Las dudas sobre la sentencia del caso Luchsinger Mackay

José Manuel Peralino Huinca se ubicó frente a la casa. Luis Tralcal Quidel y José Tralcal Coche atacaron la cocina. Werner Luchsinger sacó su pistola e hirió a Celestino Córdova a la altura del tórax. Los Tralcal iniciaron el fuego que terminó con la vida del anciano y de su esposa Vivian Mackay.

Estos hechos -y solo éstos- son una verdad judicial. Pero eso no quita el manto de dudas que existe sobre la decisión de los jueces Germán Varas, Rocío Pinilla y Mauricio Poblete, quienes sentenciaron a cinco años de libertad vigilada a Peralino y a presidio perpetuo a José y Luis Tralcal.

En 697 páginas, la jueza Pinilla justificó la decisión de condenar a tres de los 11 imputados en el caso Luchsinger Mackay. El documento, disponible desde el pasado lunes, entrega en detalle el relato de los testigos y peritos y el valor que le otorgó el tribunal a cada prueba presentada.

La acusación de la Fiscalía de La Araucanía, la familia Luchsinger y el Ministerio del Interior se basaba principalmente en dos declaraciones de confesión de Jose Manuel Peralino Huinca, un joven mapuche que se acogió a la figura del «delator compensado», contemplada dentro de la Ley Antiterrorista.

En el sistema penal chileno, la declaración de un co-imputado es insuficiente para lograr una condena para las personas que él delata. Otras causas judiciales en La Araucanía -también por terrorismo contra comuneros mapuche- se han caído por la insuficiencia de esas otras pruebas presentadas en juicio, que no logran destruir la presunción de inocencia que recae sobre cada ciudadano.

Por eso existe el «principio de corroboración»: Los jueces deben tomar un relato y corroborarlo con otras pruebas rendidas en el juicio oral.

¿Cómo se rompió la presunción de inocencia? Con llamados telefónicos. Según se lee en la sentencia, el hecho que José Tralcal, Luis Tralcal y José Peralino hayan tenido contactos telefónicos entre ellos -de los que se desconoce su contenido- antes de la noche del 3 de enero de 2013, es un dato lo suficientemente evidente para «generar la confianza para fraguar el hecho delictivo».

Esto, según ellos, es importante. En la sentencia se ve la construcción de un relato, un hilo argumentativo que toma las evidencias encontradas en el sitio del suceso para dar cuenta de una organización detrás del ataque, que este marcó el miedo y el temor en los vecinos del sector a que les pase lo mismo y en cómo el cuestionado relato de José Manuel Peralino resulta verosímil a la luz de las evidencias y de la prueba que terminó siendo clave: los tráficos telefónicos.

Dicen los jueces: «La dinámica del hecho determinado en la presente causa, en particular de prevalerse de armas de fuego, acelerantes de dos tipos distintos, medios de transporte para llegar al lugar de los hechos, forma y lugar de ignición del fuego, confección de panfletos y arroje de los mismos, las que dan cuenta de las complejidades de la dinámica que, sin duda, no hubiese sido posible de realizar sin una organización y acuerdo previo en el desarrollo del mismo».

Los números que no son

Iván Rubilar Acevedo, funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI), se volvió un personaje clave en esta historia. Analista de geolocalización y tráficos telefónicos, presentó dos peritajes que terminarían por determinar la condena para los Tralcal y Peralino.

Se trata el Informe Pericial N°1 y el reporte N°32, que tenían como objetivo determinar la geolocalización, entre la noche del 3 de enero y la mañana del 4 de enero de 2013, de los 11 imputados en la causa, además de analizar los tráficos telefónicos de cada uno.

El peritaje fue duramente cuestionado en este y el anterior juicio -del que fueron todos los acusados absueltos- porque el perito Rubilar utilizó su celular personal y bajó una aplicación gratuita de Google Play para efectuar el análisis. Se trata de «G-Net Track Lite», un software que permite, según su propia descripción, «monitorear mediciones de red móvil y celdas de información sin usar equipos especializados». El programa tiene una versión paga con más atribuciones que cuesta casi 10 mil pesos, pero Rubilar utilizó la gratuita.

Aplicación gratuita utilizada por Iván Rubilar para su peritaje. A la izquierda versión gratuita, a la derecha versión paga

Según la Fiscalía, el peritaje permitió concluir que José Tralcal, Luis Tralcal, José Peralino y la machi Francisca Linconao se reunieron en la casa de la última para orquestar el ataque a la granja Lumahue. Esto porque la geolocalización -definida por Rubilar como «posicionar un dispositivo electrónico en un punto o área determinada»- los ubica a todos en la celda «NIAGF9A», donde está también la casa de la machi.

