Las demandas por despidos injustificados de ex funcionarios de la municipalidad de Maipú son un asunto que ha ido escalando en proporciones hasta llegar un punto crítico y que tiene a la administración de Cathy Barriga en aprietos.

En total, desde que Barriga asumió como líder comunal, en diciembre de 2016, se registran cerca de mil desvinculaciones de trabajadores que se encontraban a honorarios, en solo 18 meses, de acuerdo a las cifras que han calculado los concejales. Y de ellos, según publica El Dínamo, 317 han decidido demandar al municipio por despidos injustificados.

Barriga no había completado un mes al mando de la comuna cuando determinó el despido de 470 funcionarios argumentando exceso de contratos, quienes fueron informados el 30 y 31 de diciembre de 2016. Por esos días, la alcaldesa aseguró que existían otros 900 empleados “fantasmas”, que recibían un sueldo pero que no cumplían funciones y que venían de la gestión anterior de Cristián Vittori (DC).

Sin embargo, casi la totalidad de los cargos despedidos han sido llenados con nuevos trabajadores en las mismas condiciones. “Se suponía que había una sobrepoblación y que había que ahorrar, pero al final quedamos donde mismo, pero con millonarias demandas”, dice el concejal Abraham

De hecho, cuando la alcaldesa asumió en diciembre de 2016, había 3.965 funcionarios trabajando para el municipio, de los que 2.737 eran a honorarios (con un costo mensual de $4.670 millones), según datos de Transparencia Activa. Pese a los centenares de despidos y la “sobrepoblación” a la que la edil aludía, las cifras no son muy distintas a las que fueron consignadas en abril pasado: 3.945 trabajadores, con 2.691 que boletean (con un costo al mes de $4.226 millones).

De este modo, el municipio ha debido desembolsar millonarios montos en fallos judiciales por indemnizaciones y pagos de cotizaciones, mientras que hay decenas a la espera por ser pagados y más de 200 que aún siguen en juicio. Todo esto podría llegar a tener un costo final de más de 20 mil millones de pesos según las estimaciones de los abogados involucrados, casi un sexto del presupuesto total del municipio para este año.

Derechos de los trabajadores a honorarios

Entre el grupo anterior se encuentra Patricio Bustamante Fredes, quien llegó a trabajar un día de marzo de 2017 hasta su oficina en el municipio, cuando fue informado que había sido despedido. Por siete años había estado a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental Local, trabajo por el que recibía un sueldo de $1.548.000 mensuales. Además, había estado otros cinco años en diferentes funciones dentro del mismo organismo. En total, doce años como funcionario a honorarios.

Al verse sin indemnización, sin pago de vacaciones, ni menos las cotizaciones al día, Bustamante -quien además era presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Maipú- decidió demandar al municipio. Su proceso judicial duró un poco más de un año, y luego de pasar por el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y la Corte de Apelaciones, la justicia falló a su favor.

El municipio está obligado a pagar en total 66 millones 740 mil pesos como indemnización -además de multas por atrasos-, lo que corresponde a los feriados legales impagos y a los años de servicio, entre otros varios puntos que incluía la querella. A eso se suman otros casi 300 millones de pesos por cotizaciones previsionales no pagadas durante más de una década.

En el fallo, la jueza Ema Novoa estimó que sí existía una vinculación laboral distinta a lo dispuesto para los trabajadores a honorarios en el Estatuto Municipal, tal como lo ha indicado la jurisprudencia en los últimos tres años, desde que empezaron a aparecer estos casos con mayor frecuencia. Aunque pese a que la sentencia del 20 de abril pasado indica que procede el pago, hasta el momento los casi $367 millones adeudados no han sido cancelados a Bustamante por parte de Maipú, lo que podría transformarse en nuevas acciones legales en contra del municipio.

Casi la totalidad de las 317 querellas se basan en el mismo fundamento: ninguno de esos trabajadores hacía “labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”, como indica la normativa legal. Tampoco se trataba de “prestación de servicios para cometidos específicos”.

De los casi mil desvinculados, solo una tercera parte ha iniciado acciones legales, principalmente porque existe un desconocimiento respecto de los derechos de los trabajadores a honorarios.

Demandas ganadas y acuerdos

El sistema judicial también tiene al menos 31 demandas ganadas por los ex trabajadores de Maipú. En total, estos recibirán por lo menos $920.317.561 entre todos. Pero a esas cifras hay que sumarles también las cotizaciones impagas por concepto de AFP, salud y seguro de cesantía, lo que hasta triplica el monto. Los pagos deben ser acciones iniciadas ante los tribunales de cobranza por la organización correspondiente en beneficio de cada trabajador.

Dentro de los 317 demandantes existe un pequeño grupo de no más de 30 ex trabajadores que lograron llegar a un acuerdo con el municipio por el pago de sus indemnizaciones, evitando seguir adelante con los juicios. Muchos no pueden esperar un año o más, por lo que optan por esta salida alternativa, aunque sin los pagos de cotizaciones pasadas.

Un documento citado por El Dínamo, que reúne 14 de estos acuerdos con los montos finales, revela que se gastaron $69 millones en pagos de un total de $255 millones que originalmente sumaban todas las demandas, lo que generó un ahorro para el municipio de 186 millones. Trabajadores que habían demandado por 30 millones al municipio finalmente se llevaron solo cinco millones tras acordar pagos. Hasta el momento se trata del único “ahorro” que se ha conseguido en todo este proceso para el municipio.