En estos últimos meses hemos presenciado dos fenómenos de gran impacto en la sociedad chilena, que sin duda han marcado la agenda pública comunicacional. Por un lado, la creciente “Oleada Feminista”, con miles de mujeres exigiendo aulas libres de violencia machista que termine con la impunidad en caso de abusos y acosos, e impulsando una educación donde mujeres, hombres, personas trans y disidencias sexuales se desarrollen con las mismas oportunidades y en un ambiente seguro para todas. Por otro, el enorme cuestionamiento moral a la Iglesia Católica por los horribles casos de sacerdotes y autoridades eclesiásticas pederastas e involucrados en redes de comercio sexual, mantenidos en impunidad y encubrimiento, son claros actos de expresión del patriarcado y la violencia masculinizada desde la institución que más en jaque ha puesto los derechos de las mujeres.

Las estudiantes de las casas de estudio donde la Iglesia Católica ejerce alta influencia, como es el caso de la PUCV y la PUC, hemos vivido de cerca ambos fenómenos, puesto que sin duda es aquí donde se cruza una pregunta central ¿Qué tan válido es el rol de la Iglesia Católica en nuestra formación profesional, con una moral tan manoseada y con políticas que han minimizado sistemáticamente los derechos de las mujeres? De cara a una nueva movilización feminista este 6 de junio, nos parece  fundamental compartir nuestra reflexión.

La toma de la Casa Central de UC: feminismo en las aulas y fuera de ellas

La toma de la casa Central de la UC fue sin duda el golpe mediático más fuerte de este movimiento feminista, no sólo porque sus dependencias no se tomaban desde 1987, en plena dictadura, si no también porque es la UC una de las instituciones más cuestionadas por este movimiento, dado su rol opositor al derecho al aborto en tres causales y defensor de la objeción de conciencia, entre otras acciones que cuestionan el derecho de autodeterminación de nuestros cuerpos. Fue precisamente esta demanda una de las garantías que exigían las estudiantes para bajar la toma: que la red de salud UC no fuera objetora de conciencia en la aplicación de aborto, dado el rol público de su formación académica en medicina y obstetricia, como también el inicio de sumario y expulsión del profesor M. Chuaqui por violencia intrafamiliar y, por último,  que se diera solución a los casos de abuso laboral de las trabajadoras subcontratadas del Campus Oriente, al no recibir hace más de 3 meses su sueldo y sufrir discriminación por ser migrantes. Todo esto como pisos mínimos para dar garantías de que la UC realmente estaba en disposición de discutir educación no sexista y feminista.

La toma de la UC puso en jaque los principales nudos morales de la Iglesia: el encubrimiento a abusadores y la posición conservadora sobre los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que se traspasa a su formación académica. De ambos nudos, el último no fue logrado, dejando nuevamente en evidencia que las autoridades eclesiásticas en educación no están dispuestas a avanzar en las demandas exigidas por las estudiantes feministas, imponiendo la cuestionada y conservadora moral de la institución religiosa en la enseñanza de profesionales que servirán a un Chile plural en religiones y creencias y que, además, está financiada con dineros del Estado. ¿Cuál es la garantía, entonces, de que esta Universidad cumpla su rol público?

La exigencia de renuncia del Gran Canciller en la PUCV: Cuestionamiento a la jerarquía eclesiásticas

La situación en la PUCV también tiene sus particularidades. A pesar no estar en toma, la movilización dentro de ese plantel de estudios ha sido potente, guiada por estudiantes feministas organizadas en la Asamblea de Mujeres UCV y Cegesex y ha dejado como ganada un protocolo contra acoso, abuso, hostigamiento y discriminación arbitraria que se ha construido de forma triestamental, recogiendo las experiencias de todos los estamentos de la universidad. Aquí, la masividad de la movilización ha visto un tope en una de sus demandas: la renuncia del Gran Canciller, representante máximo de la Iglesia en el plantel educativo y vinculado a casos de abuso sexual, no puede ser cursada sin la aprobación del Papa. “¿Por qué tenemos que depender de las autoridades en Roma para la elección de nuestras autoridades locales?” Esta pregunta central, que apela directamente a una demanda histórica del movimiento estudiantil sobre democratización de los planteles educativos y la elección de sus autoridades, es la que ronda hoy en esta casa de estudio, sumado, claramente, a la indignación por tener en la cabeza de esta institución formadora a un abusador.  La jerarquía de la iglesia en sus instituciones educativas hoy tiene a estas estudiantes en un ambiente poco seguro, donde a pesar de avanzar en un protocolo contra acoso y abuso, no pueden interpelar a su máxima autoridad porque escapa de la capacidad de resolución local. Esto deja sin resolver la principal demanda que este movimiento feminista ha puesto en la esfera pública, y pone nuevamente en cuestión el rol que ha tenido la Iglesia en nuestra educación y la perpetuación de la impositiva y masculinizada jerarquía eclesiástica.

Educación feminista para Chile y el rol de las instituciones educativas católicas

Desde el 2006 en adelante, la sociedad chilena, a través de las movilizaciones estudiantiles, ha exigido poner énfasis en Educación, asegurando no sólo gratuidad, sino democratización, calidad y rol público de las instituciones financiadas por el Estado, y que este ponga especial relevancia en su fortalecimiento. Hoy, el movimiento feminista ha sumado una importante arista que estaba invisibilizada por las autoridades e, incluso, por el mismo movimiento estudiantil: aulas libres de violencia machista para el desarrollo pleno de todos y, en especial, de todas.

Las estudiantes de instituciones católicas queremos sumar a estas demandas un profundo cuestionamiento al rol que ha jugado la Iglesia. Desvalidada públicamente por los innumerables casos de abuso a menores y las constantes trabas que han puesto para que en este país se avance en materia de derechos sexuales y reproductivos, sumado al reiterado ataque a disidencias o todo/a aquel que viva su sexualidad fuera de la heteronorma católica, la institución religiosa es muestra férrea de una cultura machista, y hoy no queremos más esa violencia en nuestros planteles educativos. Queremos dejar en claro que nuestro cuestionamiento es hacia la Institución de la Iglesia en educación, no así a quienes creen y practican valores cristianos, puesto que también reconocemos en ellos/as una pluralidad de posturas, muchas veces más humanas y abiertas a la diversidad y el respeto por distintas formas de vida.  Sin duda, las Iglesias han sido un aporte a la educación en Chile, pero hoy es urgente el ajuste a los cambios y necesidades que las estudiantes ponemos en tapete. Si la Iglesia quiere seguir ejerciendo un rol público en la educación chilena, financiada por todos y todas, debe adscribir a un programa y un proyecto público educativo feminista con medidas de corto, mediano y largo plazo, al igual que todo el resto de planteles educativos. Instituciones como la Iglesia Católica, que administra colegios y universidades, se han opuesto hasta el día de hoy a una agenda feminista, por lo que instamos a que dichas instituciones se comprometan con dichos cambios y avancen hacia generar espacios de decisión y fiscalización que integren a docentes, funcionarias, académicas y estudiantes, que permitan hacer carne ese compromiso. O pierdan entonces los fondos públicos que hoy reciben por entregar educación en el país. La Ola feminista llegó para quedarse, y es nuestro deber erradicar la violencia machista de nuestros territorios, aulas y hogares.


Alondra Arellano, es integrante de secretaría de género PUC, y Valentina Gallardo, es integrante de Cegesex PUCV