico y el microtráfico. “Lo que le quitamos ahora al Ministerio Público o a la persecución penal es esta presunción de culpabilidad que había en la Ley 20.000 cuando se contemplaba que el uso personal era una causal de justificación y obligaba a las personas a tener que probar su inocencia“.

“Hoy esta ley reestablece la carga de la prueba y va a dar seguridad -por eso se llama la Ley de Cultivo Seguro- a todos los pacientes que hoy llevan a cabo una terapia en base a cannabis”, remata.