Con dolor e indignación asistimos una vez más a la inoperancia del Estado de Chile para proteger a las mujeres de los agresores femicidas. Venintiséis mujeres asesinadas a la fecha. Ventiséis mujeres que experimentaron una historia de violencia, de sometimiento continuo por parte de los agresores femicidas que terminaron asesinándolas.

¿Hemos avanzado en prevención, detección y protección frente a la violencia de género que afecta a las mujeres? El Chile de las adolescentes y jóvenes movilizadas no es el mismo de nuestras madres y abuelas. Hay un sentido común de que la violencia contra las mujeres es inaceptable y condenable social y judicialmente. Sin embargo, al ser un problema de raigambre cultural, sigue existiendo. Las bases de las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres que existen como correlato de la división sexual del trabajo, siguen perpetuándo los procesos de socialización en aulas, familias, medios de comunicación y toda la institucionalidad pública.

Sería injusto decir que después de 27 años de contar con una arquitectura institucional que visibiliza y actuó sobre la violencia doméstica, el Estado no ha avanzado en algo. Pero una de sus grandes falencias fue no abrirse con rapidez a los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres y a la demanda sistemática de las organizaciones de mujeres y feministas. La violencia de género contra las mujeres no sólo se expresa en la casa, en las relaciones de intimidad con un cónyuge. También se expresa en distintos contextos y de diversas formas, por ello se insiste en erradicar el sexismo de la educación como una acción fundamental en el marco de la prevención de esta violencia.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, ha dicho que “con total responsabilidad (…) nosotros, como país, no tenemos una política robusta para enfrentar la violencia contra las mujeres”. Por primera vez escuchamos a una autoridad decir esto. Algo que las organizaciones de mujeres y feministas decimos hace décadas. Sin embargo, las acciones que se desprenden del discurso de la ministra nos hacen dudar si es que ella también comprende realmente el problema que nos afecta a las mujeres.

Desde el 2016 contamos con una nueva institucionalidad en materia de avances en derechos de las mujeres. El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género cuenta para su actuación en materia de igualdad y equidad de género con un Plan Nacional de Igualdad entre mujeres y hombres. Durante gran parte del 2017, la administración anterior llevó a cabo, a través de un proceso participativo con mujeres de todo Chile, el levantamiento de este plan, que identificó las principales desigualdades que afectan a las mujeres y la priorización de estas problemáticas para la actuación del Estado. En el mes de abril, el Observatorio de Género y Equidad sostuvo una reunión por lobby con la ministra Plá y algunas jefaturas estratégicas del Ministerio. En esa oportunidad se nos indicó que el Plan estaba en revisión (revisión sin participación de las mujeres). Hasta el día de hoy no tenemos Plan y el Estado por suerte sigue operando -en algunas problemáticas- por inercia, pero sin el mandato concreto de un Plan Nacional.

Una de las primeras acciones llevadas a cabo por la administración del presidente Piñera fue un importante ajuste presupuestario a todos los servicios y ministerios. Los programas de prevención y atención en violencia contra las mujeres tuvieron una rebaja presupuestaria muy importante. Menor por cierto a la rebaja presupuestaria que afectó el ajuste que Hacienda solicitó a la administración del gobierno de Bachelet que redujo en más de 600 millones de pesos el programa de prevención. Es importante indicar el costo que ello podría haber significado en la ejecución y el buen desarrollo de este programa: al menos 30 comunas del país podrían haber quedado sin programa.

La reducción presupuestaria del gobierno de Piñera también redujo los montos para generar información pública sobre el fenómeno de la violencia de género contra las mujeres. Desde el 2017, el ministerio cuenta con un banco de datos que permite entregar información que en general es de difícil acceso. Un sistema de indicadores en violencia contra las mujeres con fuentes confiables y que cuenta con un sistema de procesamiento de datos de alto nivel, cuyo diseño y desarrollo contó con el apoyo de CELADE-CEPAL. Esta herramienta nunca ha sido puesta en común para el público que se creó: ciudadanas y ciudadanos, investigadores, tomadores de decisión en el Estado. El presupuesto para actualizar este sistema fue reducido a cero.

Ambas reducciones podrían afectar fuertemente el cumplimiento eficiente y eficaz del Plan Nacional de Violencia contra las mujeres.

La insistencia del gobierno actual en poner en discusión dos proyectos de ley sobre violencia contra las mujeres también es un error. Chile requiere de una política de Estado que reconozca el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia en todos los contextos y en todas sus manifestaciones. Existe un proyecto de ley al respecto y está en el Congreso y, al menos en su ingreso, contaba con presupuesto. Sin duda debía ser fortalecido en algunos aspectos como lo indicaron majaderamente las organizaciones de mujeres y feministas.

Es hora que el Estado de Chile entienda que esta problemática es de vida o muerte. El Estado debe tomar una decisión urgente: o está para fortalecer los contextos de complicidad con el patriarcado o está por romper con ellos y sumarse a la vereda de quienes gritamos en las calles, y ponemos en común en nuestras investigaciones, en los recreos y jornadas reflexivas en los colegios, liceos y universidades, lo que dice cada pancarta y lienzo en cada toma: Ni una menos. Quienes toman decisiones en el Estado deberían comprender la urgencia en su acción, entender que esta problemática no es igual a otros problemas públicos, que los presupuestos para el tratamiento de la violencia siempre son insuficientes: por ende, debiesen ser intocables a un ajuste presupuestario. La sociedad chilena necesita a un Estado fuerte y que enfrente la violencia contra las mujeres ahora, no mañana.


Socióloga feminista