Ni “pronta”, ni “efectiva”, ni “independiente”, ni “imparcial”. Ninguno de estos requisitos cumplió la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014 en México, según el fallo que emitió una corte federal este lunes, que insta a crear una Comisión de la Verdad y la Justicia a modo de “procedimiento alternativo”.

En una sentencia inédita, el Primer Tribunal Colegiado del 19º Circuito, con sede en Ciudad Reynosa (Tamaulipas) estableció que se debe “reponer el procedimiento” de la investigación debido a que “hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones” de quienes presentaron los recursos de amparo —varios acusados de participar en las desapariciones— fueron “obtenidas por medio de tortura“. Éstas y otras irregularidades ya fueron denunciadas por la ONU durante la investigación.

La corte señala que la investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) fue parcial, ya que “en general estuvo dirigida a practicar y poner solo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos” y, por tanto, “se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.

Según el fallo, la comisión deberá “quedar conformada en un plazo no mayor a diez días naturales” y estaría compuesta por representantes de las víctimas, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por oficiales ministeriales federales, además de que también podrán participar organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.

La respuesta de la PGR llegó a través de un comunicado en la noche del lunes y precisó que no “comparte el criterio de los magistrados”. Según la procuraduría, el tribunal colegiado “desconoce la división de poderes” y las facultades que corresponden a los oficiales ministeriales públicos.

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (Guerrero) tuvo lugar el 26 de septiembre de 2014, cuando un grupo de jóvenes estudiantes normalistas tomaron varios autobuses para viajar a Iguala con planes de ir hasta Ciudad de México para la marcha anual del 2 de octubre, cuando se conmemora la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco de 1968. Sin embargo, los chicos fueron interceptados en el camino por las autoridades en circunstancias que no han sido esclarecidas, aunque se sospecha que los policías involucrados estaban coludidos con un grupo criminal local, Guerreros Unidos.

Pese a que la investigación inicial de la PGR estableció que los jóvenes fueron incinerados en un basurero en la ciudad de Cocula, por presuntos integrantes de un grupo de narcotráfico, investigaciones independientes posteriores lo desmintieron. Expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negaron la incineración de los cuerpos en el basurero y hallaron indicios de posible tortura de sospechosos y un mal manejo de las evidencias.