Pero según el relato del propio Rubilar en juicio, su peritaje no prueba que estaban en el mismo lugar, sino que hicieron llamados cubiertos por la misma antena en las horas previas al ataque incendiario. Esto es clave, pues los jueces dicen que como la reunión en casa de la machi no resultó comprobada, ella no se sumó a la lista de condenados. Lo que sí valoraron del testimonio de Rubilar presentado en estrado fue una parte muy pequeña: las evidencias de llamadas entre José Tralcal, Luis Tralcal, José Peralino y Celestino Córdova antes y después del hecho.

El desglose es así: Más de 100 intercambios telefónicos entre José Tralcal Coche y José Peralino Huinca -incluido uno del 3 de enero a las 18 horas- y más de 10 entre Luis Tralcal Quidel y Celestino Córdova.

Vale aclarar que en el juicio no se presentaron pruebas de intervención telefónica, por lo que nadie -salvo los protagonistas- sabe del contenido de esas conversaciones, lo que de por sí levanta la duda de si dicha prueba es suficiente para acreditar que en esas llamadas se orquestó un atentado terrorista.

Pero las dudas sobre cómo los jueces valoraron esta prueba van mucho más allá y apuntan a los teléfonos periciados, los que no corresponderían al de los condenados.

Aquí adquiere relevancia la Brigada de Inteligencia Policial de La Araucanía (BIPE), específicamente los oficiales Reinaldo Villegas, Claudio Leiro y Guillermo Vilches. Los tres son los protagonistas ocultos de esta trama: Ellos llegaron a Peralino para obtener el testimonio delator, declararon en juicio como «testigos de oídas» del mismo Peralino y ellos son los denunciados, por el mismo comunero mapuche, de torturarlo y amenazarlo para culpar a los otros 10 que fueron imputados, cuestión que es motivo de una investigación abierta.

La PDI estuvo a cargo de la investigación del caso Luchsinger desde un comienzo / Agencia Uno

Villegas, cabeza de la Inteligencia de PDI en Temuco y primer jefe de la investigación Luchsinger Mackay, entregó un archivo Excel a Iván Rubilar con seis números telefónicos teléfonos a periciar en noviembre de 2015: Uno de José Tralcal Coche, uno de Luis Tralcal Quidel, uno de Francisca Linconao Huircapán y tres de José Peralino Huinca. Esa lista no se ingresó como prueba y solo se refirieron a ella los hombres de la PDI.

Rubilar, según su propio testimonio, recibió en realidad nueve números telefónicos de Peralino, provenientes de los registros de la BIPE. Seis se descartaron debido a que no tenían tráfico durante la fecha periciada, es decir, el 3 y 4 de enero de 2013. Los que quedaron -y fueron periciados- terminan en 5818, 7661 y 2717.

Aquí lo clave: La carpeta judicial del caso Luchsinger Mackay incluye otras evidencias que contradicen que dichos números pertenezcan a Peralino. Se trata del oficio N° 1499 de 2016, de la empresa Movistar y dirigido directamente al fiscal Alberto Chiffelle, que dice que los equipos pertenecen en realidad a Sergio Peralino Huinca, José Calialo Peralino y José Cayunao Peralino.

Escarbando en la carpeta se puede encontrar más información: Peralino llegó a las miras de la BIPE tras una interceptación telefónica de una conversación donde él habla de «botar una antena» por orden de la machi Francisca Linconao. El registro data de 2013 y el teléfono intervenido termina en 7929, lo que no coincide con ninguno de los periciados por Rubilar.

Y falta todavía otro número. Los oficiales Villegas y Vilches declararon que, después del primer encuentro con Peralino, intercambiaron teléfonos. Dicen que lo contactaron a un número terminado en 9925, el que tampoco aparece periciado por Rubilar.

Es decir, la BIPE de Temuco tuvo 11 números asociados a Peralino. Dos de ellos, pese a que ellos mismos comprobaron que correspondían al joven comunero, no fueron periciados por Rubilar, quién tomó los mismos números que Movistar dice que no son de Jose Manuel Peralino Huinca. Y son estos números con los que se comunica José Tralcal Coche el día del atentado, dato clave en la prueba de la participación de ambos en el ataque.

Delator compensado José Peralino Huinca / Agencia Uno

La misma situación se repite con Luis Tralcal Quidel. Iván Rubilar dice que se comunicó más de diez veces con Celestino Córdova -de quien no aparecen números asociados en ninguna prueba- a través de un teléfono terminado en 2384.

