La diputada comunista Carmen Hertz preguntó durante la interpelación al ministro de Justicia, Hernán Larraín, por los recursos que el gobierno destina a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, por una parte, y las pensiones que hasta hoy siguen recibiendo los criminales y torturadores de la época. Hertz señaló que el estado gasta 184 mil millones de pesos al mes en entregar pensiones a los torturadores y que esa cifra es el doble del apoyo único que contemplaba el proyecto retirado para los sobrevivientes de prisión política, que sumaba 91 mil millones de pesos.

Ante las cifras que detalló la parlamentaria, el ministro de Justicia aseguró que se estaban mezclando cosas: “Son cuestiones que no son comparables, creo yo que las situaciones que se refieren a los militares corresponden a sus derechos constitucionales que no corresponde privar”, respondió el ministro, quien aseguró que Chile, en total, ha gastado US$6170 millones en reparación. Larraín criticó que se le señalara por “el retiro de un proyecto que corresponde a una cifra menor cuando se han entregado cifras cuantiosas”. Y agregó: “No es cierto que se les ha negado la sal y el agua. No creemos que haya un agravio, tenemos dentro de nuestro programa el compromiso con los derechos humanos en su totalidad, porque hoy día existen violaciones a los derechos humanos en Chile”, dijo el ministro.

En su réplica, Hertz espetó: “Es aberrante que los victimarios gocen de las pensiones que gozan”. Luego rebatió que las víctimas de la dictadura reciben en promedio una pensión de 150 mil pesos. Ante la afirmación, Larraín matizó que hay un grupo de 26 mil personas que recibe 182 mil pesos de pensión y otro 400 mil (por las comisiones Rettig y Valech). “Tenemos un compromiso con los derechos humanos para seguir adelante con una nueva agenda, queremos aumentar ese compromiso y llevar adelante el proyecto nacional de derechos humanos, y queremos con las víctimas compromisos específicos”, explicó el ministro.

Hertz cerró con contundencia el capítulo de las pensiones de los violadores de derechos humanos: “Los enunciados no sirven, para su gobierno las pensiones de los victimarios sí siguen siendo una prioridad presupuestaria”, concluyó.

La polémica defensa de las pensiones de ex militares y altos cargos de las fuerzas armadas también tuvo su repercusión en las redes sociales: