La tarde del día 21 de septiembre de 1956, en la Casa del Obrero de la ciudad de León,

Rigoberto López Pérez, vestido con camisa blanca y pantalón azul, ajustició al dictador Somoza García con cuatro balas libertarias. Convertido en héroe nicaragüense inspirará, junto a Sandino, las luchas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en julio de 1979 dará al traste con el continuador de la dinastía, Anastasio Somoza Debayle.

Después de duras protestas, el 16 de mayo, en la Mesa de Diálogo para la pacificación, organizada por la Iglesia Católica, el joven de 20 años, Lesther Alemán, desafiaba el poder de Daniel Ortega. Con una pañoleta azul y blanco al cuello, y con la misma valentía de Rigoberto, pero sólo armado con una afilada lengua, mira directamente a Daniel y le dice,

“Esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida. Y lo sabe muy bien, porque el pueblo lo ha solicitado. En un mes usted ha desbaratado el país lo que a Somoza le costó muchos años (…) Nosotros conocemos la historia. Muchos han sido defraudados por esos ideales que no se han cumplido, de esas cuatro letras (FSLN) que le juraron a esta patria ser libres y hoy seguimos siendo esclavos. Hoy seguimos sometidos, seguimos marginados y estamos siendo maltratado. Cuantas madres están llorando sus hijos, señor”

En esa Mesa de Diálogo estaban representantes de toda la sociedad nicaragüense: estudiantes, federaciones campesinas, dirigentes empresariales, los obispos, la “sociedad civil”, junto al presidente y su mujer, la vicepresidenta. Sin aparente temor, pero con plena conciencia del intolerable presente, Lesther agregaba:

“Hemos aceptado estar en esta mesa para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de la represión y asesinato de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno.”

¿Qué había pasado en Nicaragua? ¿Qué había cambiado? ¿Cómo explicar la sorpresiva y masiva insurgencia de diversos sectores de la sociedad en un país que parecía progresar con tranquilidad? La economía había crecido más de 4% promedio anual en los últimos diez años; la pobreza estaba disminuyendo; y, no existían las pandillas juveniles. El Fondo Monetario Internacional (FMI) aplaudía a Ortega porque cuidaba las finanzas fiscales y había convertido a los empresarios en su principal aliado. Curiosa alianza que favorecía las inversiones y facilitaba los negocios.

El apoyo financiero del gobierno de Venezuela también ayudaba hasta que la crisis en este país se hizo insostenible. Facilitó los programas sociales y resolvió las debilidades de la infraestructura energética. Por otra parte, Estados Unidos hacía su aporte. Le daba duro a Chávez y a Maduro, pero no criticaba el “socialismo del siglo 21” de Ortega porque le acomodaba un gobierno que no le enviaba más migrantes, ayudaba a la estabilidad de Centroamérica y acordaba con la DEA el freno a la droga por su territorio.

Por otra parte, el gobierno contaba con el apoyo de los sectores de derecha de la Iglesia. La alianza se vio facilitada con la dura legislación que impulsó el gobierno contra el aborto. Se privilegiaba así el apoyo de la Iglesia antes que el derecho a la salud y libertad de las mujeres.

En suma, las banderas rojinegras, democráticas, revolucionarias y progresistas del FSLN de los años ochenta, se habían arriado. Ello explica la oposición al gobierno de Ortega-Murillo de históricos sandinistas como Sergio Ramírez, el padre Cardenal, Mónica Baltodano, Dora María Téllez, y los comandantes Henry Ruiz, Carrión, entre otros; así como el paso al costado de los comandantes Humberto Ortega y Jaime Wheelock.  De los dirigentes de antaño del FSLN sólo queda el comandante Bayardo Arce comprometido con el gobierno, aunque parece más interesado en sus negocios personales.

¿Cuáles fueron los antecedentes de la rebeldía?

En primer lugar, el incendio del 3 de abril en la Reserva Biológica Indio-Maíz, que produjo un inmenso impacto en el campesinado y la juventud. Un fuego incontrolable se extendió por el bosque tropical húmedo que cubre el sureste de Nicaragua, lugar fronterizo con Costa Rica. La vicepresidenta Murillo minimizó el incendio y el gobierno, reaccionó tardíamente y actuó con el autoritarismo acostumbrado: militarizó la zona, impidió a periodistas y ambientalistas independientes ingresar a la reserva y amenazó con retirar la personalidad jurídica a la Fundación del Río, organización que encendió la alarma con informaciones que recibía de las comunidades originarias ramas y krioles, habitantes del lugar.

En segundo lugar, y quizá más importante, fue la reforma que aumentaba las contribuciones de trabajadores y empleadores al seguro social y, al mismo tiempo, reducía las pensiones a los jubilados. Durante largos años el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) manejó mal sus inversiones y acumuló un gran déficit financiero, y ahora se cargaban los costos de ese mal manejo a los jubilados. El FMI exigió un freno inmediato al déficit. Y, la reforma se implementa con el acostumbrado estilo autoritario del gobierno.

Esos dos hechos son sólo los desencadenantes. Es la chispa que incendia la pradera, los hechos que sacan a la luz el fondo de la cuestión que rechaza la ciudadanía: la acumulada indignación sobre los abusos, la corrupción y las arbitrariedades de Ortega-Murillo. Es el reclamo contra la concentración de poder en manos del matrimonio, así como la delegación dinástica de cargos y negocios en sus hijos, lo que resulta insoportable para la gente sencilla.

El poder discrecional del gobierno se ha visto fortalecido con el servilismo del parlamento, del poder judicial y de las autoridades electorales. Ortega-Murillo han acumulado el poder total de las instituciones estatales, colocando a sus amigos y aduladores en sus puestos claves, eliminando así la transparencia en la gestión del estado. Entre otras cosas ello ha permitido una reforma constitucional que le asegura a Ortega la reelección perpetua.

La Nicaragua dormida comienza a despertar. Una década de autoritarismo, con intolerables agravios, se hace carne en la ciudadanía y emerge un levantamiento popular sólo comparable a las heroicas luchas callejeras contra el somocismo.

Más de un mes de protestas y las reivindicaciones trascienden la reforma previsional (que ahora ya no se implementará). Ahora se exigen investigaciones independientes sobre la represión, responsabilidades gubernamentales y juicio a los culpables de los asesinatos. A ello se agregan demandas sobre la democratización del país, la salida de Ortega y el adelantamiento de las elecciones.

La molesta de Rosario Murillo la condujo a calificar a los cuestionadores como “…almas pequeñas, tóxicas, llenas de odio, vampiros sedientos de sangre, grupos minúsculos”, mientras Ortega hablaba de “pandillas matándose entre ellos mismos”. La torpeza de los dichos sirvió para multiplicar el enojo ciudadano.

Más de un mes de protestas culminaron el día de las madres, el 30 de mayo. La propia ministra de Salud confirmó que en esta ocasión murieron 15 personas y otras 199 resultaron heridas. Multitudes sólo vista en los primeros años de la revolución sandinistas llenaron las calles de las principales ciudades del país.

Las madres portaban carteles que decía: “¡No tenemos miedo!”, “Estamos muertas en vida porque nos matan a nuestros hijos”, “Que se rinda tu madre, porque nosotras no”. Eran las madres, acompañadas por trabajadores del sector privado, jóvenes, estudiantes universitarios y escolares, profesionales, comerciantes, campesinos, entre otros.

Después de la marcha del 30 de mayo los asesinados ya sumaban más de 100. La mayoría de las víctimas jóvenes y muchos estudiantes universitarios. La causa más frecuente de muerte ha sido por disparos en la cabeza, cuello y torso, por lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no descartó que el Gobierno de Nicaragua haya realizado “ejecuciones extrajudiciales”.

Esta vez la represión colma la paciencia al coordinador de la Mesa de Diálogo, el obispo Silvio Báez, quien señala que “…no se puede reanudar la mesa de diálogo mientras se le siga negando al pueblo de Nicaragua el derecho a manifestarse libremente y continúe siendo reprimido y asesinado”

El gobierno nicaragüense está cada vez más aislado.

La élite empresarial, después, de las protestas ciudadanas, se ha dado cuenta que el gobierno ya no les garantiza seguridad económica para sus inversiones y que el monopolio político de las instituciones estatales tampoco le da estabilidad al país. El sector privado llegó a la conclusión que la hermandad de 10 años con el gobierno ya nos les sirve, hizo agua.

Por otra parte, la Iglesia, aliada al gobierno en temas valóricos, se ha distanciado radicalmente del gobierno y se ha convertido en referente fundamental de seguridad y de credibilidad para ciudadanía.

Finalmente, el Gobierno norteamericano, había tolerado durante diez años las arbitrariedades de Ortega, a cambio de que Nicaragua facilitara las inversiones de empresas estadounidenses, retuviera a los inmigrantes en sus fronteras y colaborara con el trasiego del narcotráfico. Ahora, ese gobierno, y su amigo, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, comienzan a cambiar su actitud complaciente y se atreven a deslizar algunas críticas.

A esta altura de los acontecimientos, y con la indesmentible información sobre los derechos humanos que afecta al país, la teoría del “golpe blando”, que esgrimen algunos débiles de espíritu y serviles al poder corrupto ha pedido toda credibilidad. Como dice Envío (Mayo, 2018), revista de los jesuitas,

“Desde hacía años había muertos y terror en las zonas rurales y Managua parecía dormida. Y al despertar Managua, levantó al unísono al país entero. ¿Cómo fue posible? No por una conspiración desde fuera, sino por la mucha lava acumulada dentro. Los volcanes no avisan.”

Ortega y Murillo han perdido toda moral para ejercer el poder. Deben renunciar. Ofenden la memoria de Sandino.


Economista