El acceso al trabajo en el ámbito del Estado es un tema latente en estos días cuando el seguimiento periodístico ha proporcionado información suficiente para poner en tela de juicio una cantidad importante de nombramientos realizados por el gobierno donde sobresale el nepotismo y la arbitrariedad en las designaciones.

El ingreso laboral a los ministerios, independiente de la categoría de contrato, ha honorarios, contrata o planta, implica someterse a una serie de evaluaciones y procedimientos administrativos de selección. Para quienes somos ciudadanos de pie, quedar en una terna y ganar un concurso público en cualquier servicio o ministerio involucra poner al escrutinio de la autoridad condiciones personales, habilidades, conocimiento y experiencia constatada en una materia determinada. Condiciones como estudios de postgrado magister o doctorado, experiencia académica, publicaciones y otras características de trayectoria laboral constatada, son evaluados, lo cual, se intensifica con entrevistas y muchas veces exámenes.

Ingresar a trabajar en el Estado no es fácil. Por eso molesta que el parentesco y la afinidad política sea lo que prime en cargos que tienen un contexto técnico o técnico político y no están en la categoría de confianza donde el rol no es profesional, sino exclusivamente político.

Por otra parte, la aceptación social al interior de los ministerios al comprender que la instalación de las nuevas autoridades necesariamente implica el despido de las y los trabajadores que por méritos han ingresado al sistema público, corrobora una vez más la aceptación de prácticas contrarias al respeto irrestricto que se debe tener frente a los derechos inherentes como trabajadores y trabajadoras. No es aceptable que en cada cambio gobierno o jefaturas, se despidan trabajadores y se acepte naturalizadamente la lógica de la instalación, eso es una deslealtad ética tan grande que sostiene la periódica forma de gobernar del duopolio.

Piñera y su coalición Chile Vamos, quienes ya arrastran un aprendizaje en lo referente a la administración del Estado, se instalan en el gobierno, según cifras entregadas por el Sindicato de Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Educación (Sinthe) ascienden a más de 700 personas, quienes han sido despedidas durante la instalación de la “nueva forma de gobernar”, situación también denunciada por la Central Unitaria de Trabajadores, quienes han presentado una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT, por despidos  injustificados.

En la Región de Valparaíso, tras un proceso de selección realizado por el ex seremi de Educación, Alejandro Tapia, la Jefa de Unidad de Planificación y la Jefa de la Unidad de Administración, ingresaron a trabajar durante el mes de febrero y marzo un equipo de cuatro profesionales, una asistente social, un profesor de Estado, un ingeniero informático y un administrador público, todos con una comprobada experiencia profesional, estudios de magíster y habilidades para desempeñarse como “Profesionales de terreno provincial en la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar”, firmando un contrato a honorarios, siendo destinados a las Direcciones Provincias de Educación en las comunas de Viña del Mar, Quillota, San Felipe y San Antonio.

Luego de instalada la nueva Seremi de Educación, Patricia Colarte Troncoso, quien por segunda vez ocupa este cargo, recorrió las provincias antes mencionadas y conoció de parte de nuestros jefes directos la labor desarrollada y planificada que pone en marcha el Sistema de Admisión Escolar. En las rondas realizadas en todas las provincias se indicó que la nueva administración realizaría modificaciones, pero no despidos, sin embargo, esas palabras se las llevó el viento, y de una manera bastante sofisticada, que demuestra el aprendizaje adquirido durante los cuatro años que fueron gobierno, el día 10 de abril de 2018, nos citan a una reunión, en la cual, sin dar la cara, solicita a nuestra jefa, la encargada de la Unidad de Planificación y jefa administrativa, informar mediante una carta nuestro despido, en la cual, se indica que nuestros contratos no fueron materializados en un documento escrito y administrativamente tramitados, por lo cual, se pone término a la tramitación del acto administrativo.

