El jueves 7 de junio el rector Carlos Peña decidió no asistir a las negociaciones del petitorio del Movimiento Feminista de la UDP. En vez de eso, prefirió escribir una “columna de opinión”, su especialidad, para transmitirle a las estudiantes lo que pensaba sobre sus demandas.

En el escrito, habla de la “justicia indudable de los fines que se persiguen” y de cómo estos se han traducido en demandas, a su juicio, correctas. Sin embargo, establece que el discurso que acompaña estas demandas, así como la forma en la que se ha llevado la movilización, han hecho que la causa se levante contra lo que él denomina, pero nunca define, como el “propio quehacer universitario”. De ahí en adelante, comienza a elevar este propósito último de la educación superior y, por tanto, de la institución, como algo separado de la comunidad universitaria y que no debe de ninguna manera subyugarse irreflexivamente a cualquier tipo de ideología.

No es solo inteligente, sino también peligrosa, la limitación que hace del concepto “ideología” para referirse solo a las formas de manifestación que ha tomado el movimiento, separándolas del fondo y las demandas ya validadas, tanto por la comunidad como por él mismo a través de sus columnas. Parece muy conveniente bajo esos términos la estrategia de no quedar mal con nadie; no conceder las demandas y requerimientos de las estudiantes, no porque no las encuentre justas, sino que porque no concuerda en las formas que tienen de exigir sus derechos. A eso se reduce todo, a derechos y reivindicaciones históricas.

Esto no se trata de las estudiantes feministas de la UDP tomándose la universidad para exigir que se les cumpla un petitorio. Se trata de las mujeres de Chile y del mundo exigiendo una vida libre de violencia, que les permita desarrollarse de forma autónoma, es decir, sin ser determinadas por los parámetros sociales que las han limitado hasta hoy. Esto incluye las formas de organización política y colectiva que adoptan para defenderse de los grupos e instituciones que las oprimen, como en este caso lo hace la universidad, a través la intransigencia a otorgarles la libertad que necesitan. Una libertad que hace mucho tiempo les debemos.

Y para justificar esta negativa, alude a que la universidad no puede adscribirse a esta causa justa porque se arriesga a perder su pluralismo ideológico. No obstante, el pluralismo no significa la ausencia de ideologías como lo plantea el rector Peña, sino todo lo contrario. Una institución de educación superior que se dice pluralista debe aceptar las diversas ideologías y creencias de los miembros de su comunidad y fomentar una convivencia sana y respetuosa entre estas, manteniendo el principio de que todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente seguro y libre de violencia. Es por esto, que cuando el rector rechaza las negociaciones de las estudiantes, sin siquiera haberse aparecido por la mesa de discusión, está no solo coartando el pluralismo que tanto defiende, sino que desconoce la seriedad de un movimiento en el que, si hay demandas que no son transables, es porque no se está peleando por más sillas en los casinos o becas de fotocopias. Ellas están luchando para que no se les violente más. La dignidad humana no se transa y, ciertamente, no espera calendarios académicos.

Y es este “quehacer universitario” que el rector encuentra más relevante que escuchar a sus estudiantes, deja entrever la problemática más profunda a mi parecer.

A diferencia de Carlos Peña, la página web de la UDP, en su sección de institucionalidad, sí otorga una descripción de lo que podría ser este supuesto “quehacer”. Es interesante cómo la universidad establece explícitamente que su patrimonio y recursos están afectos a un “fin de interés público” como lo es la educación superior, y cuyo sustrato es “una comunidad universitaria que intenta, a través del trabajo intelectual, hacerse un espacio en la vida pública nacional y proyectarse internacionalmente”. Es decir, este quehacer educacional, o fin de interés público, está necesariamente determinado por la base de la educación superior que sería, nada más ni nada menos que la comunidad universitaria en su conjunto. Si tanto el rector, como las estudiantes, profesoras, académicas y funcionarias concuerdan en que las demandas que plantea el movimiento son justas y correctas, ¿no es esto a lo que debemos apuntar como comunidad? ¿No es este el verdadero quehacer universitario que tenemos que priorizar y defender en este momento?

Al tratar de contraponer los intereses de la universidad con los intereses de nuestra comunidad, se obliga a una división de estos conceptos cuando en realidad son uno solo. Y esta idea de la universidad como ente aparte de la gente que la conforma, se refuerza cuando el rector no acude a negociar con las estudiantes, sino que prefiere escribir una columna a modo de comunicado oficial de la institución para explicarles cómo está de acuerdo con todo, pero no les dará nada, ni siquiera el derecho a réplica.

El rey se queda en su castillo y a través de un pergamino clavado a la pared, le explica al pueblo como entiende su sufrimiento, pero no puede hacer nada por ellas, pues lo importante es el interés del reino. Qué fácil era y qué fácil es, a través del arte de dialogar solo, el camuflar como interés del reino la voluntad del rey y de su corte.