Desde este martes que comenzó a regir y ya está operativo el denominado Registro de Evasores del Transantiago, medida aprobada por el Congreso y que busca aplicar multas aún más duras a quienes no paguen su pasaje en micros y Metro.

La iniciativa fue enviada al Congreso durante la administración de Michelle Bachelet, con el propósito de reducir las cifras de evasión en el transporte público –que durante el primer semestre de 2018 llegó a un 28,5%–, y fue ampliamente criticada por parlamentarios que la calificaron como el “Dicom de los pobres”.

La infracción será catalogada como “grave” y la identidad de los evasores quedará almacenada en una base de datos creada por el Ministerio de Transportes. En ella no estarán los nombres de quienes no hayan pagado una vez, sino que estará integrada por aquellos que no se presenten ante el juzgado para pagar la multa correspondiente.

Con respecto a las multas, estas ascenderán hasta 1,5 UTM, lo que equivale a unos 70 mil pesos, es decir, más de cien veces el valor del pasaje. Además, los evasores que estén en el registro se arriesgan a otras sanciones, como que no se les entregue el permiso de circulación, se les inhabilite la licencia de conducir, se le impida tener pase escolar y se les retenga la devolución de impuestos.

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, aclaró eso sí que las personas morosas antes de la fecha en que comenzó a regir la ley no serán enviadas al registro público, lo que incluye a los deudores de este año y a las 96.267 personas infractoras en 2017.

Por otra parte, la normativa estipula que la basa de datos estará alojada en un sitio web privado, y según el subsecretario de Transportes, Carlos Melo, quienes hagan mal uso de los antecedentes, como venderlos a empresas, “serán severamente sancionados”. Así, quienes vendan la información de esta lista tendrán una sanción que puede alcanzar las 20 UTMs ($946.020).