Desde el punto de vista político, la denominada “Ley de Inclusión Escolar” (Nº 20.845), que lleva por título “de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del estado”, tiene como ejes el fin al copago, fin al lucro y fin a la selección, con un nuevo Sistema de Admisión Escolar que asegure un proceso justo, equitativo y transparente para todas las familias, que acabe con los procesos de selección discriminatorios y arbitrarios. Públicas son las opiniones del Ministro Gerardo Varela, quien asistió a la Asamblea de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados, donde salió en defensa de la labor de estos establecimientos y anunciando “ajustes” a la Ley de Inclusión, donde expresó: “Quiero pedirles perdón por lo mal que los han tratado. Llegaron los tiempos mejores”. Nuestros despidos son el correlato empírico de las palabras del Ministro. Nuestros despidos manifiestan su intención de impedir la operativización del nuevo Sistema de Admisión Escolar.

Durante nuestra corta estadía laboral en el Ministerio de Educación, comprendimos que los recortes presupuestarios siempre se relacionarían con la reducción de las garantías laborales de las y los trabajadores. La primera noticia que conocimos, vino desde una iniciativa firmada durante el gobierno de la ex presidenta de la Nueva Mayoría, donde se reducía considerablemente el pago viáticos más gastos de transporte y alimentación, en todos los ministerios y servicios. Imaginen lo que significa trabajar en un cargo como “Profesional de terreno provincial” en la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar destinado en el puerto de San Antonio. Terreno es trasladarse con uso de viáticos y uso de la implementación logística del ministerio en la provincia. La precarización laboral, implicó comprender que muchas actividades tendrían que ser realizadas y financiadas por nosotros.

El 4 de abril de 2018, a menos de un mes de asumido el nuevo gobierno, con bombos y platillos se dan a conocer una serie de medidas para la reducción del gasto fiscal, mediante el oficio presidencial Nº 2. En este documento respecto a los contratos a honorarios, se indica que el tope máximo de los montos brutos máximos mensuales que se pueden recibir tiene que estar en correspondencia con el jefe superior de cada servicio. Esa advertencia, fue un punto de inflexión respecto a nuestra condición laboral, un aviso sobre nuestros despidos.

El día martes 10 de abril, mientras nos encontrábamos trabajando en las Direcciones Provinciales de Educación de Quillota, San Felipe, San Antonio y Viña del Mar, fuimos citados por nuestra Jefa Regional desde la Unidad de Planificación a una reunión con la Seremi de Educación Patricia Colarte. Ese llamado telefónico despertó las alertas en el equipo, sin embargo, se nos había indicado que producto de las decisiones de las nuevas autoridades, era posible asumir algunas modificaciones en las planificaciones y tareas que estábamos desarrollando, entendiéndose que serían cambios en el equipo, pero no despidos. Suspendimos nuestras actividades en las Direcciones Provinciales de Educación y viajamos a la ciudad de Viña del Mar. Siendo casi las 18:00, uno a uno ingresamos a una reunión privada, donde la Jefa de Planificación y de Administración nos entregó una carta con las razones del despido. A esa reunión no asistió la nueva Directora Regional. Se nos despidió indicando que “el acto administrativo no se había tramitado y por lo tanto no se materializaba un documento escrito aprobado mediante un acto administrativo”. Esto es un abuso, al fundamentar nuestros despidos en una acción exógena a nuestras funciones las cuales estábamos desempeñando. Condición que vulnera nuestra posibilidad de defensa en los tribunales laborales, al fundamentarse en un acto administrativo que debe ser revisado por la Contraloría General de la República.

Las y los responsables principales de esta acción discriminatoria y arbitraria son las autoridades políticas y las jefas de las Unidades de Planificación, administración  funcionarios de la Seremi de Educación de la Región de Valparaíso, pero también, nuestros despidos son productos de la ineficiente acción de varios responsables, primero, la ex Subsecretaria de Educación Valentina Quiroga Canahuate, quién es la autoridad política y responsable de la Unidad de Inclusión y Admisión Escolar, quien antes de dejar sus funciones no supervisó y dio cumplimiento administrativo a  la firma de nuestros contratos, dejando acéfalo nuestra actividad laboral, para que luego, quienes tomaron la posta, tampoco realizaron el acto administrativo de firmar nuestros contratos, me refiero al actual subsecretario Raúl Figueroa Salas.

