Reconocer el femicidio y hacernos cargo

Nelly, Soraya, Gertrudis, Carolina, Gabriela, Dayanara y Elena no son nombres al azar. Son mujeres distintas, probablemente nunca se cruzaron ni conocieron, no vivían en la misma ciudad, sus vidas e historias eran muy distintas, tenían diferentes edades…Sin embargo, hoy las une la misma injusticia: todas fueron asesinas por el hecho de ser mujeres. Porque alguien se cruzó en sus vidas, y sin ningún reparo, decidió por ellas.

Para nuestra cultura, el asesinato de mujeres en estas circunstancias no se encuentra contemplado integralmente en nuestro código penal y solo ocurre en contexto de violencia intrafamiliar. Considerando la Convención de Belém do Pará, convención a la cuál Chile adhirió en junio del año 1994, un Femicidio es:  “La muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal;  en la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea tolerada o perpetrada por el estado o sus agentes, por acción  u omisión”.

En este contexto, en Chile y durante el año 2017, las cifras corresponden a 65 femicidios y 1 suicidio femicida. Este año, a la fecha, podemos lamentar 28 muertes en estas circunstancias, y dentro de ellas, 2 pequeñas que comenzaban a vivir y que antes de ser asesinadas, fueron cruelmente violentadas física y sexualmente.

No podemos continuar de espectadores frente al hecho de que ante estos crímenes los esfuerzos del estado en implementar medidas tanto de prevención como de actuación y reparación resulten tan insuficientes y no representen una prioridad a nivel país. De la misma forma, y aún más complejo, resulta el escenario para aquellos que sufren violencia en el contexto de relaciones informales de pareja, los cuales representan el sector más vulnerable al no existir ley que contemple dicho delito, no existir la posibilidad de emitir la denuncia respectiva ni aquellas medidas cautelares que pudiesen proteger, en estos casos, la vida. De la misma forma, nuestro sistema judicial, nuestros fiscales, nuestros jueces, nuestros policías, nuestras leyes, están hoy amparando a los agresores y no protegiendo a las víctimas.

Como comunidad, como amigos, compañeros, vecinos, familiares, cercanos, no hemos podido estar a la altura de este problema que tanto daño y muertes provoca a diario, no hemos sido partícipes de forma categórica en denunciar, censurar y prohibir las diversas manifestaciones de violencia que vemos de forma habitual y reiterada.

La invitación es a hacernos parte activamente, a informarnos de forma responsable, a ser capaces de evidenciar estas deficiencias y exigir cambios, exigir instituciones con las capacidades técnicas adecuadas para investigar, para acoger eficientemente las denuncias y permitir una respuesta coordinada para que quienes están siendo agredidos se sientan protegidos. También a sumarnos a las iniciativas que nos permiten avanzar, a trabajar para transformar las promesas que se han hecho en tratados internacionales en una realidad concreta y construir juntos un país libre de violencia de género.

La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos, y ante esta atrocidad debemos tomar una posición. La indiferencia ayuda siempre al agresor y nunca a la víctima.

Todos podemos ser parte de la solución.