Como ya había adelantado en la Cuenta Pública del pasado 1 de junio, este lunes el presidente Sebastián Piñera firmó el envío para tramitación en el Congreso del proyecto de ley “anti portonazos”, que tiene como objetivo endurecer las penas para los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados o de los bienes que se encuentran al interior de estos.

La iniciativa busca que se castigue con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a quien compre un auto robado, es decir, cinco a diez años y un día, más una multa de 20 UTM (poco más de $950 mil). 

Además, propone establecer como robo con intimidación cuando se rompa algún vidrio para robar bienes de dentro de los vehículos y alguna persona se encuentre en el interior, y en esos casos se aplicará la misma pena que para un portonazo, que oscila entre 5 y 20 años.

En la misma línea que sus anuncios previos en materia de seguridad, el mandatario señaló que “llegó el tiempo de poner orden en nuestra casa, ya son demasiadas las muertes, la violencia desatada, las familias y ciudadanos aterrorizados, los policías agredidos o asesinados”.

Piñera además adelantó otras iniciativas que contempla su administración y que se enfocan en el endurecimiento de sanciones y dan más atribuciones a policías, como modificaciones a la ley penal juvenil para establecer “que la reincidencia va a ser un elemento agravante y de esta forma evitar que los delitos se cometan con total impunidad”.

Finalmente, señaló que espera revivir el Plan Frontera Norte iniciado durante su anterior gobierno –para combatir el narcotráfico, contrabando de mercaderías y el ingreso de personas en la frontera de Chile y que se vio salpicado en una serie de escándalos–, y que además presentará un proyecto para sancionar conductas anti-sociales –sin especificar a qué se refieren– y otro que dará (aún) más atribuciones a policías para combatir el terrorismo.