Fue el pasado 4 de mayo la fecha en que el gobierno ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto que busca modificar la bullada Ley de Pesca, en lo que tiene relación con las cuotas de captura, que fue una de las promesas de campaña de Sebastián Piñera luego de que el ex senador Manuel José Ossandón lo pusiera como condición para integrarse a su comando.

Sin embargo, la propuesta ha despertado una serie de críticas, entre otras cosas, debido a que –en caso de ser aprobada– los cambios tendrán efectos sobre las cuotas otorgadas a las siete familias que controlan la pesca, y que hoy están vigentes en carácter de perpetuas, recién en el año 2034.

Desde esa vereda se manifestó este lunes el senador Rabindranath Quinteros (PS), quien también es el presidente de la Comisión de Intereses Marítimos del Senado, que cuestionó: “¿Por qué perdemos el tiempo legislando a 15 ó 16 años plazo?”.

La llamada “Ley Longueira” se ha convertido en una de las normativas recientes más controvertidas, luego de que fuera promulgada en 2012 con el propósito de regular esta actividad y evitar la pesca ilegal, y con el transcurso del tiempo se conociera que la industria pesquera cometió cohecho al pagarle a parlamentarios y otros protagonistas del sector para aprobarla de acuerdo a sus intereses.

Entre los involucrados figuran nombres como Jaime Orpis (UDI), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Fulvio Rossi (PS) y Marta Isasi.

Sin embargo, anular la normativa no es una posibilidad debido a que la Constitución no lo contempla. Por eso, ante el punto más conflictivo, que es la renovación automática de las licencias de pesca cada 20 años –en términos prácticos es perpetuidad–, la alternativa que propuso el gobierno es hacer una modificación cuando se cumpla dicho período, es decir en 2033, para que desde el año siguiente deban presentarse y hacer la mejor oferta en un procedimiento público de licitación.

Lo anterior implicaría mantener los primeros 20 años ya entregados a las grandes pesqueras o las “siete familias”: Angelini, Lecaros, Yaconi –Santa Cruz, Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, quienes recién en 2034 estarían obligados a competir, si es que aún quedan recursos pesqueros suficientes.

Lo anterior no es la única razón por la que el Estado no contempla la derogación. Por otra parte, declarar la nulidad podría ser interpretado por las industrias pesqueras como una “expropiación” y podría activar una serie de demandas por indemnizaciones millonarias.

De hecho, ya existen algunos que se están anteponiendo a esa situación, como Solo Camancha –pesquera del Grupo Fernández–, quienes, según consigna CIPER, le pusieron un precio a su “derecho adquirido por ley” y valorizaron sus licencias en en US$38,5 millones.