En el oficio reservado 960 de 2014, parte de la investigación, la jueza Glora Fernández, del Juzgado de Garantía de Temuco, autorizó la interceptación de teléfonos de 9 personas, entonces sospechosas de estar involucradas en la muerte de los Luchsinger. El documento asocia el mismo número que Rubilar perició como si fuese de Luis Tralcal a Lisset Melillán, su pareja. Tralcal, en tanto, aparece con otro número, terminado en 0327.

La confusión de números telefónicos fue constantemente alegada por las defensas en el juicio. Tanto, que los jueces quisieron hacerse cargo en la sentencia. Citan la declaración del PDI Guillermo Vilches, quien dijo que el teléfono de Peralino se comprobó que era de él «cuando se comunicó con Jocelyn Llanca en los antecedentes proporcionados por la BIPE de Angol», en referencia a la ya mencionada interceptación. No dicen que ese número en realidad no fue periciado por Rubilar.

Así defendieron los jueces las críticas a la lista de teléfonos que proporcionó la BIPE: «No es posible asignar a la planilla tantas veces cuestionada por la defensa la carencia de rigurosidad, en tanto la información allí contenida constituye información recopilada por una institución pública, vía verificación de quienes figuraban como sus usuarios, lo que se efectuó a través de la interceptación de los mismos, diligencia que además formalmente fue autorizada debidamente por un juez y que en el caso de José Tralcal Coche, encuentra correlato además, en información derivada de la compañía de teléfono Movistar».

Lo llamativo es que el ejercicio de corroboración usado con Tralcal Coche no se aplicó ni para Peralino ni para Tralcal Quidel. Del primero, la misma Movistar dice que los teléfonos periciados no son suyos. Y del segundo, la interceptación citada -debidamente autorizada- fue para un número distinto.

Los jueces optaron por creerle a la PDI.

Lisette Melillan y Luis Tralcal, junto a su hija

La mentira de Peralino

En el año 2012, la BIPE de Angol se encontraba investigando el asesinato del cabo de carabineros Hugo Albornoz, causa por la que fue procesado -y absuelto- en dos oportunidades Daniel Melinao.

De esa investigación, según afirmó Reinaldo Villegas, dieron con una conversación entre un tal José Peralino y su novia, Jocelyn Llanca, de fecha del 21 de mayo de 2013. «Decía que por orden de la machi Francisca Linconao iban a botar una antena que estaba en la cima del cerro Rahue, ya que le molestaba, y que cometerían esa acción», dijo Villegas en juicio.

Esta interceptación fue el inicio del vínculo de José Manuel Peralino Huinca, el delator compensado, con el caso Luchsinger Mackay.

Villegas, junto al comisario Guillermo Vilches, citaron a José Peralino al cuartel de la PDI el 8 de noviembre de 2013. Ahí se dio la primera de las tres declaraciones del comunero, en la que entregó antecedentes del ataque a los Luchsinger. Por más de una hora, declaró ante el fiscal Luis Arroyo, conversación de la que no se conoce registro salvo las palabras de los mismos Villegas y Vilches, testigos de oídas.

El contacto, según los policías, se retomaría dos años después, en la segunda declaración, donde terminó de dar forma a la acusación que imputó a 11 personas por el crimen.

La tercera declaración de Peralino no fue reconocida por los jueces. Esta la entregó el 31 de marzo de 2016, en el control de detención, donde dijo que Villegas, Vilches y Leiro lo hostigaron, lo persiguieron, le sacaron fotos y amenazaron a él y a su familia si es que no prestaba el testimonio que inculpaba a los otros 10 comuneros mapuche.

Este medio pudo corroborar que la Fiscalía inició una investigación en contra de Peralino por los hechos que describe en la interceptación telefónica, el de botar una antena por orden de la machi. Dicha carpeta no solo contiene las conversaciones telefónicas del joven, sino también fotografías de él en la plaza de Collipulli

Estas fotografías confirman en parte la denuncia de José Peralino del 31 de marzo de 2016, en su tercera declaración. Ahí dijo que la PDI lo seguía y que incluso le mostraron fotos suyas para amenazarlo.

La causa iniciada contra Peralino se encuentra cerrada. Un oficio, firmado por Reinaldo Villegas y dice lo siguiente: «A juicio de este investigador (…) los dichos de Peralino Huinca respecto de botar la antena ubicada en la cima del cerro Rahue, carecen de veracidad, tratándose sólo de una conversación en la que trata de impresionar a su pareja Jocelyn Llanca, no ameritando continuar su investigación».

Es decir, existen antecedentes de que Peralino mintió sobre un presunto delito, información que era desconocida para los abogados defensores durante todo juicio oral y que será clave en el recurso de nulidad que se prepara ante la Corte Suprema.