Todos quienes nos desempeñamos en la Unidad de inclusión y admisión escolar firmamos un convenio de prestación de servicios personales a honorarios. Importante sería saber si el Seremi de la pasada administración ratificó los contratos. En fin, somos los trabajadores y trabajadores quienes producto de la irresponsabilidad político-administrativa de las autoridades, nos vemos insertos en un conflicto de intereses, donde por una parte, las ex autoridades de la Nueva Mayoría, no cumplen como es debido su trabajo, y las actuales autoridades de Chile Vamos, aprovechando, los errores cometidos que facilitan su instalación y desarticulación de la Reforma Educacional, nos despiden.

Las malas prácticas, el incumplimiento de tareas, las decisiones políticas tomadas por ambos bloques una vez más los tenemos que pagar los profesionales que por concurso público hemos accedido a un puesto de trabajo, donde la seguridad de estabilidad laboral para profesionales que ingresan a trabajar al Estado mediante concursos públicos, no existe. Nuestros despidos, son un abuso, una violación de derechos humanos, una provocación a la deshumanización de los acuerdos asumidos, una bofetada al más débil, un abuso de autoridad de las autoridades anteriores y actuales ministra (o), subsecretaria (o) y seremi, que se refugia en un problema administrativo que a todas luces forma parte del trabajo que debe acometer la nueva autoridad, quienes viendo la irresponsabilidad de las autoridades anteriores, optan por finiquitar en proceso de tramitación de contratos firmados por los trabajadores, indicando que es un imprevisto.

Finalmente, es importante razonar sobre la práctica cultural que transfieren todos quienes llevan años trabajando en el ministerio, donde es aceptado el hecho que los contratos demoren un largo procedimiento administrativo, lo cual, implica trabajar sin sueldo varios meses. Se juega con la confianza y buena fe, uno espera que las y los jefes regionales hagan su trabajo, pero la realidad indica que también son ellos las y los culpables de tanta mediocridad administrativa, que justifica la acción de quienes defienden un capitalismo salvaje y son gobierno cortando “la grasa” de la administración pública, argumento que a todas luces devela su posición autoritaria.

Hemos sido despedidos cuatro trabajadoras y trabajadores, profesionales que apostamos por un empleo que con creces nos mantuvo intelectual y proactivamente dispuestos, fuimos personas comprometidas con nuestro trabajo al desarrollar a cabalidad las labores, demostrando nuestras competencias técnicas y habilidades, planificando y poniendo en acción un proceso de comunicación con las y los sostenedores y directores de establecimientos educacionales municipales y particular subvencionados, encargados de las unidades técnico pedagógica, los departamentos de educación municipal de las comunas de San Antonio, El Quisco, El Tabo, Algarrobo, Santo Domingo, Cartagena, San Esteban, Los Andes, Santa María, Putaendo, San Felipe, Calle Larga, Catemu, Panquehue, Llay-Llay, Hijuelas, Quillota, Nogales, La Ligua, Petorca, Zapallar, Papudo, Cabildo, Limache, Olmué, La Cruz y Calera. Sosteniendo desde nuestros recursos personales una Ley y un Estado que se diluye por la irresponsabilidad, incompetencia y el abuso de la autoridad política de la Nueva Mayoría y Vamos Chile, quienes son los responsables de nuestra actual condición y que demuestra una vez más, que el traspaso de funciones es una acción publicitaria, donde las palabras de la Seremi que prometió una oficina abierta a los inquietudes de los trabajadores es una mentira que ratifica su autoritaria personalidad donde por segunda oportunidad inaugura su instalación con despidos de trabajadores, esta vez, contra quienes no somos “operadores políticos” del duopolio, sino, profesionales que creímos en la institucionalidad, accedimos mediante concurso público a un empleo, sin ocupar el nepotismo o el lobby.


Ex trabajadores Seremi de Educación V Región